La Portada | Cruz Azul, el botín interminable

Es tal la riqueza que integra la Cooperativa Cruz Azul, y tan poco de ella es pública, que todos sus directivos la convirtieron durante décadas en su propio botín. Ahora se suman al menos 11 de esos funcionarios que actualmente están en la primera línea de toma de decisiones, entre miembros del consejo, coordinadores, tesoreros y directivos, todos ellos han sido colocados en la mira de las autoridades.

Una nueva denuncia penal, a la que ejecentral tuvo acceso, revela que estos directivos hicieron lo mismo que quienes ya son perseguidos desde el año pasado: construir una administración fraudulenta destinada a extraer y apropiarse de los recursos de los cooperativistas, utilizando entre otros mecanismos empresas fachada, y compras o pagos de servicios que nunca existieron, simularon todo esto para desviar el dinero de la empresa a paraísos fiscales.

En concreto, los funcionarios que ahora dirigen la cooperativa, también crearon un esquema de delincuencia organizada en el que de manera directa o en complicidad, se beneficiaron y lavaron el dinero.

Lo que sigue, es que toda la infraestructura y recursos con los que cuenta la cementera sean asegurados por las autoridades, mientras indagan, para impedir que los cooperativistas sigan perdiendo sus recursos. Todo esto revelan las nuevas denuncias en contra de los actuales directivos y demás integrantes de la Cooperativa en poder de ejecentral.

Así, cual símil de la fatídica herencia del equipo de futbol, que llegó a acumular 23 años sin conseguir la victoria, las pruebas de que la Cooperativa Cruz Azul también adquirió un legado de corruptelas diseñadas y ejecutadas para mantener el sistemático desvío de recursos que a la fecha siguen mermando los derechos y beneficios de los cooperativistas.

A partir de conocerse los testimonios que sirvieron como pruebas para que en julio de 2020 un juez federal concediera las ordenes de aprehensión en contra de Guillermo Billy Álvarez Cuevas, exdirector general de la Cooperativa; así como de su cuñado y exdirector jurídico Víctor Manuel Garcés Rojo; los entonces directivos financiero y jurídico, Mario Sánchez Álvarez y Miguel Eduardo Borrell Rodríguez y el abogado externo, Ángel Martín Junquera Sepúlveda señalado de ser el artífice de este esquema de desvío, quedó al descubierto que había más involucrados. Tras analizar esas probanzas, los cooperativistas presentaron una nueva denuncia esta semana, por el contubernio o probable responsabilidad directa de quienes hoy se ostentan como directivos de la Cooperativa, incluso a quienes desempeñaron cargos clave para la administración y manejo de los recursos de la empresa.

Es así como en estas nuevas denuncias, mismas que fueron presentadas este miércoles ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se advierte la probable responsabilidad de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, actuales presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia respectivamente de la Cooperativa; así como otras nueve personas, incluyendo a José Alfredo Álvarez Cuevas, hermano de Billy Álvarez, en los delitos de administración fraudulenta y delincuencia organizada con fines de lavado de dinero.

114 mdp fueron desviados de la Cooperativa, según consta en una orden de aprehensión.

De denunciantes a inculpados

Luego de que a finales de julio del año pasado se dieron a conocer las órdenes de aprehensión en contra de Guillermo Billy Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Garcés Rojo, Mario Sánchez Álvarez, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, las declaraciones recabadas como datos de prueba para que un juez concediera los mandamientos judiciales en contra de quienes a la fecha permanecen como prófugos, sirvieron también para evidenciar la probable responsabilidad de quienes en su calidad de directores, administradores, consejeros, entre otros cargos, participaron, no impidieron o no denunciaron en su momento la comisión de las conductas delictivas.

Se trata de la responsabilidad penal por omisión, plantea el documento, que en el lenguaje jurídico se refiere al hecho de no impedir o no denunciar un evento delictivo; en este caso, la operación de una administración fraudulenta encaminada a desviar los recursos de la Cooperativa, no obstante, de existir la obligación jurídica de hacerlo, por lo que es equivalente a cometer el delito. En ese sentido las evidencias recabadas en las denuncias derivadas a partir de la solicitud de orden de aprehensión de julio de 2020 resultan contundentes, se asegura en los documentos.

