La Portada | El reacomodo del partido del crimen

La jornada electoral 2021 dio un viraje a la vida política en México. No fue por la nutrida participación de votantes ni la extraña paz en que transcurrió, sino por la activa intervención de grupos del crimen organizado. Los primeros datos comienzan a surgir, las autoridades federales ya investigan, y las agencias de Estados Unidos rastrean a varios candidatos triunfadores de quienes sospechan mantienen una relación con los cárteles.

Al cruzar la información de las votaciones, los partidos, la incidencia delictiva y las zonas de influencia de los grupos del crimen organizado, los resultados que arroja es que Morena ganó en el 46% de los ayuntamientos más violentos del país, y se afianzó en los municipios con mayor presencia del narcotráfico. Y un dato más: el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador apuntaló 7 de los 12 estados donde más violencia política hubo en toda la elección.

Por ahora, las evidencias surgen a partir de trabajados periodísticos, reportes y denuncias en redes sociales, algunos hechos concretos y quejas de los propios actores políticos acerca de cómo operaron y ejercieron presión las organizaciones delincuenciales a lo largo del proceso electoral, y justo el día de la elección más grande de la historia, en la que se jugaban espacios políticos que resultaron de mucho interés para estos grupos del crimen organizado. Los casos concretos por ahora se concentran en algunos municipios de Sinaloa, Sonora, Guerrero, Jalisco, Nuevo León Guanajuato y Michoacán.

Para analistas y especialistas en seguridad consultados por ejecentral uno de los ganadores tras las elecciones, además de Morena, fue el crimen organizado, pues si bien a 11 días de la elecciones ha sido posible dilucidar apenas una parte de cómo fue realmente que se articularon las diferentes organizaciones criminales, la baja incidencia de casos de violencia política, pese a haber sido unos comicios tan concurridos, resulta un claro indicador de que tácitamente se estableció un reacomodo de poder en paz.

“Hay testimonios de que el crimen organizado tuvo participación activa en presión a votantes, pero para votar por el partido oficial, por Morena. Muy señaladamente esto fue observado en Michoacán, en Sonora; por otro partido, por el Partido Verde en San Luis Potosí donde el crimen organizado es el que gana de forma contundente la elección”, sostuvo Raúl Benítez Manaut, profesor-investigador en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para el presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) el hecho de que “el crimen organizado sí salió ganando en las elecciones” no implica que Morena u otras fuerzas políticas que resultaron triunfadoras tras los comicios hayan forjado alianzas con los grupos de la delincuencia organizada, pero sí denota, añadió, un gesto reciproco entre ellos y el presidente al reconocer que se habían portado bien.

“La gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos del crimen organizado; se portó creo que más mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron en lo fundamental los resultados”, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador un día después de los comicios en su acostumbrada mañanera.

Para Benítez Manaut la característica de que “el crimen organizado juega con quien gana” no resulta una novedad de las pasadas elecciones intermedias, pues se replica en varios países, aunque resulta un reflejo de la manera en que influyen en los procesos electorales al erigirse como un factor de poder en determinadas regiones o lugares del país.

En el norte de Sinaloa, apuntó el doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, “hubo una influencia importante del crimen organizado. Ciertamente la franja del Pacífico, excepto Jalisco, va a estar gobernada por el partido oficial, y pues va a tener una estrategia unificada de contención del crimen organizado. No sabemos hasta donde va a salir ganando el crimen de esto o no”.

Y subrayó que, si bien “la hipótesis aplica para los estados del Pacífico ciertamente, también en Oaxaca se sabe que el crimen organizado participó en muchas alcaldías en favor del partido oficial. Es como un mensaje de decir ‘yo quiero jugar con el ganador’, es algo muy común en muchas partes del mundo”.

Pero reconoció que ello no implica que haya una complicidad abierta entre Morena y los grupos criminales sino “que el crimen organizado está como dándole un mensaje a todos los mexicanos, pero principalmente al partido en el gobierno de que ellos son factor de poder”, subrayó.

