La Portada | ¿Controla el narco a Morelos?

Morelos está sometido por la delincuencia organizada. El Ejército así lo cree y al menos desde hace tres años ha ido descifrando las redes de vínculos en la entidad. Pocos se salvan. Desde autoridades estatales, municipales e incluso federales, incluyendo una larga lista de jueces y magistrados, los militares tienen sospechas sobre su relación con los diferentes grupos criminales asentados en la entidad, donde además se libra una sangrienta batalla por el control territorial.

Documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los que ejecentral tuvo acceso, revelan que, aunque son seis los municipios, incluyendo la capital del estado Cuernavaca, los principales focos rojos por su alto nivel de criminalidad, en al menos el 70% de la entidad hay pugnas violentas vigentes.

Sin considerar las células o bandas locales que detonan la incidencia de delitos como la extorsión o los secuestros, los informes militares apuntan a seis principales organizaciones criminales con quienes autoridades policiales, judiciales, legisladores y hasta integrantes del principal círculo del gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco, mantienen vínculos directos.

El engranaje de esta red que desde 2019 fue elaborada por el área de inteligencia de la Secretaría de la Defensa y que se continúa alimentando, ubica la presencia de organizaciones como Los Rojos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Guerreros Unidos, entre otros.

Y coloca a funcionarios y políticos tanto de la actual administración, como de la anterior a cargo de Graco Ramírez, como personajes que tienen vinculación y sirven a algunos de esos grupos.

De acuerdo con este diagnóstico sobre la situación delictiva en la entidad, los documentos indican que los grupos criminales tendrían a su servicio toda la cadena de seguridad y justicia de Morelos.

En esa cadena, uno de los funcionarios que sobresale, es el fiscal general de justicia, Uriel Carmona Gándara, quien ha sido investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y denunciado públicamente desde hace tres años por diversos delitos, entre ellos corrupción y su presunta vinculación con grupos criminales como Los Rojos.

Ahora, el crimen de Ariadna Fernanda pone los focos de atención en Morelos y desnuda un estado en el que todo indica que son los narcos, con una estela de otros ilícitos, los que mantienen el control.

Pugnas y complicidades

De acuerdo con la información del Ejército, la ubicación tan cercana a la capital del país y sus conexiones con el centro y sur del país, convierten a Morelos en un punto estratégico para el trasiego de insumos ilícitos para la producción de drogas, armas y recursos; así como de consumo y lavado de dinero, por ejemplo. Históricamente había sido un punto neutral para los grupos del narcotráfico, como zona de negocios, de descanso y de reuniones.

Pero eso se transformó en los últimos 10 años. La operación de grupos locales que cobraron fuerza al dedicarse a las extorsiones y secuestro, entró en conflicto con grupos más poderosos que necesitan el paso por la entidad para la conexión de sus negocios.

La disputa criminal por el control territorial de Morelos abarca prácticamente toda la entidad, pero hay municipios en los que la confrontación es más evidente. En el caso de Los Rojos o Gente Nueva, que a pesar de la captura en agosto de 2019 de su principal líder, Santiago Mazari Hernández El Carrete, la organización mantiene un amplia presencia y nexos con otros grupos criminales y autoridades.

Aliados de Los Marquina, también conocidos como el Cártel de la Sierra, asentados en Guerrero, Los Rojos mantienen disputadas en Miacatlán, Coatlán del Río, Tetecala, Mazatepec, Amacuzac, Puente De Ixtla, Zacatepec, Jojutla y Tlaquiltenango, así como en el municipio guerrerense de Heliodoro Castillo, en los que sus principales rivales son células al servicio del CJNG, como el grupo liderado por José Antonio Valdez Chapa alias El Señor de la V; los Guerreros Unidos, y el grupo conocido como Los Linos, a cargo de Lino Sotelo Adame El Lino.

Con presencia en casi toda la región sur del estado, Los Rojos cuentan con el respaldo tanto de exalcaldes como de presidentes municipales en funciones y sin distinción de color partidista, elegidos apenas en la elección del 6 de junio del año pasado.

Según los informes de la Sedena, entre los presidentes municipales en funciones con posibles vínculos delictivos con Los Rojos se encuentra el morenista Juan Ángel Flores Bustamante, alcalde de Jojutla; la presidenta municipal del PRI en Mazatepec, Maximina Trinidad Pérez Coria; el alcalde de Coatlán del Río Celso Nieto Estrada, quien se convirtió en el primer edil en ganar una elección por la vía independiente.

Pero en cuanto a los municipios de la región oriente del estado, donde afianza una mayor presencia las células al servicio de los Guerreros Unidos y el Jalisco Nueva Generación, cuyo principal liderazgo se vio afectado con la muerte de Raymundo Isidro Castro Salgado El Ray, en octubre de 2019.

