En momentos en que se realizan foros y se exponen públicamente reflexiones relacionadas con la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, México no está en condiciones de entregar buenas cuentas en cuanto al cuidado del medio ambiente.
Nuestro país padece las consecuencias de un grave deterioro de los ecosistemas, un fenómeno que no empezó pero sí se agudizó en este sexenio, y que se debe en parte al cambio climático y en parte a la acción u omisión de los seres humanos, tanto de autoridades como de particulares.
Y mientras se registran récords en tala clandestina de árboles, sobreexplotación de los acuíferos, sequía e incendios forestales que devastan paulatinamente las áreas verdes del territorio nacional, los defensores del medio ambiente enfrentan una violencia sin precedentes.
›En los primeros cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de 2019 a 2023, fueron asesinados 102 defensores ambientales y se registraron 532 eventos de agresión, entre los que destacan ataques sexuales, daño a la propiedad, hostigamiento e intimidación.
Este periodo ha sido el más peligroso históricamente para quienes protegen bosques, agua, ríos, cenotes, selva, mar, tierra...
En estos primeros cinco años del sexenio casi se duplicaron las cifras del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que del 2014 al 2018 se perpetraron 66 homicidios y hubo 372 eventos de agresión, de acuerdo con los registros históricos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), asociación civil que desde hace una década elabora informes sobre la situación en la que se encuentran las personas y comunidades defensoras de la ecología.
Tan sólo el año pasado fueron asesinadas 20 personas, y uno de los casos tiene indicios de asesinato extrajudicial. Además, hubo mil 317 defensores afectados por la violencia, entre ellos 344 niñas, niños y adolescentes, reveló el Cemda.
“¡Son cifras alarmantes! El 2023 es el segundo año más peligroso para la defensa del patrimonio natural en México, lo cual nos debe llamar la atención, porque hubiéramos esperado que estos números descendieran de una manera considerable con el paso del tiempo. Lo que está haciendo falta en el país es que se le dé atención al tema que está completamente rezagado, no se le ha dado la prioridad ni la atención ni se han hecho las investigaciones ni hay sanciones ni se encuentra a los responsables de los delitos”, alertó Gustavo Alanís, director ejecutivo del Cemda.
¿Considera que esta problemática ha cobrado relevancia entre los presidenciables?
“Hemos compartido el informe 2023 —publicado el 16 de abril pasado— a los equipos de campaña de Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum. Esperamos que tengan la sensibilidad para acercar la información a las candidatas y que cuando alguna de ellas llegue a la Presidencia de la República, ya estando en el poder, puedan implementar no sólo un marco legal, sino las políticas públicas adecuadas que permitan a los defensores hacer su trabajo con seguridad”, dijo en entrevista con ejecentral.
Seguramente esto mismo sucedió cuando López Obrador era candidato, se le entregaron los informes. ¿Ya en la Presidencia atendió la problemática?
“No existe el compromiso con el sistema ambiental en general y con esto tampoco en particular, pero me parece que lo que requerimos de ahora en adelante es que se cuente con la suficiente voluntad política que nos permita implementar de manera efectiva una política adecuada, con las reglas, con los procedimientos, con los programas y con el marco legal atinado para asegurar que los defensores hagan su trabajo sin ningún riesgo para ellos y su familia”.
Datos de la crisis
En los últimos años, el cambio climático ha castigado severamente a nuestro país. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportaron que, al corte de los primeros tres meses del año, sólo dos de las 32 entidades federativas estaban libres de afectación por la sequía: Baja California y Baja California Sur.
El resto del país tenía alguna afectación y había 11 estados con algún grado de sequía en todo su territorio: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. Los datos más actualizados revelan que la sequía afecta a aproximadamente el 74.91% del territorio nacional.
Como ejemplos de la gravedad de la situación, el 99.7% del territorio de la Ciudad de México se encuentra en sequía severa, de acuerdo con el monitor de la Conagua y del SMN publicado el 5 de abril, mientras que el 43.7% del territorio de Hidalgo tiene sequía extrema y el 34.7% está en el nivel de sequía excepcional.
El Sistema Cutzamala, que abastece de agua a la Zona Metropolitana del Valle de México, se encuentra en los niveles más bajos de almacenamiento de toda su historia. En la primera semana de abril se redujo a 34%, mientras en marzo estaba en 36.2% de su capacidad.
Además, 2023 fue el año más crítico en cuando a daños por incendios forestales desde que existe un recuento oficial, ya que fueron devastadas un millón 47 mil 493 hectáreas de áreas vedes, según la Comisión Nacional Forestal.
