La Portada | Emilio Zebadúa acusa a 11 altos funcionarios

Para la construcción del entonces Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Rosario Robles Berlanga, desvió al menos 400 millones de pesos a supuestos propietarios de terrenos de la zona en la que se edificaría la obra. Los recursos fueron autorizados por el presidente Enrique Peña Nieto, a través del entonces secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya.

No fue la única operación. Algo similar ocurrió en otros estados del país, particularmente Baja California Sur, Quintana Roo y el estado de México, lugares en los que funcionarios federales y organizaciones supuestamente propietarias de bienes “valiosos” intervenían en litigios y presionaban para obtener beneficios para el círculo cercano del expresidente priista, en acciones que eran autorizadas desde el entonces gabinete presidencial.

Estas son parte de las revelaciones que ofrece Emilio Zebadúa González, exoficial mayor en la Secretaría de Desarrollo Social y la Sedatu, hombre muy cercano a Rosario Robles; y hoy testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, quien a cambio de que se le otorgue el criterio de oportunidad que lo exonere de las acusaciones en su contra o disminuya su responsabilidad como artífice del desfalco millonario a dichas dependencias, ha revelado una trama de probable corrupción, hasta ahora desconocida, en torno al proyecto del NAICM.

Su declaración, a la que tuvo acceso ejecentral, se convierte en la primera que rinde un exfuncionario que involucra gran parte del andamiaje institucional en posibles operaciones de corrupción. Acusa al expresidente Enrique Peña Nieto, a cinco exsecretarios de Estado, a seis extitulares de dependencias y exsubsecretarios, como personajes que conocían de la trama ilegal.

Zebadúa González evidencia, además, las operaciones que asegura, desde el gabinete presidencial, se hicieron para obtener beneficios a favor de personas cercanas al expresidente Peña Nieto, bajo un esquema en el que recursos públicos fueron desviados sistemáticamente, sostiene, desde el inició de la anterior administración para fines políticoelectorales.

❝Todas las actuaciones y decisiones se tomaban a nivel del gabinete presidencial y con la gente de confianza del presidente Enrique Peña Nieto, nunca participé, determiné, ni opiné sobre las estrategias o planeación de estas, ya que la secretaria Rosario Robles Berlanga instruía a sus subordinados para que actuaran de esa forma❞, relata Emilio Zebadúa en la declaración ministerial que el pasado 9 de octubre presentó ante la Fiscalía General de la República, y a la que ejecentral tuvo acceso.

›Se trata del primer testimonio de quien a lo largo del sexenio pasado fue prácticamente la mano derecha de la exsecretaria Rosario Robles, en el que acusa la participación de la Presidencia de la República y al menos ocho dependencias gubernamentales, incluyendo las secretarías que dirigió su exjefa, quien desde el 13 de agosto de 2019 está recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público, para cometer actos de corrupción para el desvío de recursos, no sólo mediante empresas factureras sino también propietarios fantasma de terrenos para beneficiar a personas cercanas al expresidente.

1,267 millones de pesos es la estimación que Zebadúa González informó a la FGR del desvío en Sedesol y Sedatu para fines electorales.

Testimonio clave

Emilio Zebadúa, bajo investigación de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha sido acusado formalmente del lavado de dinero y otros delitos que lo apuntan como uno de los principales artífices de la llamada “Estafa Maestra”.

El exfuncionario, al igual que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ofreció detalles con nombres y acciones de las presuntas operaciones irregulares que involucraron la participación de al menos una decena de altos funcionarios, empezando por el expresidente Peña Nieto, y los entonces titulares de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Comunicaciones y Transportes, Conagua, y Semarnat, entre otras.

Las declaraciones que Zebadúa González rindió a la institución encabezada por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ya rindieron los primeros frutos. Con las declaraciones de al menos cuatro exfuncionarios más de la Sedatu, y las pesquisas que la UIF mantiene abiertas en contra de la extitular de la Sedesol y la Sedatu, la FGR obtuvo una nueva orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de la exfuncionaria, y en contra de Simón Pedro de León Mojarro, quien fungió como su coordinador de Delegaciones en la Sedesol, como lo informó ejecentral el 6 de noviembre.

Aunque desde entonces se dio a conocer que la existencia de la orden, obtenida a solicitud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR,

los abogados de Robles Berlanga aseguran que a la fecha no ha sido notificada formalmente.