En ese sentido, el activista Santiago Roel, director fundador del Semáforo Delictivo Nacional apuntó: “La sospecha es que Morena era el partido que podría protegerlos más, y probablemente sí hubo una apuesta y un accionar si ves la clara intervención de algunos delictivos en las elecciones, y no es nuevo, por ejemplo, Baja California Sur donde se contradice mucho las encuestas preferenciales previas a las elección y así puede haber otros donde se suponía que estaba más competida la elección y no fue así”.

Las manos en la elección

Dentro del universo de casos documentados acerca del accionar de los cárteles de la droga y otros grupos delincuenciales a lo largo del proceso electoral 2020-2021; así como ese 6 de junio, hay casos evidentes. Uno de ellos, Sinaloa. El periodista del semanario Ríodoce, Ismael Bojórquez, retrató a través de su reportaje ‘El juego de los narcos por el poder total en Sinaloa” cómo fue que, por medio del secuestro e intimidación directa a familiares y operadores políticos contrarios a Morena, le arrebataran el triunfo al PRI.

“Nuestra organización no tiene partido político, no apoya, ni respalda a ningún candidato a la gobernatura de Sinaloa, nos hemos mantenido al margen, y así nos mantendremos. Es cierto que el candidato del partido Morena reiteradamente nos ha enviado emisarios y le hemos respondido exactamente lo mismo, no vamos a intervenir”, sentenció un comunicado “urgente” dirigido al pueblo de Sinaloa que se difundió a través de redes sociales el 5 de junio, un día antes de las elecciones, bajo las sigas C.D.S. (Cártel de Sinaloa).

En el marco de ese anunció anónimo, que oficialmente no generó ninguna respuesta o postura por parte de Morena o alguna otra institución, la víspera de los comicios se registró en Culiacán, uno de los 15 municipios con más homicidios del país, un comando secuestró a José Alberto Salas Beltrán, secretario de organización del PRI en Sinaloa, de quien no se supo nada hasta el lunes 7 de junio, el día posterior a las votaciones, cuando fue liberado. El caso, según la denuncia de familiares del priista y diversos actores políticos, no fue atendida por alguna institución de seguridad.

“Trascendió, durante su cautiverio, que le sacaron toda la información del operativo que el PRI tenía previsto para el domingo 6. Y que lo obligaron a revelar las casas donde tenían guardado el dinero para la movilización de su estructura y para la compra de votos. Se supo de por lo menos dos”, revela Ismael Bojórquez en su reportaje, en el que también documenta cómo es que esa “réplica narca”, en cuanto a la operación de los grupos del crimen organizado en las elecciones se irradió en los municipios de Culiacán, Badiraguato y Concordia. En todos ellos arrasó la coalición de Morena y el Partido Sinaloense (PAS).

De hecho, Morena arrasó con el 60% de los votos por la gubernatura sinaloense, ya que la fórmula de Morena y el PS logró llevarse casi el 50% de las diputaciones locales, por encima del 33% que consiguieron la coalición del PAN-PRI y PRD. Exceptuando a San Ignacio, la ola morenista, en conjunto con el PT y el PS como sus aliados, desbancó los remanentes del PRI y los restos de los partidos como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PAN que aún permanecían en el poder. La abrumadora alternancia regresó al estado, un fenómeno cuyo antecedente inmediato fue en 2011, cuando al haber desbancado al PRI, se constató el triunfo de Mario López Valdez, entonces abanderado blanquiazul.

Sobre la probable intervención de los grupos del crimen organizado en la elección en Sinaloa, el exlegislador Mario Zamora Gastélum, abanderado de la coalición del PAN-PRI-PRD por la gubernatura, quien fue superado por una preferencia de más de 210 mil votos en favor del candidato morenista, y ahora virtual gobernador Rubén Rocha Moya, acusó que operadores y candidatos de la alianza tripartita fueron privados de su libertad, amenazados y agredidos.