El organismo sólo consigna tres años críticos en la historia reciente: 2023, 2011, cuando se quemaron 956 mil 405 hectáreas, y 1998, con 849 mil 632 hectáreas afectadas. Históricamente, las entidades con más incendios han sido Estado de México, Ciudad de México y Michoacán, pero si se considera la superficie afectada, la lista la encabezan Jalisco, Chihuahua y Chiapas.
El flagelo de la tala
De acuerdo con especialistas consultados por este medio, las principales causas del deterioro del medio ambiente son la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la deforestación, en donde la tala inmoderada y/o clandestina juega un papel importante.
Si bien no hay datos oficiales actualizados, un reporte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señala que tan solo en 2020, —segundo año del actual sexenio— se perdieron al menos 127 mil 770 hectáreas de bosque debido a la tala clandestina, una deforestación que superó en 39.4% lo registrado en cinco años, entre 2010 y 2015, cuando la pérdida fue de 91 mil 600 hectáreas.
Asimismo, un informe elaborado en 2022 por la Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático estimó que “al menos un 70% de la madera que se comercializa en el país tiene origen ilegal, en un contexto de amplia impunidad”.
Cabe resaltar que también existe la tala legal, pero ésta, cuando se realiza en exceso o en áreas de preservación, también daña a los ecosistemas.
Tan sólo por la construcción del Tren Maya, el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) aceptó que se talaron siete millones 300 mil árboles. Sin embargo, el pasado 16 de octubre, Roberto Rojo, miembro de la organización Sélvame del Tren, aseguró que hasta el momento han sido derribados al menos 10 millones de árboles.
“Extracción brutal de agua”
Oscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), consideró que al deterioro en términos de deforestación, sobreexplotación de los mantos acuíferos y contaminación de las aguas superficiales hay que añadir el crecimiento demográfico. Actualmente, México tiene una población aproximada de 127 millones de personas y la capital es una de las 10 ciudades más pobladas del mundo.
Para el especialista, la problemática que más preocupa es la deforestación, pues sin bosques no se pueden recargar los acuíferos. Y puso como ejemplo la Ciudad de México. “Cada segundo extraemos más o menos 40 mil litros del acuífero, que es una cantidad brutal, eso también explica por qué se han acelerado los hundimientos en esta ciudad, por ejemplo. Pero, ¿cómo facilitar la recarga? Hay dos formas: una es la recarga artificial, reinyección propiamente de aguas en el subsuelo; y, otra, bueno, en esta ciudad, a mediados del siglo XX, nos pareció fantástica la idea de entubar los ríos, así es que, en el largo plazo, una solución, al menos parcial, es pensar cómo lo podemos hacer para tener ríos y lagos vivos”, dijo.
Enfatizó que el tema medioambiental requiere de una política de largo plazo y explicó: “En México, aunque tenemos una legislación punta de lanza a nivel mundial en términos de transición energética, de eficiencia energética, de protección al medio ambiente, la realidad es que en la implementación sigue habiendo muchos problemas, por ejemplo, la tala ilegal de árboles. Para empezar, tenemos pocos guardabosques y al mismo tiempo es muy difícil controlar la tala ilegal, porque muchas veces va de la mano con el crimen organizado en lugares muy aislados, donde el Estado no llega, así que es un reto mayúsculo y es un tema de Estado de derecho, principalmente, que es el gran talón de Aquiles de este país”.
¿Este gobierno le ha dado prioridad a las políticas públicas sobre medio ambiente?
“No, en general, y no sólo esta administración. Es un deterioro que se ve paulatinamente, no se ve de un mes al otro, no se ve de un año al otro y políticamente el incentivo es bajo”.
¿Los presidenciables tienen la agenda medioambiental en sus prioridades?
“Bueno, discursivamente, sí. Te diría que tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez han hecho un tema de campaña central, específicamente sobre la transición energética y el agua. Bueno, son dos pilares de la política ambiental. Falta ver cómo se implementa, pero en este momento ambas candidatas punteras traen ese tema al centro de su propuesta política”.
Pocas denuncias
A pesar del notable avance en el deterioro del medio ambiente, la incidencia de delitos relacionados con este fenómeno va en general a la baja o se mantiene estable, lo que parece confirmar las versiones de activistas, en el sentido de que estos ilícitos casi no se denuncian.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a febrero de 2024 se abrieron seis mil 281 carpetas de investigación, mientras que en el sexenio de Peña Nieto la cifra fue de nueve mil 693.
