La Portada | Elecciones bajo riesgo

Instantes después de dejar a su hijo en el colegio, Wilman Monje Morales, exalcalde de Gutiérrez Zamora, Veracruz (2018-2021), fue asesinado a balazos.

El crimen ocurrió la mañana del pasado 11 de octubre y despertó inquietudes no sólo por las aspiraciones políticas del exalcalde de contender nuevamente en el proceso de 2025, sino también por la sospecha de un posible obstáculo para esclarecer su asesinato.

Desde el gobierno de Cuitláhuac García se señaló, entre las hipótesis del crimen, la posible participación de la policía municipal de Tecolu-
tla, colindante con Gutiérrez Zamora, a la que el propio mandatario acusó de desatar “una campañita” de desprestigio contra las fuerzas estatales y federales, lo que ha impedido el avance en las pesquisas.

Este caso no es aislado. En el contexto de la violencia político-electoral previa a las elecciones de 2024, las más grandes en la historia reciente del país debido a los más de 21 mil cargos en juego, el nivel de riesgo de los actores involucrados y la falta de investigación sobre el posible involucramiento de las propias autoridades y otros actores políticos en estos hechos de violencia han encendido las alarmas del gobierno y las autoridades electorales.

Con el inicio del periodo de precampañas a casi un mes de finalizar el año, en el país se contabilizan más de 400 incidentes vinculados a la violencia criminal-electoral, que incluyen asesinatos, ataques, amenazas, secuestros y desapariciones de actores clave en el contexto electoral, más allá de los aspirantes, precandidatos y candidatos.

Al menos 297, de los 464 hechos violentos registrados en los primeros 10 meses del año en la base de datos de Votar Entre Balas, un proyecto de la organización Data Cívica e investigadoras del Programa para el Estudio de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), fueron asesinatos de funcionarios, exfuncionarios y otros actores políticos, incluyendo a sus familiares.

Estos casi 300 asesinatos en el contexto de violencia electoral representan un aumento del 8.3% respecto a 274 víctimas contabilizadas en todo 2022. Por lo tanto, los especialistas consultados por ejecentral advierten sobre la agudización de este clima de violencia política, no sólo por el elevado número de asesinatos, sino también por el aumento en otros tipos de delitos que elevan el nivel de riesgo y preocupación en el actual proceso electoral.

Entre víctimas y victimarios

En un video que difundió en redes sociales, Jesús González Ríos, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Copala, Guerrero, denunció amenazas en su contra, responsabilizando directamente a Guadalupe García Villalba, alcaldesa del mismo municipio.

Casi dos meses después de acusar públicamente a la funcionaria perredista de amedrentarlo para “sacarlo” de la política y evitar que participara en las elecciones del próximo año, Jesús fue secuestrado, asesinado y su cuerpo fue hallado el pasado 28 de junio.

En un breve comunicado, el PVEM condenó el crimen y exigió a las autoridades investigar la denuncia de su coordinador; señalamientos que la alcaldesa rechazó categóricamente. Cinco meses han pasado del crimen y no se ha dado a conocer la detención de algún involucrado, ni los autores intelectuales ni los materiales.

Para Asael Nuche González, consultor y analista político, el involucramiento de actores políticos o de las autoridades responsables de investigar y esclarecer este tipo de crímenes en medio del contexto electoral es uno de los factores de riesgo que más enrarecen el clima preelectoral previo a la definición de las candidaturas, y en general de todo el proceso electoral.

“La mayor parte de las denuncias de violencia, ataques o intimidación de parte de actores políticos se han quedado sin investigar. El nivel de impunidad es superior al 96%, y, por supuesto, este tipo de denuncias son un factor que alienta que haya más eventos de esta naturaleza”, refirió el también especialista en el análisis, diseño y evaluación de políticas públicas.

Como director de la Unidad de Riesgos en Seguridad de la consultora Etellekt, especializada en análisis de riesgos, el especialista señaló que, a partir de 2022, dejando de lado el índice de violencia letal, se observó un aumento del 30% en otros tipos de violencia contra candidatos, que incluyen desde agresiones, amenazas, intimidaciones y, particularmente, denuncias de intervención ilegal de comunicaciones. En este año, la tendencia se mantiene al alza.

Hay al menos datos o indicios del involucramiento de otros actores políticos en este tipo de violencia, es una tendencia que se mantiene y es uno de los principales riesgos para la elección de 2024, sobre todo en estados donde las elecciones pueden ser más reñidas”, subrayó Nuche González.

Por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, donde la violencia política se ubica en un nivel medio, pero ante el reñido escenario de competencia entre la oposición y el partido gobernante, las denuncias por presunto espionaje político de actores clave, encienden las alarmas y generan cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades involucradas. Pero además de que ese tipo de actuaciones y señalamientos se repliquen.