“En Sinaloa lo digo con la voz completa, ganó el miedo, y ahí está menos del 50 por ciento de los sinaloenses fueron a participar en esta votación, ojo, no estoy diciendo que el resultado pudo haber sido distinto, no, al contrario yo he regresado al Senado, ya estoy trabajando en lo que viene, le hemos dado la vuelta, yo creo que lo importante es dejar claro que aunque difícilmente se pueda documentar, porque el miedo evita que la gente quiera documentarlo”, refirió el excandidato en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Para Rubén Salazar Vázquez, director de Etellekt Consultores, consultora que ha dado seguimiento a las agresiones y asesinatos de candidatos y aspirantes en el país en los procesos electorales de los últimos años, aseveró que, aunque estadísticamente resulta difícil determinar o explicar la correlación entre la participación de los grupos del narcotráfico, y otros grupos criminales, con el gobierno o los partidos políticos, la baja incidencia de casos de violencia política advierten tres principales hipótesis: la operación de “caciques locales, del narcotráfico o de otras bandas delictivas y la tercera que es la narco-política o el estado criminal, considerando que hay más grupos delictivos no sólo del narcotráfico”.

En ese sentido, el analista consideró que una hipótesis que persiste es que el poder político empieza o ha pactado con las bandas delictivas una suerte de tregua, que queda de manifiesto de manera muy clara en cuanto a cómo se suscitaron las elecciones.

Esto es ya una alerta en Estados Unidos, porque es un viraje en el accionar de estos grupos del crimen organizado y su interés en los espacios políticos en el país, lo que incluye protección y poder.

“Vienen cambios sustanciales, y este tema de la violencia política es un indicador. Estaba destinada ser una de las elecciones más sangrientas y no lo fue. Los candidatos y aspirantes asesinados fueron 36; hace tres años fueron 19 candidatos y 29 aspirantes, un total de 48, hasta en el tema de los candidatos con registro bajó (…) Incluso donde se ve más visible la mano del narcotráfico y de otras bandas delictivas en el tema de homicidios, y de los homicidios en grado de tentativa, es decir de los atentados con fines de violencia letal; y el resto de las agresiones que se dieron ahí sí vemos la mano de políticos”, explicó Rubén Salazar.

Politizando la seguridad

“Hay un dato importante que me ha transmitido el gobernador Héctor Astudillo. En la campaña y el día de la elección, afortunadamente, no perdió la vida ningún candidato, ningún participante en las elecciones locales y en la elección federal para renovar la Cámara de Diputados”, presumió el presidente López Obrador el pasado 11 de junio, como parte de su gira poselectoral en Guerrero.

El hecho, tal cual lo calificó el propio mandatario resulta “inédito, el que no se haya padecido de violencia en el estado de Guerrero a pesar de la confrontación política”. Y es cierto, de acuerdo con los registros de la consultora Etellekt, es la entidad donde se registró el asesinato de cuatro aspirantes en el actual proceso y se consolidó, junto con Oaxaca, uno de los estados en el que se consumaron los 152 asesinatos contra políticos en el proceso electoral 2017-2018, y la segunda entidad en el país con más agresiones registradas entonces.

“Guerrero es el estado con la mayor agrupación de organizaciones delictivas. No asesinaron a ningún candidato con registro, tampoco mataron candidatos ni aspirantes en el estado de México, en Michoacán, sólo a un aspirante. En Sinaloa y Colima tampoco a ningún candidato o aspirante. En Oaxaca fueron dos candidatos y un aspirante, lo cual es bajísimo” consideró Salazar Vázquez.

›Para el consultor y especialista en temas de seguridad el hecho de que se haya logrado contener la violencia homicida contras aspirantes y candidatos, al pasar de 152 políticos asesinados en 2018 y que de ellos eran 48 candidatos y aspirantes, a 101 políticos, ahora, 36 de ellos candidatos y aspirante, es muestra del diagnostico que tiene el gobierno de López Obrador la violencia en el país es un problema político.

“El discurso del presidente es que busca restaurar ese viejo régimen de partido hegemónico, precisamente para acabar no solamente con este problema de la violencia política, sino con la inseguridad y el índice de homicidios dolosos contra la población en general (…) La violencia homicida, como dice el presidente, no la va a combatir desde la propia violencia, y la estrategia de seguridad no puede tampoco construirse a partir de los propios esquemas de seguridad pública. López Obrador tiene claro que la inseguridad y la violencia son problemas políticos”, aseveró.