A nivel estatal, los delitos del fuero común relacionados con daño al ambiente presentan una ligera alza en los dos últimos años, con relación al inicio del sexenio. Durante 2022 y 2023 se reportaron dos mil 355 casos en cada año, mientras que en 2021 la cifra fue de dos mil 95 averiguaciones; en 2020 fueron mil 982; en 2019 hubo dos mil 192 y en 2018 se registraron dos mil 120.
En los tres primeros meses de 2024, en las fiscalías estatales se registraron 556 delitos contra el medio ambiente, entre los que se encuentran incendios, tala de árboles y diversos tipos de contaminación. Las entidades con más registros son Ciudad de México (222), Estado de México (79) y Michoacán (75). En los tres primeros meses de 2023 el registro fue de 554 delitos, casi la misma cantidad que este año.
Impunidad a tope
En este contexto, los defensores del medio ambiente enfrentan una constante hostilidad y ni siquiera las alertas nacionales e internacionales han propiciado condiciones de seguridad para ellos. Y a esto se suma la falta de justicia, ya que 98% de los casos denunciados quedan en la impunidad, enfatizó Eduardo Mosqueda, director ejecutivo de Tsikini, una organización de defensa legal de comunidades y defensores de derechos ambientales en Jalisco.
Eduardo Mosqueda relató a ejecentral uno de los casos de impunidad emblemáticos para la organización que representa. En octubre de 2020, un menor de 17 años fue asesinado. El adolescente había cuestionado el actuar de una directiva ejidal en Jalisco y una minera trasnacional. Su padre, Santos Rosales Contreras, es defensor de derechos humanos en Telcruz y también ha enfrentado riesgos a su integridad física.
“Recientemente tuvimos una sentencia en contra y fue liberada la persona que estaba como presunto responsable material del asesinato del muchacho, aún cuando teníamos, desde nuestra perspectiva, las pruebas en cuestión balística y de testigos que aseguraban la participación y el involucramiento de esta persona. Si el presidente se queja de la corrupción del Poder Judicial Federal, es multiplicado en las instituciones de justicia locales”, comentó el abogado.
Mosqueda, quien también es integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, advierte sobre la complicidad de la iniciativa privada, gobiernos y delincuencia organizada en contra de los defensores ambientales que se oponen a los megaproyectos.
“Esta triada se da si la empresa y el gobierno ya no pueden desarrollar el proyecto de manera tradicional, como lo hacían, que era, a veces, comprando liderazgos de las comunidades, o utilizaban las fuerzas del Estado para poderlo implementar. Creo que ahora, para lavarse un poco las manos, tanto Estado como empresas están utilizando al crimen organizado. Y creo que ese modelo, lamentablemente, está sucediendo de manera masiva en lo que corresponde a proyectos de minería”, dijo.
Gobierno, el principal agresor
Si alguien ha vivido en carne propia la estigmatización por parte del Gobierno federal, ése es José Urbina, un buzo de cuevas conocido como Pepe Tiburón e integrante del colectivo Sélvame del Tren.
Desde la más alta tribuna del país se ha puesto en marcha una campaña de desprestigio contra quien se oponga al Tren Maya, un tren que comenzó con la destrucción de la selva maya y las cuevas.
A estas alturas, los pilotes del tren han impactado las cuevas y cenotes de Quintana Roo, por donde pasa el Tramo 5 Sur de la megaobra.
“Los daños son irreversibles, los daños a los más de 120 cenotes que hay en el trazo del Tramo 5, más las dolinas, los humedales, todos estos daños en esa zona son irreversibles, no se puede hacer nada por ello. Las consecuencias de las filtraciones de concreto en el acuífero han destrozado esos cenotes, pero como todo está conectado, veremos con el tiempo cómo este concreto derramado, cómo este óxido, esta corrosión de los pilotes, poco a poco va a ir afectando a todo el acuífero y habremos perdido una fábrica de agua pura de la selva maya por un capricho”, dijo en entrevista.
En sus informes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que las obras del Tren Maya han generado afectaciones a la flora, fauna, suelo, aire e hidrología subterránea por el desarrollo de las acciones de rehabilitación de vía férrea. Tan sólo en la primera fase de la megaobra, la ASF detectó 716 impactos ambientales.
Integrantes del colectivo Sélvame del Tren han calculado la afectación a más de 110 especies de mamíferos, entre ellos el jaguar, el oso hormiguero y el mono aullador. También se ha afectado el hábitat de la dama blanca y el pájaro toh.
Los buzos en Quintana Roo han documentado los daños a los cenotes y cuevas y han alzado la voz, mientras que el presidente López Obrador los ha llamado “pseudoambientalistas” y “personajes pagados por partidos políticos y agentes extranjeros”.