Sin embargo, el margen de maniobra de El Ray o El Ratón era amplio, ya que según los documentos logró forjar vínculos entre el CJNG y al menos seis alcaldes de la zona oriente, incluyendo a los actuales presidentes municipales de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez; el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes; así como con el actual senador, Ángel García Yánez, quien además tendría nexos con otros cinco jefes criminales y grupos afines al CJNG y los Guerreros Unidos, según los informes de inteligencia.

Los números de la muerte

Las pugnas entre dichos grupos y la colusión con las propias autoridades ha despuntado el nivel de violencia homicida en la entidad, así como la incidencia de otros delitos de alto impacto, particularmente en los municipios de Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata, Cuautla, Yautepec y Jiutepec.

Muestra de este incremento de la violencia es el hecho de que en los primeros tres años del gobierno de Cuauhtémoc Blanco la cantidad de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil personas aumentó un 12 %, al pasar de una tasa de 50.38 en 2019 a una de 56.42 con las que cerró el 2021.

En cuanto a los feminicidios, Morelos también se destaca por una alta incidencia de casos que superan la media nacional. De enero a octubre de este año la entidad registra una tasa de 2.61 víctimas por cada 100 mil mujeres, superior a la tasa de 2.26 con la que cerró en 2021, con lo cual se ubica como el tercer estado, sólo por debajo de Colima y Nuevo León, con la mayor cantidad de mujeres asesinadas por motivos de género a nivel nacional.

Con una tasa de víctimas de homicidio intencional que en los primeros 10 meses de este 2022 alcanza en Morelos un 40.62, superior en un 168 % a la media nacional de muertes violentas, la entidad se ubica al igual que Colima, Sonora y Nuevo León como los estados con más asesinatos en el país, pero que no son considerados en los “estados prioritarios” por la estrategia de ‘pacificación’ del gobierno federal.

Ante el recrudecimiento de hechos violentos de alto impacto, como el asesinato de la diputada estatal, Gabriela Marín Sánchez, ocurrido el mes pasado, cuando apenas en julio pasado había rendido protesta como legisladora de la LV Legislatura en el Congreso de Morelos, y cuyo móvil del crimen fue señalado por el fiscal del estado a “intereses políticos”.

Aunado a ello, Morelos se ubica entre los siete estados con la mayor cantidad de asesinatos de periodistas, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha refrendado su apoyo y confianza al gobernador.

Y aunque va en aumento el descontento y la preocupación generalizada de la ciudadanía por la situación de inseguridad y violencia que impera en el estado. Al grado de que, en su última visita al estado del mes pasado del presidente López Obrador, integrantes de la Asamblea de Pueblos de Tepoztlán le manifestaron su rechazo al gobernador y entre abucheos y reclamos en su contra exigieron su renuncia, el mandatario se ha dicho satisfecho con el desempeño del exfutbolista.

“Total apoyo al gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, porque todo mundo sabe que allá le han hecho la vida imposible en lo político”, reiteró esta semana el mandatario en su habitual conferencia de Palacio Nacional.

Autoridades al servicio ¿del crimen?

El deterioro institucional en Morelos resulta evidente, y una de sus principales manifestaciones es la confrontación que mantienen vigente el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, con el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, quien se mantiene en el cargo desde la anterior administración a cargo del perredista, Graco Ramírez Garrido Abreu.

›La polémica generada por la muerte de la joven Ariadna Fernanda, quien fue hallada en Tepoztlán y el dictamen forense de la Fiscalía estatal a cargo de Carmona Gándara determinó que no hubo indicios de violencia, lo cual fue reprochado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien acusó al fiscal morelense de haber encubierto deliberadamente el feminicidio de Ariadna.

El señalamiento contra Uriel Carmona se suma a una amplia lista de opacidades entorno a él, que incluyen desde investigaciones por diversos delitos en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y su probable vinculación, al igual que otros funcionarios, con integrantes de la delincuencia organizada. No obstante, el fiscal ha reiterado su postura de no renunciar al cargo.

Dentro de esos presuntos nexos, la información de inteligencia de la Defensa Nacional señala el vínculo entre el fiscal Carmona Gándara con la diputada local por el PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, ambos señalados en los informes castrenses por vínculos con Los Rojos.

Informes judiciales que se dieron a conocer públicamente en mayo de 2018 dieron cuenta que la propia Tania Valentina, entonces líder del PT en el estado, vendió una candidatura de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) a Alfonso Gabriel Miranda Gallegos, detenido durante el proceso electoral de ese año por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y contra la salud; así como sus vínculos con Los Rojos. Aún así ganó la presidencia municipal de Amacuzac y desde el Cefereso de Durango, hasta donde fue recluido, tomó protesta en el cargo y ejerció sus funciones como alcalde.

Al igual que el fiscal general y sus probables vínculos con Los Rojos, otros funcionarios del primer nivel que también son señalados en los informes se encuentra el exjefe de la Oficina de la Gubernatura de Blanco, José Manuel Sanz Rivera; así como el exsecretario de Gobierno del estado, José de Jesús Guizar Nájera. El primero ha negado públicamente esta relación y ha declarado que, por el contrario, es una persecución en su contra por no prestarse a irregularidades.

