La Portada | Conacyt tuerce licitación

Empresas que participaron en la licitación de un contrato por hasta 53 millones de pesos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusaron a la institución de pretender beneficiar a compañías específicas, y para ello utilizaron prácticas que limitan la competencia y la libre participación.

El caso no es menor. El 12 de diciembre pasado, el organismo que encabeza María Elena Álvarez Buylla lanzó la Licitación Pública Nacional número LA-03890X001-E73-2022, mediante la cual buscaba contratar a una empresa que brindara “seguimiento técnico y administrativo” al proceso de extinción de 65 fideicomisos de apoyo a la investigación en ciencia y tecnología, cuya conclusión se decretó el 6 de noviembre de 2020.

La firma debía otorgar el mismo servicio de “seguimiento técnico y administrativo” a los apoyos y becas otorgados por el Consejo como parte del Programa Presupuestario F003 “Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado”.

Pero de última hora y sin previo aviso, el Conacyt modificó los requisitos marcados en la convocatoria original y decretó la licitación como desierta, con lo que anuló la participación de empresas que habían cubierto los requerimientos estipulados en la primera versión.

La extinción de fideicomisos

En el caso del primer servicio que la empresa elegida debe otorgar, la convocatoria de la licitación establece en la sección de Términos de Referencia que “los 65 fideicomisos aún cuentan con compromisos y obligaciones previamente adquiridos. En particular, se debe continuar con el seguimiento de 10 mil 603 proyectos vigentes, ya sea porque se encuentran en desarrollo o bien, porque todavía están pendientes de ser evaluados en sus ámbitos técnico y administrativo. Cabe señalar que actualmente 35 fideicomisos ya han transferido sus obligaciones al Conacyt, y los restantes lo harán una vez que den cumplimiento a lo establecido en el decreto del 6 de noviembre de 2020”.

Sobre el Programa Presupuestario F003, el mismo apartado de la licitación señala que éste tiene como objetivo “el fomentar el avance del conocimiento universal, incluyendo la investigación de frontera en todas las áreas y campos del saber, así́como el desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, mediante apoyos para la generación, desarrollo y consolidación de las capacidades sectoriales, locales, estatales, regionales y nacionales en la materia, así también articular y orientar dichas capacidades para que incidan en la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales y de asuntos estratégicos o prioritarios de interés público nacional o de atención indispensable para garantizar que los beneficios públicos del progreso científico y tecnológico redunden en el fortalecimiento de la soberanía nacional, el desarrollo integral del país, el cuidado y restauración del medio ambiente, y el bienestar del pueblo de México”.

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Por estos servicios el Conacyt y la empresa ganadora firmarían un contrato cuyo monto oscilaría entre los 21 millones 200 mil pesos y los 53 millones de pesos.

Información a la cual tuvo acceso ejecentral indica que los licitantes expusieron sus quejas porque en el proceso de contratación se presentaron presuntas anomalías, como cambios en los requisitos de la licitación sin que el Conacyt presentara argumentos técnicos o jurídicos para ello. La ley en la materia prohíbe estos ajustes.

Motivos de la inconformidad

Una de las quejas de los participantes (cuya identidad se reserva bajo petición, pero que se corroboró plenamente) radica en que la licitación LA-03890X001-E73-2022 que lanzaron el 12 de diciembre en CompraNet, pero no fue sino hasta el 15 de diciembre en que un resumen de la misma se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Los inconformes señalan que este retraso entre una publicación y otra contraviene lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que ordena simultaneidad entre ambas acciones.

“La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó en CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria”, establece dicho artículo.

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Por otro lado, las empresas inconformes afirman y documentaron que durante la Junta de Aclaraciones, llevada a cabo el 19 de diciembre, se modificaron los requisitos que los participantes debían cumplir, sin que existiera justificación técnica o jurídica para ello.

Por ejemplo, en la convocatoria se establecía que “el licitante deberá́presentar mínimo un contrato de servicio celebrado con institución pública o privadas completos, legibles, firmados cuya formalización hubiera sido dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones”.

Sin embargo, en la Junta de Aclaraciones, ante una pregunta hecha por una de las empresas interesadas, el Conacyt modificó este criterio y en su respuesta oficial señaló: “Se aclara que para la experiencia el número de años a acreditar será de 10 años, y a partir del máximo de años se otorgará el puntaje de acuerdo a una regla de tres; y para especialidad se requerirá máximo 10 contratos, uno por año, y a partir del máximo de años se otorgará el puntaje de acuerdo a una regla de tres”.