“Nos encontramos contra un enemigo que se da el lujo de no respetar la ley, de trabajar en la obra en desacato a una orden judicial y que se toma la libertad de decir que somos traidores a la patria, pseudoambientalistas. Y esto genera odio a lo que nosotros estamos haciendo para proteger nuestro hogar”, lamentó Pepe Tiburón.
Dijo que él no se considera ambientalista, pero los intentos por destruir las playas, cenotes y selva lo han llevado a alzar la voz. Y advirtió que no piensa en claudicar, pese a los ataques.
“Muchos perdieron la esperanza y claudicaron. Pero hay otro grupo de gente que comprende que este es el peor momento para darnos por vencidos porque si claudicamos ante un sistema tan tremendamente dañino, pues lo peor estaría por venir. Algunos han perdido sus trabajos porque los empleadores tienen miedo a las represalias del gobierno, también nos enfrentamos en las redes sociales a mucho odio, que generalmente sabemos que viene de gente que carece de conocimientos y por eso no nos importa, pero eso no significa que no tenga un impacto en nuestro ánimo o en nuestra reputación”, declaró.
De acuerdo con el Cemda, los gobiernos han sido los principales agresores de los defensores ambientales. De los 123 eventos de agresión registrados en 2023, los gobiernos participaron en 61 (49.59% de los casos). Le sigue la delincuencia organizada, con participación en 37 casos (29.6%) y, en tercer lugar, las empresas privadas, con participación en 19 casos (15.45%).
“En los 18 eventos de agresión relativos a megaproyectos y obras relacionadas con medios de comunicación, todos fueron por habilitación de vías férreas: 12 se relacionaron con el megaproyecto del Tren Maya y seis con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, precisó en su último informe.
Mayas sin agua
En enero de 2024, el presidente López Obrador inauguró el acueducto Adolfo López Mateos-Xpujil, en Campeche. Dijo que se había resuelto el desabasto de agua con la obra que suministraría 230 litros por segundo para atender a 71 mil habitantes.
“López Obrador inauguró una obra que no terminó. Ninguna de esas 70 mil personas tiene agua porque no está funcionando la obra, están los tubos afuera, no están conectados”, dijo Romel González Díaz, un maya defensor del ambiente y comunidades indígenas de Campeche y Yucatán.
El activista dijo a ejecentral que el gobierno construyó el acueducto que pasa por la reserva de la biósfera de Calakmul, dejando sin agua a las comunidades indígenas, por lo que la labor de un defensor ambiental también es dar apoyo legal a las comunidades.
Romel González es uno de los fundadores del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. En la defensa del medio ambiente y la tierra ha estado en contra de varias megaobras, desde un proyecto de energía solar a gran escala hasta la construcción del Tren Maya.
¿Considera que se ha recrudecido la violencia contra los defensores ambientales?
“Sí, totalmente. Los gobiernos, partidos o empresas primero nos tratan de comprar, de corromper, y después, cuando no aceptas, llegan a la intimidación y, después de eso, al enfrentamiento. O lo que sucede en otros casos es que te comienzan a criminalizar y te comienzan hasta a inventar juicios o demandas por delitos que no cometiste y te inventan cosas (…) Otro daño es que dividen a la comunidad y los habitantes te comienzan a señalar. En nuestro caso, en Xpujil, por ejemplo, fue el presidente de Morena (a nivel local) el que fue a amenazar a nuestros compañeros y a pedirles que desistieran de un proceso judicial contra el Tren Maya”, enfatizó.
México viola el acuerdo de Escazú
En septiembre de 2018, México firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, del que son parte 24 países.
Fue firmado durante la recta final del gobierno de Peña Nieto y como testigo estuvo la entonces secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, hoy secretaria de Relaciones Exteriores.
Pero ahora México viola ese acuerdo, enfatizó Gustavo Alanís, secretario ejecutivo del Cemda. “El Acuerdo de Escazú habla sobre la importancia de que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo en un ambiente libre de intimidaciones. Se establece que el Estado debe de prevenir, lo cual no está sucediendo; debe de investigar, lo cual tampoco está sucediendo; y debe de sancionar los ataques, las amenazas y las intimidaciones que sufren los defensores, lo cual tampoco está sucediendo. Entonces, sí podríamos decir que México está en una franca violación, concretamente del artículo noveno del Acuerdo de Escazú”, remarcó.
¿Y hay alguna sanción?