En cuanto a la acusación que enfrenta desde el año pasado, el próximo 8 de diciembre se lleve a cabo la audiencia intermedia, luego de que el juez de control Ganter Villar Ceballos determinó que la anulación de la causa penal que solicitó la defensa de la exfuncionaria no era procedente, ante lo cual sus abogados solicitaron un plazo de poco más de un mes para analizar los peritajes con los que pretenden que el juez desestime el proceso en contra de su clienta y pueda obtener su libertad.

Sin embargo, la imputación que ahora le finca la FGR por su probable participación en el delito de delincuencia organizada, frenaría las posibilidades de Rosario Robles por obtener su libertad, porque se trata de un ilícito que amerita la medida de prisión preventiva oficiosa.

400 Millones en 200 cheques

Tras haber detallado su versión de cómo y quiénes habrían sido los responsables del desvío millonario conocido como la ‘Estafa Maestra’, Emilio Zebadúa González denunció ante la FGR que desde diversas dependencias, encabezadas por la Presidencia de la República, incluyendo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, y la propia Sedatu, entre otras, se operó un esquema para la adquisición o pago de terrenos para la construcción del entonces Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el lago de Texcoco.

Sumándose a la lista de delatores sobre las presuntas irregularidades cometidas en el sexenio anterior, y aplicando el ‘modus operandi’

del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, Zebadúa González informó a la Fiscalía que, al menos 400 millones de pesos, en alrededor de 200 cheques que iban en denominaciones desde los 300 mil pesos hasta los 10 millones de pesos aproximadamente, fueron entregados a personas que no comprobaron títulos de propiedad que los avalará como dueños o posesionarios de terrenos aledaños al que fue uno de los principales proyectos del gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la declaración de Emilio Zebadúa, este esquema implicó que los recursos “no presupuestados” para el proyecto del AICM fueran entregados a los supuestos propietarios de las zonas de Atenco y los terrenos conocidos como los Tlateles, así como del Frente Autentico del Campo cercanos a las obras del aeropuerto.

La autorización de la transferencia de esa suma de dinero a personas, que, según el declarante, en ningún momento se acreditaron como posesionarios o propietarios de un terreno de 568 hectáreas, que en concretó implicaría la reubicación de 256 hectáreas para los supuestos propietarios de los Tlateles, y la compensación por la superficie de 322 hectáreas, se derivó de “un acuerdo entre el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya”.

›Los recursos, según Zebadúa, fueron entregados a través de pagos que variaron en montos por persona, que iban desde los 300 mil pesos y hasta los 10 millones de pesos bajo el concepto de “ayuda social”, en el marco de la transferencia que previamente habría realizado la Secretaría de Hacienda, al programa “P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial”, el cual estaba a cargo del entonces subsecretario Enrique González Tiburcio.

Sobre el exfuncionario de la Sedatu, este miércoles se dio a conocer que el juez primer de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México federal le concedió la suspensión definitiva, con lo cual frenó por ahora la orden de comparecencia prevista para este 18 de noviembre, en la que la FGR pretendía que se le formulara la imputación al subsecretario de Ordenamiento Territorial por su presunta responsabilidad en la llamada ‘Estafa Maestra’.

“Dichos cheques fueron entregados sin que hubiese incluso contraprestación u obligación de los legítimos beneficiarios a favor del Gobierno o del NACIM. Los terrenos referidos no cambiaron de estatus jurídico, puesto que estos no eran de la propiedad, posesión u ocupación de los supuestos beneficiarios. Incluso en el convenio de referencia en su cláusula segunda, se establece que la ‘ayuda social’ se otorga a cambio de la no ocupación de los predios”, señaló Zebadúa en su declaración.

La transferencia de recursos y la entrega de los mismos se realizó a través de la Sedatu, a cargo de Rosario Robles y con Zebadúa como su Oficial Mayor, no obstante que las áreas jurídicas y agrarias de la dependencia no pudieron comprobar que los representantes de los Talteles y del Frente Autentico del Campo se acreditaran “ni legal ni materialmente su posesión o propiedad sobre dos terrenos”.

Aunado a ello, detalló el también diputado federal, la Secretaría a cargo de Robles Berlanga no estaba facultada para realizar la revisión y pago de los predios que se adquieran con motivo de la construcción del aeropuerto, y sólo le correspondía, según su reglamento interno, la verificación del cumplimiento de los derechos ejidales o de posesión que debían acreditar los titulares de lotes o parcelas a adquirir para el NAICM.

“Es decir, se pagó a cambio de nada, con recursos no presupuestados, de un programa que no tenía objeto, por una secretaría (Sedatu) que no tenía dicha facultad responsabilidad y con base en una minuta sin fundamento legal”, acusó Zebadúa González.