Limitaciones arbitrarias

Para las empresas inconformes, este cambio limitó la participación al cambiar el requerimiento original y establecer una experiencia superior a la exigida por el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que estipula:

“Las dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública requisitos que limiten la libre participación de los interesados, tales como: experiencia superior a un año, salvo en los casos debidamente justificados que autorice, en forma expresa, el titular del área requirente, indicando las causas que motiven dicha autorización. De establecerse este requisito, invariablemente se precisará la forma en que deberá acreditarse y cómo será evaluado.”

En la misma Junta de Aclaraciones (de cuya acta ejecentral posee copia y que firmó Fernando Hernández Flores, director de Recursos Materiales y Servicios Generales; Alejandro Martínez Cruz, jefe de Departamento de Adquisiciones y Comités; Eva María Simancas Cruz, directora de Administración e Información de Fondos Conacyt, y Adriana Martínez Jiménez, representante del Órgano Interno de Control) hubo otro cambio.

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En la convocatoria original se estableció que el licitante debía acreditarse en “ISO 9001:2015 o Great Place To Work, ISO 27001 o similares. También se considerarán las acreditaciones que tenga el personal propuesto, como son las del coordinador u operativo en certificaciones sobre el dominio y aptitudes para la prestación del servicio relacionados con la administración y gestión de proyectos o certificaciones similares”.

Sin embargo, tras una propuesta de uno de los interesados, el Consejo decidió que ahora solicitaría todas las certificaciones “sin opción a las acreditaciones que tenga el personal propuesto”. No se expresó el fundamento de esta modificación.

El 30 de diciembre la Licitación Pública Nacional número LA-03890X001-E73-2022, para la prestación del “Servicio especializado para el apoyo en el seguimiento técnico y administrativo de los proyectos que han sido transferidos al Conacyt en cumplimiento al decreto publicado el 6 de noviembre de 2020 que mandata la extinción de los Fideicomisos de Ciencia y Tecnología, así como los aprobados por el Programa Presupuestario F003 ‘Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado’” fue declarada desierta, bajo el argumento de que “ninguna de las propuestas recibidas no cubren los requisitos solicitados en la convocatoria (sic)”.

Segunda licitación

No obstante, el 12 de enero el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lanzó la licitación LA-38-90X-03890X001-N-1-2023, para la contratación de mismo servicio de “seguimiento técnico y administrativo” al proceso de extinción de los fideicomisos y los apoyos y becas otorgados por esta dependencia como parte del Programa Presupuestario F003.

En este nuevo proceso se oficializaron los cambios que en la pasada licitación se realizaron durante la Junta de Aclaraciones.

Por ejemplo, que el licitante deberá acreditar “por medio de documento que ampare las tres certificaciones ISO 9001:2015, Great Place To Work y ISO 27001.”

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›Asimismo, “el licitante deberá presentar diez contratos de servicio celebrados con institución pública o privadas completos, legibles, firmados cuya formalización hubiera sido dentro de los últimos diez años anteriores a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones”.

Y que “el licitante deberá acreditar el mayor número de contratos de servicio con las características y condiciones similares a los requeridos en el procedimiento de contratación, para lo cual deberá presentar diez contratos de servicio con institución pública o privadas, legibles, cuya formalización hubiera sido dentro de los últimos 10 años, concluidos antes del acto de presentación y apertura de proposiciones”.

De acuerdo con esta nueva convocatoria, el fallo se emitirá el próximo 30 de enero y la prestación del servicio deberá iniciar al día siguiente, el primero de febrero, con un costo que en este caso rondará entre los 29 millones 280 mil pesos y los 48 millones 800 mil pesos.

Sospechas

En sus recursos de inconformidad presentados ante la Secretaría de la Función Pública, las empresas advierten que “todo lo anteriormente expuesto sustenta que el fallo emitido por la convocante (Conacyt) no sólo no se apega a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sino que existen imprecisiones en el procedimiento y en los documentos generados”.

Además de solicitar que suspenda el fallo emitido por el Conacyt en el que declara desierta la primera licitación y de evitar que se concrete el segundo proceso de licitación, sin antes haber desahogado las pruebas, las empresas inconformes piden que en caso de encontrar elementos suficientes en el informe que rinda la convocante “se dé parte a la Fiscalía por posibles actos constitutivos de delitos”.

Este periódico solicitó al área de Comunicación Social una entrevista para conocer la versión del Conacyt, pero hasta el cierre de la edición no se concretó.