José Antonio Marín Gutiérrez, actual presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, sostiene la querella, “consintió o toleró la realización de las operaciones financieras de que tuvo conocimiento, pese a saber que resultaban irregulares, incumplimiento de un deber de cuidado, lo cual se tradujo en el desvío ilegal e injustificado de recursos de la cooperativa”. Todo esto porque durante los periodos que presidió tanto el Consejo de Administración durante 2010 a 2012 y de 2013 al 2015, así como por su paso como presidente del Consejo de Vigilancia de 2015 a 2018, no actuó contra Billy Álvarez y sus cómplices.

De acuerdo con la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General capitalina, bajo los mismos señalamientos que se acusa a José Antonio Marín, se le imputa a Víctor Manuel Velázquez Rangel, quien fuera director comercial de la Cooperativa de 2014 a 2018. Fue hasta el 2 de julio de 2020, cuando al rendir su declaración ministerial como testigo dio cuenta de la forma de operar de sus excompañeros directivos, y dio detalles del esquema de desvío de recursos de la Cooperativa a través del pago a empresas fantasma, “pues en realidad se le pagaban supuestos servicios que en realidad eran inexistentes”. Antes nunca lo denunció y ahora, tras declarar, se convirtió en presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa.

Tanto José Antonio Marín Gutiérrez como Víctor Manuel Velázquez Rangel fueron reconocidos como presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia respectivamente el 21 de octubre del año pasado tras la resolución de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con la que se resolvió el recurso de apelación 530/2020, declarando como legal la asamblea de socios de la Cooperativa del 29 de septiembre de 2018.

Así, las declaraciones de ambos directivos detallaron el grado de participación de cada uno de los implicados en el esquema de desvío ideado presuntamente por el abogado Ángel Martín Junquera y operado bajo las órdenes de Guillermo Álvarez Cuevas, mediante el cual se desviaron los recursos materiales y financieros de la empresa, terminaron por mostrar la contradicción que implicó el que no cumplieran con su deber de cuidado y vigilancia de los bienes que adquirieron cuando asumieron distintos cargos y responsabilidades al interior de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, sostiene la denuncia que ahora hay en su contra.

Así, las comparecencias de quienes buscaron incriminar el grupo encabezado por el hoy prófugo Álvarez Cuevas terminaron por ser un arma de doble filo en contra de personas que además de formar parte del Consejo de Administración, tuvieron a su cargo el manejo de los recursos y las operaciones financieras de la Cooperativa.

15 empresas, consideradas como fachada o fantasma, fueron las utilizadas para simular las operaciones mediante la cual se despojó a la Cooperativa de los recursos de los socios.

Otros nueve beneficiados

De acuerdo con la denuncia penal, un caso especial es el de José Alfredo Álvarez Cuevas, hermano de Billy Álvarez, quien al haber ostentado el cargo de director comercial y de planeación estratégica en la época que su hermano, también consintió o toleró las operaciones fraudulentas que mermaron los recursos de los cooperativistas, este daño a Cruz Azul fue documentado por la Fiscalía General de la República quien obtuvo las órdenes de aprehensión contra los directivos que encabezaba Billy Álvarez.

Al igual que José Alfredo, dichas responsabilidades recaen también en contra de quienes se han erigido como los principales delatores de la red de complicidades. En esa lista entra María Alejandra Velázquez Paredes, funcionaria en la Cooperativa desde 1987 quien llegó a desempeñarse como tesorera general de la misma del 2000 al 2019, y formó parte del Consejo de Administración. Su declaración ministerial y pruebas aportadas sobre el uso de empresas fachada y la manera de operar el esquema sirvieron para documentar el probable desvío de, al menos, 114 millones de pesos de Cooperativa Cruz Azul, según consta en la orden de aprehensión de julio del año pasado.

