El mensaje llegó después de medio día al celular: “No vayan por la autopista, está cerrada. Hay balazos”. Un familiar avisaba así a un transportista que no tomara la autopista Las Choapas-Ocozocoautla (que este año fue inaugurada), porque una vez más se reportaba presencia de grupos armados.
Ocurrió el mes pasado, en junio, allá en Chiapas, y es la forma en que las familias se avisan del peligro. Pero ya no es extraño que se den asaltos, cierres de la carretera con transportes a los que prenden fuego o que haya un enfrentamiento entre grupos criminales o con fuerzas federales. Ni en esa autopista, ni en la carretera Panamericana ni en las principales ciudades ni en la sierra chiapaneca.
Y no es extraño y el gobierno está preocupado, tanto, que Chiapas se ubica como la tercera entidad del país, sólo por debajo de Sinaloa y Veracruz, con el mayor despliegue de Fuerzas Armadas.
No es para menos, los informes de inteligencia del gobierno federal, a los que tuvo acceso ejecentral, muestran dos cosas: que la cocaína ya se siembra en la zona de Chiapas, pues han encontrado rastros de la hoja y su trasiego desde la sierra.
Lo segundo, es que la pelea entre grupos criminales no es por algo simple, es por controlar la ruta panamericana que conecta desde Sudamérica hasta Canadá, y que con las obras del gobierno lopezobradorista se bifurcan al Golfo y al Pacífico del país con la conexión por carretera con Veracruz y Tabasco; además del tren Transístmico que recorre el Istmo de Tehuantepec. En suma, la pelea es por asumir el control de municipios y zonas que permiten esa conexión para utilizar las rutas para el trasiego de drogas, secuestros, tráfico de personas, de armas y de maderas preciosas, entre muchos delitos.
Adicionalmente, las oficinas que elaboraron uno de esos reportes también plantean una preocupación mayor, a diferencia de otros estados, porque el fenómeno criminal en Chiapas involucra más elementos: una riqueza ecológica y de recursos minerales; una gran desigualdad social, discriminación, enfrentamientos ejidales, una gran diversidad étnica; así como la presencia de guerrilla, guardias blancas o paramilitares, kaibiles, pandillas como las Maras, y un enorme crecimiento de la migración y la poca efectividad en la persecución de delitos locales.
Los documentos fueron elaborados el año pasado, cuando comenzaron a mostrarse con mayor fuerza hechos violentos en San Cristóbal de las Casas; pero ahora, para habitantes, iglesias y especialistas, la crisis ya estalló en la entidad, producto de una descomposición que ha venido creciendo por más de una década, y que explica el control de territorio, el secuestro de 16 funcionarios por un supuesto grupo de autodefensas o el nacimiento de otra organización en Pantelhó, y el miedo de habitantes y de migrantes.
Conflicto de alta intensidad
La porosidad de la frontera y su riqueza sociocultural, socioambiental y hasta de clima, convierten a Chiapas en una preciada joya para los cárteles y otros grupos de poder que han encontrado en el estado un caldo de cultivo para empoderarse e incrementar sus ganancias ilícitas, a costa de la creciente pobreza y desigualdad.
Para Gerardo Alberto González Figueroa, académico-investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), la situación en Chiapas se deriva de “procesos largos que se han ido acumulando en condiciones de impunidad, corrupción, pobreza desigualdad, racismo, clasismo y hoy en día tenemos una bomba compleja”.
En entrevista con este diario, el docente en la Unidad San Cristóbal del Ecosur señaló que el hecho de que la delincuencia amplió sus mercados ilícitos más allá del narcotráfico a una variedad de delitos ha detonado “la etapa más aguda de una guerra entre cárteles; toda una dinámica que se va extendiendo por todo el territorio e impacta en todo el país”.
De esta manera, explica González Figueroa, es que el tráfico y explotación sexual y laboral de personas, en su gran mayoría migrantes centroamericanos; el comercio ilegal de armas, drogas y especies; la tala clandestina; el abigeato y la incidencia de desapariciones, asesinatos, secuestros y extorsiones, y demás delitos que han permeado de manera crítica en la sociedad.
“El coctel es increíblemente grave. Estamos viendo formas no humanas de un problema que ha venido creciendo y si se le agrega el paramilitarismo podemos hablar de un conflicto de alta intensidad en donde intervienen diferentes actores con diversos intereses”, señaló el investigador.
Para Juan José Hurtado Paz, director de la Asociación Pop No’j de Guatemala, la frontera sur de México “se ha vuelto de muchos enfrentamientos por crimen organizado. Es terriblemente peligroso”.
Desde el año pasado creció el peligro, por lo que parece una disputa de territorio de distintos cárteles, y eso ha incrementado los enfrentamientos, comentó uno de los mayores especialistas de la frontera.
Aunque los grupos criminales no controlan completamente la frontera, alertó, sí “hay amplios territorios controlados por el crimen organizado” en México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Zonas en peligro
Los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación son las dos principales organizaciones que se disputan el control territorial en la entidad.