“No hay ninguna sanción, pero me parece que la sanción es más de tipo moral por el incumplimiento, por la omisión de no cumplir con una obligación de derecho internacional”.
Para Gustavo Alanís, ser guardián del medio ambiente es una actividad de alto riesgo, sobre todo en México.
Según los estudios de la asociación civil que representa, las entidades en las que hubo más agresiones contra los ambientalistas en 2023 fueron Jalisco, Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Yucatán, Guerrero y Michoacán.
Las entidades donde fueron asesinados los ambientalistas son: Michoacán (7 defensores), Guerrero (6), Oaxaca (2), Estado de México (2), Hidalgo (1), Sonora (1) y Jalisco (1).
Sin ley en Morelos
La noche del pasado 22 de marzo, elementos de la Guardia Nacional ubicaron en el municipio de Huitzilac, Morelos a dos presuntos talamontes a bordo de una camioneta con reporte de robo y “adaptaciones para cargar troncos de manera ilegal”.
El hecho detonó una agresión en contra de los uniformados por parte de alrededor de 30 personas, quienes pusieron un cerco, incendiaron el vehículo, les lanzaron pirotecnia, piedras y dispararon al aire, por lo que tuvieron que arribar refuerzos de la corporación.
Desde la perspectiva de ambientalistas, ese tipo de acciones u operativos son insuficientes para la velocidad con la que avanza el deterioro del ambiente generado por la tala ilegal no sólo en Huitzilac, sino en buena parte del Bosque de Agua, que abarca zonas de Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.
Flora Guerrero Goff, fundadora y representante de la asociación civil Guardianes de los Árboles, señala que la tala clandestina en esa zona se ha convertido “en una de las más graves del país”.
Señaló que, además de Huitzilac, la parte norte de Cuernavaca, principalmente las comunidades de Santa María Ahuacatitlán y Tetela del Monte, en Morelos, presentan una “situación de tala clandestina preocupante”.
La ambientalista refirió que además de la tala clandestina, el crecimiento urbano “desordenado e ilegal”, y el avance de la frontera agropecuaria y ganadera, entre otros factores, han agudizado de manera crítica el deterioro de las áreas naturales protegidas en el Bosque de Agua.
Y aunque los acuíferos de ese bosque abastecen de agua a al menos 23 millones de personas en las entidades antes citadas, y aporta el 70% del agua que se consume en la capital del país, Guerrero Goff señala que persiste la omisión en los tres niveles de gobierno para que se cumpla la ley y los decretos emitidos para proteger esas zonas.
“Hemos hecho denuncias públicas contra la Profepa de aquí de Morelos, porque ha permitido que, por ejemplo, en la parte de Huitzilac, muy adelante del polígono donde ya es área natural protegida, se construya un Oxxo, y hay dos gasolineras en Tres Marías, que son ilegales y las autoridades lo permitieron”.
Flora Guerrero acusa omisión para hacer cumplir los decretos de las áreas naturales protegidas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y otras leyes que protegen los bosques y selvas bajas caducifolias “que también están siendo arrasadas”.
Combate nada parejo
El combate al flagelo de la tala clandestina en la zona boscosa que comparten el municipio de Huitzilac, Morelos, y la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México no ha sido nada parejo.
En la capital, en octubre pasado, el Congreso local aprobó una reforma al Código Penal, por la que la pena contra quienes derriben, talen, destruyan o provoquen la muerte de árboles aumentó de seis a 20 años de prisión y estableció multas de entre seis mil y 10 mil Unidades de Medida y Actualización vigente (UMAs).
Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emprendió un combate frontal contra este delito, desde que estaba al frente Omar García Harfuch.
En 2023, la realización de 300 patrullajes y operativos en aserraderos ubicados en Santo Tomás Ajusco, San Miguel Topilejo y San Miguel Ajusco, dio lugar a la detención de 24 personas. Y en lo que va de este 2024 ya han sido detenidos cinco presuntos talamontes en las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta.
En cambio, del lado de Morelos las acciones en contra de las mafias que controlan el negocio de la madera en Huitzilac han sido prácticamente nulas, lo mismo que las políticas de prevención y control de incendios forestales, que también destruyen los bosques.
“En la parte de Morelos la autoridad ha sido omisa e inútil, les hemos dicho una y otra vez, son gente que no tienen el perfil, el interés, ni la capacidad de dirigir una Secretaría de Desarrollo Sustentable que realmente empuje por la conservación de la biodiversidad en el estado; en el caso de los incendios fue tardía su participación y eso lo dice la misma comunidad de Huitzilac”, sostuvo Flora Guerrero.