Sin embargo, en la nueva denuncia revisada por este periódico se establece el probable incumplimiento del deber de María Alejandra Velázquez en el cuidado de los recursos, ya que con base en los cargos que desempeñó como la encargada de formalizar las operaciones financieras y los movimientos bancarios en las cuentas de la Cooperativa, como ella misma lo reconoce en su comparecencia ministerial de marzo de 2020, se acredita su probable responsabilidad en los mismos delitos de los que se señala a la organización liderada por Álvarez Cuevas. Es decir, desde hace más de 30 años conoció de la estructura de Cruz Azul, y durante 19 años fue responsable directa de distintas operaciones administrativas, pero fue hasta el año pasado que los denunció. Aunque de acuerdo con la ley debió haberlo hecho hace por lo menos cinco años y al haberlo omitido, se convirtió en cómplice.

“Dentro de mis funciones principales como tesorera, eran controlar todos los ingresos de la Cooperativa y pagar a sus superiores y prestadores de servicios”, es así como Velázquez Paredes relató a detalle la manera en la que como tesorera general de la Cooperativa, concretamente durante el lapso de 2015 a 2019, “pude ver que existían varias autorizaciones de transferencias de pago por fuertes cantidades de dinero, relacionadas con servicios que en realidad no fueron prestados, las cuales habían sido dadas directamente para el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mismas que no seguían el proceso interno de la empresa”, ya que a decir de la extesorera el entonces director general “instruía el pago vía transferencia de supuestos servicios a empresas o consultoras que nunca los prestaron”.

El señalamiento de María Alejandra Velázquez, así como del resto de los imputados en la denuncia reflejan la evidente comisión de otras conductas ilícitas, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas, luego de que desde el año 2013 a Guillermo Héctor Álvarez se le notificó la sentencia del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la CDMX, a través de la cual quedó asentado que carecía de facultades como director general, lo cual fue ratificado en mayo de 2019 cuando en sesión del Consejo de Administración se le destituyo del tal cargo, siendo el Consejo de Administración el Órgano supremo

de la Cooperativa La Cruz Azul.

En la misma circunstancia se encuentra Juan Manuel Briseño González, tesorero de la Cooperativa de 2003 a 2014, y director financiero durante el periodo de 2014 a 2016, quien teniendo entre sus funciones el cuidado de la economía de la empresa y el flujo de efectivo, consintió y formalizó las operaciones financieras de desvío de recursos, mediante la realización de diversos movimientos bancarios en las cuentas de la Cooperativa, se asegura en la denuncia.

Briseño González, quien siendo director financiero tanto de la Cooperativa como del club de futbol, fue detenido en diciembre de 2015 acusado por los delitos de fraude, extorsión y amenazas a partir de la denuncia del abogado Eugenio Olvera y que lo acusó de haber simulado el pago de sus honorarios con cheques sin fondos, reconoció en su declaración del 25 de marzo de 2020 las responsabilidades que en él recaían como tesorero general.

Entre sus declaraciones destaca el propio Juan Manuel, al igual que con María Alejandra Velázquez, que cuando ocupó dicho cargo, tenía a su cargo el manejo y control del flujo de efectivo de la empresa; y como director financiero, las responsabilidades de planeación y control de las finanzas de Cruz Azul y empresas del grupo, “de mí dependían diversas áreas como impuestos, contabilidad general, compras, tesorería y crédito y cobranzas”, reconoció el hoy imputado.

Juan Manuel Briseño forma parte del grupo encabezado por Guillermo Álvarez Cuevas, en el que también figuran los exdirectores jurídico Víctor Manuel Garcés Rojo y Miguel Eduardo Rodríguez Borrell señalado, de acuerdo a las pesquisas, como el encargado de supervisar el esquema diseñado para cometer los delitos por el abogado externo de la Cooperativa Ángel Martín Junquera.

Cabe recordar que el litigante, como lo reveló en marzo de 2020 ejecentral a través del reportaje ‘Martín Junquera, el mago del Cruz Azul’, fue el artífice de la red de corrupción a través de la cual se desviaron miles de millones de pesos de la Cooperativa mediante el uso de empresas fachada y fideicomisos fraudulentos, de acuerdo a la acusación que existe en su contra y por la que la Fiscalía General de la República obtuvo la orden de captura contra los directivos de la Cooperativa.