Analistas consultados coincidieron en que el triunfo morenista en 10 u 11 de 15 gubernaturas (Campeche ha sido impugnada), sin considerar los resultados diferenciados que se manifestaron en los congresos y ayuntamientos que celebraron comicios, implican un replanteamiento en la estrategia de seguridad del gobierno federal, en el que una probable pacificación tácita podría caracterizar la parte final del mandato obradorista. Aunque haya sido una estrategia fallida por sus antecesores.

“Difícilmente sabremos la verdad de lo que está ocurriendo en el país porque está inmiscuido el poder mismo, y el poder jamás va a transparentar los acuerdos que está sosteniendo con la delincuencia. El poder siempre ha actuado delictivamente. El primero que intentó reagrupar todas esas estructurales político-delictivas fue (Enrique) Peña Nieto cuando deja de combatir al narco, pero fracasa, y ahora quien lo está reintentando hacer es el presidente López Obrador”, sostuvo Rubén Salazar.

Sobre esa misma línea, Benítez Manaut --académico del Woodrow Wilson Center de Washington, en la Universidad de Columbia, en Nueva York--, detalló que de la misma forma que lo llevó a cabo el gobierno peñista entre 2013-2014, cuando se acotó el combate a las organizaciones del narcotráfico y en consecuencia disminuyó el índice de homicidios dolosos “y se hablaba de que había un gran pacto de funcionarios del gobierno federal sobre todo con gobernadores priistas”, podría ocurrir en esta administración.

Lo cierto es que, pese a las hipótesis de dichos pactos, “no sabemos si esto va a funcionar porque el nivel de violencia no ha bajado incluso con el encierro de la pandemia y si se abre la economía entonces la probabilidad de que suban las actividades criminales es elevada”, dijo el académico.

Suspicacia estadounidense

La eventual reconfiguración de poderes, tanto a nivel institucional como el reacomodo de fuerzas de la delincuencia organizada tras las elecciones del 6 de junio implica, señalaron especialistas, una mayor atención por parte de la administración de Joe Biden y las diversas agencias de Estados Unidos.

“Estamos en el peor de los escenarios, porque si ya no los combates (a los cárteles) de manera tradicional con policía y ejército, y por otro lado no regulas las drogas que sería el combate de verdad, el quitarle la economía, el mercado. El papel de Estados Unidos, con a CIA, la DEA, el Departamento de Estado van a tener el ojo puesto en todo esto porque son los principales preocupados porque van a estar vigilando muy de cerca”, advirtió Santiago Roel.

Raúl Benítez Manaut subrayó que “han bajado mucho la intensidad de los combates, y esto es porque hay menos ofensivas gubernamentales. La Guardia Nacional no tiene la orden de enfrentar directamente al crimen organizado y esa es una de las principales críticas”.

Al respecto, subrayó: “Si esto ocurre Estados Unidos va a estar muy alerta sobre las actividades del tráfico de drogas, otra vez. Ese es el gran tema, y supuestamente Estados Unidos donó un millón de vacunas Johnson & Johnson para aplicarlas en la frontera para poder abrir la frontera, pero hacerlo implica un desafío, incluso para la relación entre el gobierno y el crimen organizado porque definitivamente la frontera abierta va a empezar que va a circular masivamente, otra vez, la cocaína, la heroína, las pastillas de fentanilo y demás”.

Una muestra del interés del gobierno estadounidense es que ha sido visitado, en poco tiempo, por sus principales funcionarios; desde la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, quien arribó a México dos días después de las elecciones; y luego el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien llegó este lunes a territorio nacional; además de la presencia de directivos de la CIA.

Funcionarios del gobierno lopezobradorista explicaron a ejecentral que en las reuniones privadas, los funcionarios estadounidenses han puesto en la mesa como prioridad el freno los grupos del crimen organizado o, a su poder e influencia, especialmente en las zonas estratégicas de trasiego y producción de enervantes. “Si bien no ha habido un señalamiento directo, sí han surgido comentarios claros sobre su preocupación ante el mapa que ellos ven, y que sugieren es grave”.

La operación de las organizaciones criminales desde cargos políticos, comentó un asesor estadounidense, “es una realidad en México ahora”, así se considera dentro del gobierno de Biden, y sólo “un Estado fuerte puede frenarlo, por eso el apoyo a López Obrador y al Ejército”.

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