Sin embargo, existe una diversidad de grupos locales paramilitares, narcoparamilitares, autodefensas y organizaciones como Los Huistas y la Mara Salvatrucha (MS-13), entre otros.
De acuerdo con fuentes consultadas e informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los principales conflictos se ubican en cuatro corredores: el eje panamericano que abarca desde la frontera con Guatemala y pasa por todo el Centro; otro es el corredor del Pacífico, un paso fundamental del flujo migratorio y la producción agrícola.
Luego se ubica el corredor que viene desde la frontera, se extiende hacia la región de Los Altos y termina en la colindancia con Tabasco y Veracruz; y el corredor de la Selva donde la delincuencia organizada ha logrado asentarse en territorios en donde había un mayor control por parte del Ejército Zapatista.
A nivel municipal, la mayor concentración de homicidios dolosos en el último año y medio se concentra en Tapachula, Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque y Tonalá, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
No obstante, son las ciudades de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y la capital Tuxtla Gutiérrez donde se ha focalizado la mayor incidencia delictiva en el primer semestre del año; aunado a los conflictos que desde el año pasado se han agudizado en regiones como la de Los Altos y la Sierra Mariscal, donde se han intensificado los enfrentamientos y el surgimiento de grupos armados.
“San Cristóbal era muy tranquilo y ahora a plena luz del día hay balaceras, muertos y cosas que nunca se escuchaban; la cuestión en la Frontera de Comalapa es muy delicada; en Pantelhó y varios lugares más donde vemos que no mejora la situación”, aseguró monseñor Luis Manuel López Alfaro, obispo auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en entrevista con ejecentral.
Hartazgo y desesperación
El surgimiento de un nuevo grupo armado que esta semana se anunció como el “Ejército Civil del pueblo indígena de Pantelhó”, que al expulsar al consejo municipal y tomar el palacio de gobierno del municipio advirtieron que su objetivo es acabar con la violencia del supuesto grupo de autodefensa de “El Machete”, surgidos en junio de 2021, y a quienes atribuyen la desaparición de más de 30 personas.
“Estamos cansados de ser extorsionados, atropellados, humillados y asesinados, no señores. No son 21 son más de 31 los desaparecidos por culpa de Los Machetes. Aparte los homicidios que han cometido en los alrededores (…) Estamos acá presentes para evitar que vuelva la violencia. Queremos que dé solución el gobierno, sin disparos, sin agresiones”, advirtió uno de los encapuchados desde la plaza principal del municipio.
En la opinión del profesor Gerardo Alberto “el problema es que ya no hay control de los grupos sociales. Y mientras que el Zapatismo dijo yo voy por la paz y dejo las armas, la diferencia de otros grupos, ya sea delincuenciales o de autodefensas, han optado por las armas”.
En ciudades como San Cristóbal de las Casas, uno de los focos rojos en cuanto a narcomenudeo y otros delitos, la situación no es distinta a la de esas regiones Incluso los hechos delictivos y de violencia han intensificado la movilización social y la exigencia de justicia y paz.
Como el pasado 5 de julio cuando la Diócesis del municipio convocó a la marcha pacífica de la “peregrinación por la verdad, la justicia y construcción de la paz”, la cual se replicó en parroquias de otros municipios como Chenalhó Chamula, San Juan Cancuc, Zinacantán, entre otros. “Estamos buscando los caminos de diálogo para la resolución de los conflictos que se presentan en nuestras comunidades (…) No vamos a caer en la violencia que promueve el Estado. No vamos a creer en su mensaje, que “no pasa nada”, señaló la Diócesis de San Cristóbal.
En su comunicado la Diócesis enumeró los principales problemas que aquejan a las comunidades como son los conflictos territoriales; el incremento de cantinas y antros clandestinos; la criminalización de defensores de derechos humanos y de agentes de pastoral, que, entre otras consecuencias, ha intensificado el desplazamiento forzado de personas y familias enteras por la disputa territorial de los grupos criminales.
›De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, alrededor de 15 mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado entre 2010-2021. Sin considerar los más de 3 mil desplazados que este año tuvieron que abandonar sus hogares en el municipio de Frontera Comalapa, en la franja fronteriza del estado.
Fue en mayo pasado cuando los choques armados entre el cártel de Sinaloa y el CJNG obligaron a los pobladores huir de la violencia. Aunque el despliegue de fuerzas federales en la localidad, como el que esta misma semana se hizo presente en Pantelhó para prevenir enfrentamientos, permitió que diversas familias pudieron regresar a sus casas, a la fecha se mantiene la tensión por la presencia de las autoridades.
Y es que la multiplicación de estos grupos armados se origina a pesar de que Chiapas se ubica como la tercera entidad del país con el mayor despliegue de Fuerzas Armadas en el país, al contabilizar poco más de 4 mil 800 militares y marinos, según el primer informe semestral de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, que en mayo entregó el gabinete federal de seguridad a la Comisión Bicameral del Congreso.