Otros exlegisladores y funcionarios incluidos en esa red de vínculos criminales, además del senador Ángel García Yáñez, también incluyen al expresidente de la Cámara de Diputados del estado y actual secretario de Desarrollo Social, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez; también se le relaciona al actual secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, exconsejero jurídico del estado, con Los Rojos; al igual que la exdiputada priista, Rosalina Mazari Espín.

Redes de protección

El manto de protección hacia los grupos delincuenciales en Morelos no sería posible sin el contubernio que les otorgan presidentes municipales, líderes políticos, autoridades y empresarios, de acuerdo con la red de vínculos elaborada por el Ejército. De esta manera el ámbito judicial también se ubica en el foco de complicidades que advierte la Sedena en el estado.

Las resoluciones de jueces y magistrados que han determinado las liberaciones de integrantes y jefes criminales “por falta de pruebas”, e incluso la actuación de organismos supuestamente defensores de las leyes como el Foro Morelense de Abogados y su extitular, Javier Rene Alderete Vique; así como el Centro Integral de Capacitación en Litigio Oral que encabeza actualmente el abogado Pedro Martínez Bello, también resultan personas de interés para la Secretaría de la Defensa, por sus posibles nexos con el crimen organizado.

El mapeo que hace la Sedena abarca al menos una decena de casos en los que la actuación de unos 23 juzgadores y magistrados generó sospechosas en la inteligencia castrense, entre los cuales se encuentra el juez oral, Javier Romero Ulloa, sobre quien el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, confirmó recientemente que había investigaciones administrativas sobre sus posibles nexos criminales.

En esa misma lista también se incluye al antecesor de Romero Ulloa al frente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, quien pretendió reelegirse en el cargo tras 14 años de servicio, y fue acompañado por el gobernador en su informe de labores el 17 de mayo pasado.

La actual jueza de primera instancia, Yaredi Montes Rivera; la jueza, Nancy Aguilar Tovar, integrante de la Asociación de Jueces Orales de Morelos; la jueza Leticia Damián Avilés, quien actualmente es presidente la Comisión de Honor y Justicia; y el abogado particular y socio en el Centro Integral de Capacitación en Litigio Oral, César Ricardo García Bravo, también figuran entre los juristas señalados.

“En el Poder judicial del estado de Morelos, al menos 12 jueces que por hipergarantismo y/o corrupción liberan a delincuentes judicializados por delitos de alto impacto. Se han documentado 17 casos en los que por errores judiciales en las sentencias se han dejado en libertad a 46 secuestradores y un extorsionador, los fallos absolutorios han sido revocados a través de apelaciones y amparos”, se indica en el informe militar con base en la información de las carpetas de investigación.

La magnitud de la complicidad que identifica la Sedena en cuanto al respaldo judicial es tal que en sus informes identifican la relación sentimental entre la jueza Yaredi Montes y el extitular del Foro Morelense de Abogados, Javier Rene Alderete, quien a su vez fungió como abogado de integrantes del llamado Comando Tlahuica.

Dicho grupo criminal, dedicado entre su abanico de actividades a la operación del sistema de agua potable de Cuernavaca y la zona oriente y también se les atribuye el asesinato del activista, Samir Flores Soberanes; tienen su origen en 2018, y desde entonces han ido expandiendo sus operaciones por el estado.

Su líder, Homero Figueroa Mesa, junto con Irving Eduardo Solano alias El Profe o El Gato, jefe del CJNG en la entidad, así como el hoy fallecido, Raymundo Isidro Castro Salgado El Ray, otrora líder de la misma organización, entre otros líderes delictivos fueron evidenciados a principio de año en una foto donde posan abrazados por el actual gobernador del estado, quien justificó el hecho al referir que no le puede negar una foto a nadie, aunque no lo conozca. Para el Ejército, no hay duda de que El Profe, El Gato y El Ray, forman parte de un grupo criminal.

“En el proceso electoral también me sacaron una fotografía con el hijo de El Chapo. Yo no sabía ni quién era, pero como soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo, no le voy a negar la foto a nadie porque soy una persona que viene de abajo”, refirió el mandatario morelense a inicios de este año en una conferencia por su visita a la 24 Zona Militar de la Sedena, instancia que desde entonces a la fecha ha mantenido un marcaje focalizado de su gabinete, autoridades y los políticos en la entidad.

Los documentos de inteligencia del Ejército que comenzaron en 2019 se han ido ampliando hasta acumular al menos 57 nombres de funcionarios y exfuncionarios, ubicados en puestos clave de los gobiernos municipal, estatal y federal con residencia en el estado. Sin embargo, carece de información sobre el seguimiento a operaciones financieras, las cuales sólo se mencionan. A pesar de tener esta información, la detención de los presuntos criminales en esta red de complicidades, aún no se ha consumado, y las cifras de inseguridad e impunidad continúan a la alza.