En el mismo grupo se encuentra Mario Sánchez Álvarez, sobrino de Billy Álvarez, quien en su desempeño como coordinador financiero también se encargó de dar el visto bueno a las operaciones financieras y de realizar los movimientos bancarios en las cuentas de la Cooperativa.

Junto con Briseño González, Mario Sánchez aparece implicado en la carpeta de investigación de la que se libró una orden de aprehensión federal por los delitos de operaciones con recursos de procedencia Ilícita, también conocido como lavado de dinero y de falsificación o alteración de moneda.

Conveniente silencio

Junto con Juan Manuel Briseño, María Alejandra Velázquez, así como los actuales directivos Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín, en las denuncias a las que este periódico tuvo acceso también figuran Jorge Cruz Romero y Héctor Lara Avendaño. El primero, como segundo vocal del Consejo de Administración y al haber ocupado distintos cargos en las áreas de optimización, “consintió la realización de las operaciones financieras a pesar de saber que eran irregulares”.

Mientras que Lara Avendaño, como integrante del Consejo de Administración en el periodo de 2010 a 2012 y como titular de la Comisión de Conciliación y Arbitraje, además como secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa, al igual que los otros imputados, habría consentido o tolerado dichas operaciones financieras que finalmente derivaron en el desvío ilegal e injustificado de recursos de la Cooperativa, que a la fecha se desconoce un monto preciso, ya que como queda señalado en las declaraciones tanto de Cruz Romero como de Lara Avendaño, el destino del dinero de los socios fue a dar a paraísos fiscales, sin que a la fecha se cuente con una auditoría para determinarlo.

Respecto a las pruebas aportadas en referencia al contubernio familiar que habrían implicado las operaciones de los familiares y parientes políticos de Billy Álvarez, en la declaración que Héctor Lara rindió el 28 de mayo del año pasado se puso en evidencia el control que mantenían personajes como José Alfredo Álvarez Cuevas, implicado en la denuncia por administración fraudulenta; así como del cuñado de los hermanos Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Garcés Rojo quien llegó a ser director jurídico de la Cooperativa, hasta que en 2011 fue excluido de la misma.

“Al final del día, la realidad dentro de la Cooperativa es que estas tres personas que además son familia, junto con un pequeño grupo de seguidores y algunos ajenos a los socios de la Cooperativa, han mantenido el control de la Cooperativa y del Club de Futbol en perjuicio de todos los socios”, sostuvo Lara Avendaño.

Quien al igual que Delfino Pérez Rivero —actual presidente de la Comisión de Conciliación y Arbitraje, designado en dicho cargo en la misma asamblea general extraordinaria en la que habrían sido ratificados Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín— figuran en la denuncia interpuesta ayer, miércoles, ante la Fiscalía General de la Ciudad de México, por el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero.

Según la querella, Pérez Rivero como socio y responsable del plan comercial y mercadológico del Centro Comercial Cruz Azul, S.A. de C.V., también habría avalado o por lo menos fue omiso de las operaciones de desvío de las que por su posición debió tener conocimiento.

Es así que María Alejandra Velázquez, Jorge Cruz Romero, Héctor Lara Avendaño, Víctor Manuel Velázquez Rangel, Juan Manuel Briseño González y Juan Antonio Marín Gutiérrez reconocieron ante la autoridad ministerial que por años tuvieron conocimiento de la forma de operar de esta estructura delictiva, ante la cual “guardaron un extremo y conveniente silencio”, subraya la denuncia.

Y aun cuando en sus propias declaraciones, algunos de los antes señalados alegan haber sido víctimas de hechos o acciones de carácter intimidatorio por parte de Álvarez Cuevas y otros directivos de quienes se libró la orden de aprehensión de julio de 2020, esos señalamientos a la fecha no han sido probados de manera fehaciente; ya que no han aportado pruebas específicas de cómo se llevaron a cabo esas amenazas, su probable responsabilidad resulta innegable. Debido a que “moral y legalmente estaban obligados a formular las denuncias penales respectivas, haciendo valer las obligaciones y los derechos a que aluden las bases constitutivas de la Sociedad Cooperativa la Cruz Azul, por lo que incumplieron lo relativo a proteger y velar personalmente por los intereses de la misma y el bienestar o sano desarrollo de sus negocios”, detalla la denuncia.