Al respecto, Nuche González mencionó los casos de Veracruz o Morelos. En el primer caso, la oposición ha reiterado las denuncias de una “actuación politizada y parcial por parte de la fiscalía estatal”.

Mientras que la disputa entre el gobernador y el fiscal general en Morelos implica “escenarios que elevan el riesgo en esas entidades para que aumenten aquellos delitos que están ligados a la competencia política y el contexto electoral como son las amenazas, infracciones contra la dignidad, ataques contra colaboradores y daño a propiedades”.

En la medida en que todas estas áreas encargadas de la persecusión de delitos actúen parcialmente, “eso convierte a las fiscalías en un actor que facilita o promueve que haya un mayor número de agresiones y se alimenta un círculo de violencia”, sostuvo el especialista Asael Nuche González.

Abandonados a su suerte

Considerando que más del 77% de los mil 499 ataques, asesinatos, atentados y amenazas que han ocurrido contra políticos y funcionarios y que han sido documentados por Data Cívica, de 2018 a octubre de 2023, fueron dirigidos a víctimas a nivel municipal, estos personajes se han convertido históricamente en el eslabón más vulnerable y desprotegido del escenario electoral.

Según Itzel Soto, coordinadora del proyecto Votar Entre Balas, de Data Cívica e investigadoras del CIDE, alrededor de 80% de todas las autoridades y personas que se desempeñan en el ámbito político y que han sufrido violencia por parte del crimen organizado pertenecen al nivel municipal. Es por eso que advirtió que existe la posibilidad de que este tipo de violencia aumente en el marco de las elecciones locales.

Muestra de ello, añadió la analista, fueron los 53 eventos asociados con la violencia criminal-electoral que se registraron en el país al cierre de octubre de este año, entre los cuales ocurrió el asesinato de 11 policías, incluyendo al secretario de seguridad de Coyuca de Benítez, Guerrero.

Lo anterior sólo puede interpretarse explícitamente, aseguró como una forma en la que el crimen organizado busca influir en las decisiones políticas y en materia de seguridad de ese municipio.

En el registro que hacen, aclaró, sólo se consideran los elementos de seguridad que fueron víctimas de alguna agresión fuera de su horario laboral o sin ejercer su labor; así, el multihomicidio de policías en Coyuca puso el foco en el lugar, pero junto con Acapulco y Taxco son las localidades de Guerrero donde más “constantemente” se dan estos ataques.

En cuanto al nivel de vulnerabilidad, Soto refirió que en las agresiones contra funcionarios, un partido político registra la mayoría de los ataques, en referencia a Morena, debido a que es el partido con mayor presencia. Sin embargo, “en lo referente a candidatos y precandidatos, todos los partidos sufren más o menos el mismo riesgo de violencia”, aseguró.

Según la plataforma de Data Cívica, en cuatro entidades mensualmente se registra la mayor cantidad de eventos violentos y, por tanto, son las que concentran la mayor cantidad de víctimas de violencia criminal electoral. Se trata de Guerrero (159), Veracruz (156), Guanajuato (147) y Oaxaca, con 110. Es interesante que en estas entidades encabezan el mayor número de eventos en casi los últimos seis años.

Para determinar cada uno de los casos que se incluyen entre los registros, explicó Itzel Soto, se basan en la búsqueda de palabras clave por medio de un programa en Python en la red. Así, se selecciona una nota y después se realiza una revisión manual en la que se toman en cuenta ciertos criterios para determinar cada evento.

Cuando estamos contando sólo eventos donde se presume la participación de la delincuencia organizada, que tiene un modus operandi característico, entonces nos fijamos si en la noticia se menciona el calibre de ciertas armas, si los cuerpos fueron torturados, maniatados, si hubo alguna exposición de mantas o de los cuerpos. Y es donde determinamos la probable participación del crimen organizado”, detalló.

Respecto a la injerencia del crimen organizado en el actual contexto electoral, la organización civil Causa en Común advirtió que mientras en el proceso de 2021 se contabilizaron al menos 36 asesinatos de políticos, en lo que va de este año, aún sin haber iniciado formalmente el proceso electoral, ya son al menos 38 asesinatos, concentrándose en Oaxaca, con nueve casos; igual nueve víctimas en Guerrero; seguidos de Veracruz, con seis, y Morelos con cuatro.

“A partir de 2020, Causa en Común ha dado seguimiento al asesinato de actores políticos, como parte del estudio Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto. De acuerdo con este conteo, desde 2020 hasta octubre de 2023, medios de comunicación han dado cuenta de al menos 231 asesinatos de actores políticos”, precisó el organismo.

Factores de riesgo

Bajo un contexto en el que la violencia generalizada y el aumento en los índices de incidencia de al menos uno o más delitos de alto impacto en las nueve entidades donde el próximo año se renovarán gubernaturas, como la situación en Morelos, donde la tasa de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil personas se disparó en más del 43% entre 2018 y 2022.