El silencio
La solución para acabar con el poder corruptor del dinero y el crimen que está “enfermando a las comunidades” no está en el envío de más militares, sino que el gobierno y las autoridades realmente escuchen y protejan a quienes sufren de la violencia cada día, expuso monseñor López Alfaro.
Y el obispo alertó, la situación “vemos que va empeorando”.
“El hecho de que lleguen los militares, la Guardia Nacional no significa que llegue la paz. Realmente vemos que la gente se siente sola, no tiene con quién acudir y de parte del gobierno no hay respuesta. Cada vez más la violencia va avanzando, creciendo”, sostuvo.
›El obispo apuntó que ante el ambiente enrarecido que persiste en muchas comunidades de San Cristóbal y de otras regiones de la entidad “vemos el silencio de las autoridades, la ausencia”.
Tras encabezar, junto al párroco Marcelo Pérez, la marcha-peregrinación “por la verdad, la justicia y la construcción de la paz” que este miércoles realizaron cientos de feligreses y ciudadanos de las diferentes parroquias de San Cristóbal y de otros municipios. Monseñor Luis Manuel lamentó que el acabar con la violencia resulta “un gran reto” para el gobierno y la sociedad en general.
Aunque asegura que la labor de obispos, sacerdotes, religiosas y laicos de todas las parroquias se enfoca en cambiar la forma de pensar y poner en el centro a la persona humana y su dignidad “que es lo más valioso para conseguir la paz”.
Señaló lo complicado para encontrar una salida a un sistema que se sustenta y pone como lo más importante el dinero y la economía y el que la sociedad encuentre en el camino de la criminalidad la forma para obtenerlo.
“El dinero debe estar al servicio de las personas, pero ahorita es al revés: todo mundo está al servicio del dinero. Y el narco con tanto dinero ha corrompido y se ha metido en todo. Tenemos que reubicarnos, que la abundancia de dinero no está respondiendo a nada y enferma a las comunidades”, expuso.
Y aunque reconoció que han recibido amenazas, pero continuarán con su labor: “Es una realidad que aquí como Diócesis tratamos de hacer las cosas bien y con prudencia, pero no podemos dejar a las comunidades solas. Sabemos que hay riesgos, ha habido amenazas, (pero) eso parte de nuestro servicio que es cuidar a la comunidad, estar con la comunidad, defenderla”.
Impactos de la descomposición
Los bloqueos de caminos y carreteras que incomunican a las comunidades; el desplazamiento forzado de miles de personas; el aumento de la prostitución infantil e indígena; de las extorsiones, desapariciones, feminicidios y secuestros; entre otros delitos. Son el abanico de violencias que impactan en la vida cotidiana y el tejido social.
Para Rodolfo Mondragón Ríos, académico del Departamento de Sociedad y Cultural del Ecosur, entre las consecuencias más visibles de esas violencias, que cada una de ellas representa una problemática en sí misma, ha propiciado “el empeoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones”.
Principalmente entre la población de jóvenes y adultos-jóvenes quienes resultan en su mayoría ser las víctimas de los impactos de esas violencias, pero también los victimarios al terminar “enganchados” con la delincuencia.
Al abordar el tema de “¿Chiapas es un polvorín? interrogantes sobre las violencias en Chiapas”, en la sexta sesión del Seminario de procesos de investigación con incidencia en problemas de la sociedad, el maestro en antropología social destacó los aspectos estructurales que terminan por convertir a los jóvenes en la “mano de obra de la delincuencia organizada”.
“La condición de precariedad, la falta de oportunidades laborales, las expectativas incumplidas, la desintegración familiar y el desarraigo” son algunas de las circunstancias que para Mondragón Ríos orillan a los jóvenes a sumarse a las filas de las bandas criminales o de otros grupos armados.
Para el Centro Fray Bartolomé resulta imposible negar que la “inseguridad y terror que emana de la delincuencia organizada en complicidad con funcionarios de las tres esferas gubernamentales” implica para los jóvenes, al igual que para las niñas, niños, mujeres y personas de la tercera edad “un alto riesgo a la vida”.
En su pronunciamiento “Alzamos nuestra palabra por la Paz en Chiapas”, el Frayba acusó que ante la “agudización de la violencia que genera una grave crisis de seguridad y violaciones a derechos humanos; los gobiernos Federal y Estatal pretenden ocultarlo y negarlo de manera deliberada.
Y al señalar que son los gobiernos los que “están implicados” por permitir la violencia, la impunidad y los vínculos entre la delincuencia organizada con la clase política, señalaron que esto ha provocado el “fortalecimiento y control territorial sobre la población mediante el terror, asesinatos, desaparición, tortura, robo, despojo y desplazamientos forzados, entre otros perjuicios”.
Desde la óptica de González Figueroa, en Chiapas “estamos viendo el peor de los escenarios posibles. Y lo que falta. No es una guerra civil como quieren afirmar, sería terrible, lo que sí está claro es que lo cárteles están peleando unas franjas del territorio que está permeando en la sociedad”.
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