Tuve conocimiento de los siguientes hechos, que podrían constituir algún ilícito vinculado con el indebido pago de terrenos aledaños al denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”. Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu.

La gran lista

En este “mecanismo de adquisición”, el exfuncionario aseveró que participaron funcionarios de diversas dependencias, entre los cuales mencionó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que en coordinación con los titulares de la Secretaría de Gobernación, que entonces encabezada el ahora coordinador del PRI en el Senado Miguel Ángel Osorio Chong, y quien en el último año fue sustituido por Alfonso Navarrete Prida; así como Rosario Robles, fueron quienes habrían establecido dicho esquema para apropiarse o pagar los terrenos aledaños que sirviesen de contención a las obras.

Zebadúa señaló que el entonces subsecretario de la Segob, René Juárez Cisneros, actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, era el encargado de realizar las negociaciones con los supuestos propietarios, ejidatarios y posesionarios de la zona de Atenco y los Tlateles. En este proceso también “coadyuvaban” la Comisión Nacional del Agua, y las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y la

del Medio Ambiente.

Derivado de la minuta a la que hace referencia, con fecha del 20 de mayo de 2017, en la declaración ministerial se sostiene que, en el marco de la “mesa de concertación” para comprar dichos terrenos, el subsecretario de la Sedatu, González Tiburcio, el entonces subsecretario, Rene Juárez, y el titular de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, acordaron con el representante de los pobladores de los Tlateles, Juan Loreto González para la reubicación de las 568 hectáreas en conflicto.

Poco más de un año después de dicha minuta, y pese a que el jurídico de la Sedatu comprobó, según Zebadúa “indiscutiblemente que ni había posesionarios ni había propietarios”, el 7 de junio de 2018, los funcionarios que integraron la mesa de concertación solicitaron por escrito a la entonces titular de la Sedatu, por parte de la Secretaría de Gobernación, ya bajo el mando de Navarrete Prida, “que se le entregaran a los peticionarios del Frente Auténtico del Campo 400 millones de pesos”, a partir del acuerdo firmado desde el 30 de mayo de 2017, el cual fue suscrito por los mismos funcionarios que habían encabezado la minuta en mayo de ese año.

“Ese mismo día, 7 de junio de 2018, la secretaria María del Rosario Robles Berlanga, de forma escrita y por demás ilícita y sin fundamento jurídico, le instruye al subsecretario Enrique González Tiburcio, atender la solicitud de la Secretaría de gobernación, y realizar los tramites necesarios para contar con el financiamiento 400 millones de pesos, para otorgárselo a los presuntos posesionarios de Tlateles”, sostiene en su declaración.

›Seis días después de que se giró la instrucción de la entonces secretaria Rosario Robles, el representante de los propietarios de Los Tlateles, Juan Loreto González, declaró que de acuerdo con un decreto emitido por el estado de México, los predios de los que presuntamente fueron despojados serían destinados para las obras hidráulicas del NAICM, para evitar que la infraestructura se hundiera.

Finalmente, señala el testimonio de Zebadúa, el 14 de junio de 2018, el subsecretario Enrique González firmó el “Convenio de Concertación” con el líder Juan Loreto González, 190 personas más, señalados como beneficiarios del predio conocido como Tlateles el Moño o el Parque Ecológico Gerardo Cruickshank.

Sobre dicho predio, en marzo del año pasado la actual administración informó que buscaría retomar el proyecto del Lago Texcoco del ingeniero Cruickshank, para establecer la regeneración vegetal de la zona a fin de evitar que los torbellinos de polvo lleguen a la ciudad de México. Con lo cual dichos terrenos, a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador serán “para uso público, ecológico, deportivo, en general”.

Es muy bueno (el criterio de oportunidad) porque los mexicanos estamos conociendo cómo se llevaban a cabo estos actos de corrupción; cómo, en el más alto nivel del gobierno, proliferaba la corrupción, imperaba la corrupción; al ventilarse, lo más importante es que se logre la no repetición, porque antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad”. Andrés Manuel López Obrador, en conferencia del 13 de noviembre.

Operaciones turbias

A través de un esquema similar que involucra la probable invasión y adjudicación de terrenos nacionales, considerados “valiosos” para beneficio de personas cercanas al expresidente Peña Nieto, Emilio Zebadúa confesó ante la FGR de otros “hechos que pudieran ser constitutivos de delito”.