O el aumento del 41.2% en la tasa de víctimas de extorsión en Veracruz en el mismo periodo; así como la tasa de 260.9 con la que cerró el número de víctimas de lesiones dolosas en Guanajuato el año pasado, que implicó un aumento del 25% respecto a la tasa de 2020. Se trata de fenómenos delictivos que no están siendo considerados del todo por las autoridades.

Para Asael Nuche la atención debe concentrarse, por ahora, a nivel local, con los candidatos municipales y estatales, porque los registros históricos los muestran con mayor vulnerabilidad.

La atención concentrada en la elección presidencial y muchos análisis enfocados en los candidatos presidenciales o a las gubernaturas, pero donde deberíamos concentrar la atención en el tema de violencia política, con los datos históricos que la violencia se focaliza a nivel local. Se puede provocar una desatención pública hacia las situaciones y problemas en los contextos locales”, advirtió el analista.

En este sentido, se subraya que existen aspectos fundamentales que inciden directamente en las condiciones que pueden aumentar el nivel de riesgo en este proceso: los antecedentes de violencia política-electoral, la violencia criminal y los contextos políticos de cada entidad.

Fenómenos criminales, como la violencia y delitos contra migrantes en Chiapas, la alta incidencia en el robo de hidrocarburos (huachicol) y robos a transportistas en Puebla, así como las disputas de grupos delincuenciales por el control territorial o de ciertos delitos en entidades como Colima, Morelos, Baja California, Zacatecas, Chihuahua, estado de México, Jalisco y Michoacán, son considerados “factores de riesgo”, señaló.

Fallo en la prevención

Es importante tener en cuenta que en los primeros 10 meses del año se ha superado la incidencia de casos de asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en comparación con el mismo período durante las elecciones de 2018 y las intermedias de 2022. Un elemento de alerta que denota esta situación es la falta de medidas de prevención y atención oportuna para abordar los casos de mayor riesgo.

Según la opinión del catedrático de la FES Acatlán de la UNAM, José Antonio Álvarez León, existe una “cierta desarticulación” entre las autoridades responsables de garantizar la seguridad de los aspirantes o candidatos y prevenir cualquier tipo de potencial agresión.

Esto debería hacerse de acuerdo con el mapa de riesgos de cada región o entidad, y conforme a los mecanismos de seguridad antes, durante y después de la elección propuestos por las autoridades.

Debería estar en la agenda del gobierno federal y del Instituto Nacional Electoral proporcionar protección a los candidatos que lo requieran, especialmente en aquellas zonas de riesgo donde se disputan cargos públicos”, dijo.

Además, mencionó que “el gobierno federal brinda protección a los candidatos o partidos que lo solicitan, y creo que el gobierno per se debería implementarlo a partir del análisis de riesgos que rodean a ciertos candidatos”, sostuvo el docente de la maestría en Política Criminal.

Dado que tanto la autoridad federal como el instituto electoral tienen un claro entendimiento de los riesgos que implica el proceso electoral, según el doctor en Derecho, la aplicación de una verdadera “coordinación integral” requeriría “un despliegue impresionante de inteligencia, orden y vigilancia proactiva, sobre todo en las zonas donde la posibilidad de un cambio real de gobierno pueda generar disputas de mayor encono”.

En este punto, el dos veces consejero electoral enfatizó que hay lugares donde los proyectos de los partidos para mantenerse en el poder, junto con la presión social del cambio o viceversa, “ponen un foco de tensión”. Si a esto se le suma la influencia de “poderes fácticos en la zona”, como los impuestos por los grupos del crimen organizado, los riesgos aumentan no sólo para los posibles candidatos, sino para quienes lleguen a ser gobernantes o funcionarios.

En ese mapa de riesgos, según el académico, se incrusta lo que él denomina la “banalización del delito”, en la cual opositores violentos aprovechan las situaciones de gravedad de la violencia en determinada zona (estado o municipio) “para dirigir la brújula hacia el crimen organizado”.

Aunque no busca eximir de la activa participación de las bandas delincuenciales y los grupos del crimen organizado en este contexto de violencia político-electoral, Álvarez León aclaró que la banalidad del delito se presenta cuando se oculta o cuando ya no hay más lógica en las investigaciones realizadas por las autoridades responsables de esclarecer estos crímenes. Entonces estas investigaciones terminan siendo siempre atribuidas a la delincuencia organizada.

“Lo común es desviarlo hacia las relaciones personales de la víctima o su círculo de vida o pasado, y cuando decimos banalizar, nos referimos a no querer buscar la causa real. Seguramente, la causa real de por qué matan a una persona antes de un proceso electoral tiene que ver con las disputas de liderazgos, de poder y de intereses. Eso es lo natural y lo que hay que prever”expuso el investigador.

464 hechos violentos han ocurrido en los 10 primeros meses de 2023, de acuerdo con Data Cívica.

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