El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, fue detenido este viernes, a la espera de ser presentado ante un juez de control federal en el Reclusorio Norte. Acusado de obstruir la justicia, además de ser cómplice de los delitos de desaparición forzada y tortura por el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La inédita detención de quien en el gobierno anterior fuera el encargado de garantizar la procuración y acceso a la justicia en el país, significa la captura de uno de los cinco “altos funcionarios” que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa identifica como los autores del “aparato organizado de poder” y que crearon la llamada “verdad histórica” del ataque y desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero.
Junto con el exprocurador general, el resto las autoridades del “más alto nivel” del gobierno federal —detrás de la “acción concertada” para manipular los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, según el análisis de la Comisión— se encuentran también el entonces subprocurador de la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Rodrigo Archundia; y el encargado del despacho de la misma subprocuraduría, Hugo Ruiz.
También figura el extitular de la unidad especializada contra el secuestro, Gualberto Ramírez, además del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón. Todos ellos subordinados de Murillo Karam.
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La captura de este personaje también representa una de las varias detenciones que en las próximas semanas la FGR tiene en la mira de ejecutar para “altos funcionarios”, además de una lista de 33 personas que han sido identificadas como probables responsables en la actual indagatoria sobre el también conocido caso Iguala.
De acuerdo con varias fuentes consultadas por ejecental, el exprocurador, cuyo estado de salud se ha agravado en los últimos meses, ya había preparado su defensa con anterioridad ante la latente posibilidad de que fuera a ser requerido por las autoridades, derivado de las nuevas líneas de investigación sobre el caso.
Apelando a su condición de salud, a sus 74 años, el objetivo de la defensa de Murillo Karam será que se mantenga bajo arraigo domiciliario en tanto se defina su situación jurídica.
Histórica detención… ¿Venganza política?
Sin oponer resistencia e incluso hasta amable y colaborativo, así se mostró Jesús Murillo Karam cuando alrededor de las 15:30 de la tarde de este viernes arribaron los agentes ministeriales de la FGR, quienes contaron con el apoyo táctico y operativo de efectivos de la Marina. La detención ocurrió afuera de uno de sus domicilios, en el número 414 de la calle Montañas Calizas, en la colonia Lomas de Sotelo, de la delegación Miguel Hidalgo.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) —en el cual milita y del que fuera su secretario general de 2007 a 2011 y también legislador en 2015— determinó que esta detención es “más a un tema político, que de justicia”.
También a través de su cuenta de Twitter, Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente del partido, sostuvo que la detención “no da respuesta a las familias de las víctimas”, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que “dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos”.
En su mensaje también advirtió: “Hoy al Gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador, mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode”.
En contraste, Mario Delgado, dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró que las frases “verdad histórica” y “ya me cansé”, pronunciadas cuando Murillo Karam cuando dio a conocer las conclusiones de los hechos en Iguala, quedarán “en el basurero de la historia”, al igual que el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
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Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, celebró la detención como un “avance importante”.
Al abundar, Rosales aseguró que esta era una de las demandas por parte de los padres de los normalistas, al tratarse de uno de los altos funcionarios del gobierno anterior, que por acción u omisión como titular de la entonces PGR, implicó el ocultamiento de los hechos y alteración del expediente.
Así, explicó, se hace extensiva su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada.
Aunque reconoció que en la reunión que el jueves pasado encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador
—donde a los familiares de los jóvenes se les presentó un informe preliminar de los avances a más de tres años de creada la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia— les habían anticipado que pronto se girarían órdenes de aprehensión, pero no se especificó quiénes serían los objetivos.
Pese a que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien también es presidente de dicha comisión, desestimó que el expresidente Enrique Peña Nieto o el extitular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se encuentren dentro de los probables responsables, Vidulfo Rosales insistió en una entrevista con Milenio Televisión que “hay elementos (de prueba)que apuntan a la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos”.
Murillo Karam, artífice de una mentira
Uno de los aspectos que más pone en evidencia la actuación del entonces procurador general como parte de lo que ayer reiteró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob como la “acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”, sin duda en la participación de elementos y mandos del Ejército.
Aunque el extitular de la PGR refirió en conferencias públicas que no había ninguna evidencia de que en los hechos de la noche de Iguala haya participado el Ejército, fue la participación activa de los elementos castrenses y el encubrimiento de sus mandos lo que este jueves Encinas Rodríguez dio a conocer como parte de los avances derivados de las nuevas líneas de investigación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, en colaboración el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
“No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola. Las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el Ejército fue, lo acusaban de omisión, las mismitas. No hay una sola evidencia, una sola, la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo razonable (de militares)”, subrayó Murillo Karam en una conferencia de prensa que encabezó el 27 de enero de 2015.
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En aquella rueda de prensa concluyó con la “verdad histórica” de que los estudiantes de Ayotzinapa “fueron privados de la libertad, de la vida, incinerados y arrojados al río”.
Aunque la conclusión de que los normalistas fueron atacados, asesinados y desaparecidos por una acción entre criminales y autoridades, estatales, municipales y federales, como en ese momento llegó a sentenciar el entonces procurador Murillo Karam, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez—quien sostuvo que el hecho de que no haya “ningún indicio de vida” de los jóvenes no representa una coincidencia con la llamada “verdad histórica”, sino “una triste realidad”— refutó que la teoría del caso tenga algún punto de encuentro con lo que ahora la Comisión para la Verdad apunta sobre los hechos de ocho años atrás.
“No hay ningún parecido. La ‘verdad histórica’ dice que incineraron a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula. Nosotros hemos señalado que intervinieron varios grupos y los dispersaron, y que hubo distintas formas de intervención en las agresiones contra los estudiantes. Yo no veo ningún punto de coincidencia en ello”, recalcó Encinas Rodríguez.
Como parte de las nuevas indagatorias que apuntan a la probable responsabilidad de Murillo Karam, otros exfuncionarios y autoridades de las órdenes de gobierno que habrían propiciado lo que ahora la Comisión de la Verdad, advierte como un “crimen de Estado”, también se encuentran los actos de tortura hacia decenas de detenidos bajo órdenes de Murillo Karam.
Tras la detención del también exgobernador de Hidalgo, la FGR dio a conocer que había obtenido de un juez federal 83 órdenes de aprehensión en contra de 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones de la ciudad de Iguala.
A la lista se unen, además, cinco autoridades administrativas y judiciales de Guerrero; así como 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno más de Cocula, más 11 policías estatales de Guerrero y 14 integrantes de Guerreros Unidos.
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