A través de la operación, de nueva cuenta con el señalamiento al exsubsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, así como del entonces director general del Registro Agrario Nacional, Froylán Hernández Lara, quien tomó posesión de dicho cargo en octubre de 2015, y que a la fecha no ha sido señalado como parte de las indagatorias en el desvío de recursos, habrían participado “reiteradamente” en la “intervención discrecional en conflictos relacionados con invasiones o litigios de terrenos nacionales”.

Zebadúa González aseguró que a través de las áreas que dichos funcionarios encabezaban, el gobierno anterior habría logrado “regularizar” bienes nacionales considerados como “valiosos de grandes superficies”, particularmente en los estados de Baja California Sur y Quintana Roo.

Sin especificar la cantidad y ubicación de los terrenos que finalmente habrían sido invadidos en favor del gobierno, el exfuncionario aseguró que la apropiación de estos recaía en favor de integrantes de la fundación Isidro Fabela del estado de México, supuestamente liderada por Arturo Peña, tío del expresidente Enrique Peña Nieto.

La operación para “regularizarlos”, refiere el exfuncionario en su escrito, es que integrantes de dicha organización actuaban en representación de posesionarios o invasores, promoviendo la expedición de títulos o la cancelación de estos, de acuerdo con los intereses en particular que se tuviera sobre los respectivos terrenos, a través de sus subordinados “los cuales recibían ordenes y manipulaban los procesos según fuera su conveniencia”.

Un fraude a modo

En su carácter de Oficial Mayor en la Sedesol y la Sedatu, Emilio Zebadúa tenía entre sus principales funciones la administración de los bienes materiales, así como el manejo de los recursos financieros y humanos de ambas dependencias, algo que en su declaración, con la que busca conseguir el criterio de oportunidad, el exfuncionario omitió reconocer.

Pues en relación al entramado del sistemático desvío de recursos que se orquestó desde al menos una docena de dependencias, entre las cuales mencionó en su escrito a la Sagarpa, la secretaría de Economía, de Comunicación y Transportes, el ISSSTE y Pemex, entre otras, reconoció que tuvieron la finalidad de realizar “promoción publicitaria y político-electoral del presidente (Peña Nieto), su gobierno y su partido político (el PRI)”, el exfuncionario señala a parte de los funcionarios que, al menos en la Sedesol y Sedatu, acreditaron los contratos que formaron parte de la llamada ‘Estafa Maestra’.

Particularmente sobre la entonces Cruzada Contra el Hambre, una estrategia que en el gobierno peñista pretendió supuestamente abatir los índices de pobreza en el país, habría sido la punta de lanza desde la cual se concretó el desvío de “recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social” para actos proselitistas y compra de votos en “municipios estratégicos” en todo el país.

A través de un mecanismo en el que los entonces secretarios de estado, Luis Videgaray Caso, al frente de la SHCP; y Rosario Robles, tanto en la Sedesol como en la Sedatu, habrían dispuesto de mil millones de “recursos no presupuestados” que se destinaron para eventos publicitarios, campañas de medios, volanteo y otras actividades políticas.

Sin reconocer que estuviera presente en las reuniones donde se concretaba la triangulación de los recursos para solventar, tal y como de manera coincidente lo hizo Emilio Lozoya en su denuncia ante la FGR, Zebadúa González aseguró que el desvío de recursos fue dirigido al pago de “deudas y compromisos de la campaña electoral presidencial” que el exsecretario Videgaray había coordinado para el presidente Enrique Peña Nieto. Y como si se tratara de una ‘política de estado’ no declarada, la mayoría de los convenios para materializar el desfalco en las dependencias de gobierno, finalmente fueron utilizados por las áreas de Comunicación Social y la Oficina de la Sedatu para la realización de “campañas de promoción” en favor de su entonces titular, Rosario Robles Berlanga; del presidente Enrique Peña Nieto; así como del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien se pretendía impulsar como el candidato presidencial del PRI en 2018.

“Se estima que se desviaron para estos fines, tanto de Sedesol, como de Sedatu, la cantidad aproximada de mil 267 millones de pesos”, sostiene Zebadúa.

›Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el hecho de que el exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu decida apegarse al criterio de oportunidad resulta favorable parta ampliar la información sobre personas, “sobre todo de alto rango”, para que las autoridades investiguen con los elementos suficientes, debe también implicar la reparación del daño y la recuperación del dinero.

“Yo tengo entendido que esa investigación (sobre la Estafa Maestra) está bien hecha, que ya hay bastantes elementos. No sé qué aportaría adicional, todo lo que se aporte para recuperar el dinero que es público pues es bueno”, sostuvo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera del pasado 4 de noviembre.