De esta manera el documento expone los elementos que constatan la posible coautoría de Juan Manuel Briseño González, María Alejandra Velázquez, Jorge Cruz Romero, Héctor Lara Avendaño, Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez en cuanto a lo que hace a la denuncia interpuesta en la FGR por el delito de delincuencia organizada con fines de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues “existe constancia de que tres personas o más intervinieron de manera conjunta en la realización” del probable delito, y que “la voluntad de realización del injusto fue conjunta”.

En tanto que en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX respecto al delito de administración fraudulenta y lo que resulte, también presentada el miércoles 11 del mes en curso, se señala a los antes mencionados, así como a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, su hermano José Alfredo Álvarez Cuevas, Miguel Eduardo Borell Rodríguez, Mario Sánchez Álvarez y Delfino Pérez Rivero.

›En ambas denuncias se advierte que las acusaciones pesan sobre personajes que actualmente se mantienen en funciones de dirección y administración, empezando por los casos de Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, actuales presidentes del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia; a quienes se suma el hoy secretario del Consejo de Vigilancia Héctor Lara Avendaño y Delfino Pérez Rivero designado desde el pasado 5 de abril como presidente de la Comisión de Conciliación y Arbitraje.

“…Se realizó la protesta y toma de posesión de los Consejos y las Comisiones electas, quienes velarán por cumplir y hacer cumplir la Ley General de Sociedades Cooperativas, las bases constitutivas de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. así como desempeñar sus funciones rigiéndose en todo momento por los principios de honestidad, legalidad y transparencia”, señalaba hace apenas tres meses la dirigencia de Velázquez Rangel y Marín Gutiérrez.

Al señalar que la conclusión de dicha asamblea, en la cual presumieron haber sido elegidos con el 99.79% de los votos de los socios significaba “el final de un ciclo de varias décadas en el que un grupo hizo de la corrupción y el saqueo de los bienes de nuestra cooperativa una práctica común (…) El compromiso de los consejos designados el día hoy, es regresar la grandeza a La Cruz Azul y hacer de nuestra Cooperativa una de las empresas más importantes de México”, sentenciaban en el boletín en el que reconocían contar con la participación de unos 481 socios, equivalente al 68.3% de quienes integran la Cooperativa Cruz Azul.

En contraste y derivado de sus declaraciones, las funciones y responsabilidades que reconocieron desempeñar, y algunos de ellos aún en funciones, la denuncia formaliza la probable responsabilidad de al menos 11 personas señaladas, quienes durante los años de 2011 a 2017 reiteradamente “ejecutaron conductas que por sí mismas tenían como finalidad cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, estableciendo funciones de dirección, supervisión, identificación de mandos jerárquicos, división de tareas y reparto de roles”.

Que teniendo como superior jerárquico al ahora prófugo director general Guillermo Álvarez Cuevas, señalado de haber ordenado las transferencias y demás operaciones financieras, los hoy imputados terminaron por acatar sus instrucciones y, a su vez, ellos mismos daban las indicaciones pertinentes a sus subordinados de las áreas correspondientes, pese a estar al tanto de la ilegalidad de los hechos y sus consecuencias, sostiene el documento.

“Todos los mencionados sabían que formaban parte de una organización dedicada a realizar, en los términos precisados, delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual funcionaba de forma reiterada y permanente, y ante ello, tuvo cada uno la decisión final de pertenecer o no a tal organización, queriendo finalmente el resultado típico descrito por la ley”, concluye la denuncia.

Como parte del proceso de la querella, ante la imposibilidad de conocer los bienes que integran la Cooperativa Cruz Azul y el uso que se está dando de ellos, ya que no se ha convocatoria para una asamblea en la que se informe a los cooperativistas de la situación administrativa de la misma y de los resultados de la auditoría que prometieron hacer, se pedirá a las autoridades que asegure todos los bienes y se disponga de un administrador, en tanto se llevan a cabo las investigaciones, ya que existe la sospecha de que se sigue utilizando el mismo modus operandi de fraude.

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