La Portada | Bartlett y Buendía, las revelaciones
Una trama de intereses políticos y económicos, que involucra a agencias estadounidenses y mexicanas —dependientes de la entonces Secretaría de Gobernación— con el narcotráfico, comercio ilegal de armas para mercenarios y grupos guerrilleros, explicarían el asesinato del periodista
Poco antes de que fuera asesinado, el periodista Manuel Buendía investigaba al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, porque tenía información sobre su relación con el narcotráfico. No era el único, pero sí el más importante, en la cadena de complicidades dentro de la poderosa oficina encargada de la política interna de México con el cártel de Guadalajara.
Un testigo fundamental para el gobierno estadounidense, Lawrence Victor Harrison, señaló directamente al entonces priista Bartlett, asegurando que tuvo un papel central en el crimen de Buendía, el más importante periodista de la época.
Esta declaración rendida ante la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), es el eje en el expediente que mantiene vigente Estados Unidos contra el ahora director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sus palabras dan cuenta de la conexión entre el cártel de las drogas más poderoso de México entre los años 80 y 90 —que dirigían Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca— con la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), generales del Ejército (como Juan Arévalo Gardoqui), policías federales y estatales; así como políticos en los diferentes estados, particularmente Jalisco. Pero el verdadero poder de los narcotraficantes radicaba en el lado estadounidense, por su relación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y hasta con el Ejército estadounidense, al menos Harrison atestiguó cómo a la casa de Fonseca llegó una caja, que parecía oficial de la oficina militar, cargada de armas con visión nocturna, rayos infrarrojos y pintura de camuflaje.
“Me dijo que no podía haber ningún problema, porque estaban junto con los estadounidenses, sabían quiénes eran. (Javier) Bárbara (exporro de la Universidad de Guadalajara y relacionado con la DFS) me dijo que no había ningún problema, entre ellos había (agentes estadounidenses y el cártel de Guadalajara) una especie de entendimiento secreto que era una cuestión política en la que no debería involucrarme”, relató Lawrence Victor Harrison.
Y si lo había, era a tal punto, que con conocimiento de la Dirección Federal de Seguridad —oficina dependiente de Bartlett— y el apoyo de la CIA, se entrenaba a miembros de la guerrilla Guatemalteca en un rancho de Caro Quintero, ubicado en Veracruz. Y se sostenían reuniones con rebeldes cubanos y aparentemente servían de apoyo a mercenarios y grupos desestabilizadores que operaban en Sudáfrica o con el grupo de los contras nicaragüenses.
Es así, que el expediente contra el ahora director de CFE en el gobierno lopezobradorista, involucra una red de intereses políticos y criminales en los que estaban involucrados funcionarios mexicanos y miembros de las agencias de seguridad estadounidense.
Los informes Harrison
Lawrence Victor Harrison vivió en México desde 1968 y bajo un nombre falso —se sabe que utilizaba al menos cuatro— se insertó en dos de las estructuras más relevantes del país: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el cártel de Guadalajara. La información que aportó sobre casos como los de Buendía y el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena no es menor.
Manuel Buendía fue un periodista cuya columna “Red Privada” documentó la operación de grupos extremistas, la corrupción de funcionarios, y la colusión entre el gobierno y el crimen organizado. En mayo de 1984, a plena luz del día, recibió cuatro disparos a escasos metros de su oficina en la colonia Juárez en la Ciudad de México.
El expediente del gobierno estadounidense menciona a Manuel Bartlett, hoy titular de la CFE, por su presunta implicación en el caso; en una de las diligencias es el interrogatorio que la DEA realizó a Lawrence Victor Harrison en septiembre de 1989.
De acuerdo con el reporte de investigación de la agencia antidrogas, que incluye el testimonio de Harrison y que consta de 59 fojas —del cual ejecentral tiene una copia—, Manuel Buendía se encontraba investigando la colusión que existía entre Bartlett, entonces secretario de gobernación; Miguel Aldana Ibarra, quien fue director de la Interpol-México; Manuel Ibarra Herrera, extitular de la DFS; y narcotraficantes.
Además, entre 1981 y 1984 Buendía también estuvo investigando el presunto entrenamiento de guerrillas guatemaltecas en un rancho de Veracruz que pertenecía a Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara.
“La fuente inicial de información de Buendía en Veracruz vino de un reportero de Veracruz llamado Velasco. Buendía y Velasco fueron asesinados con una hora de distancia, supuestamente por orden de Bartlett Díaz”, sostiene el documento de acusación contra Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, en la Corte Central del Distrito de California que también está en poder de este semanario.
En el caso Buendía Harrison agregó que el trabajo político en embajadas y consulados estaba bajo el cargo del comandante Alberto Guadalupe Estrella Barrera, mano derecha de José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la DFS cuando ocurrió el asesinato del periodista.
Las diligencias del caso sostienen que Buendía tuvo comunicación con Zorrilla Pérez y le comentó sobre los asuntos en Veracruz, así como de una posible operación de contrabando de armas entre la CIA y narcotraficantes. Él le respondió que se trataba de una situación delicada de la que era mejor no hablar, poco más de un mes después el periodista fue asesinado.
El comandante Estrella, junto con Zorrilla Pérez fueron arrestados por el homicidio del columnista y en 1999 se ratificaron sus sentencias de 22 y 25 años de prisión, respectivamente.
Sin embargo, el caso de Buendía no es el único en el que el titular de CFE ha sido implicado, testimonios ante las autoridades de Estados Unidos lo señalan también como presunto responsable en el caso de la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena.
Sobre las acusaciones en su contra en el caso de Camarena, Bartlett dijo en 2014, durante una entrevista con Carmen Aristegui, que el entonces presidente Enrique Peña Nieto, el expresidente Carlos Salinas y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habían filtrado a la prensa esa información de testigos que colaboraron con Estados Unidos.
“Esta es una artimaña de Peña Nieto y Osorio Chong para golpearme por mi posición de defensa del petróleo”, aseveró Bartlett.
La conexión DFS-CIA
Entre las décadas de los 60 y 70, Harrison laboró como pasante de abogado en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) que era parte de la estructura del PRI, posteriormente sus conocimientos técnicos lo llevaron a instalar equipos de comunicación para la DFS, donde a través de un comandante de apellido Martínez, conoció a Ernesto Fonseca (a quien llamaba “compañero”), fundador del cártel de Guadalajara y tío de Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos.
“No estaba realmente por mi cuenta, yo trabajaba en una oficina de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Una de las tres organizaciones del PRI. Este último contaba con un bufete de servicios sociales. Eso fue en la oficina número 409 del Edificio Plaza frente al palacio del gobernador en Guadalajara. Fue bueno para mí trabajar para ellos porque me cubrieron en todos mis casos legales”, dijo Harrison sobre la forma en la que entró al partido tricolor.
Posteriormente, en los años 80 Harrison comenzó a trabajar para Ernesto Fonseca, a quien le instaló una serie de equipos de comunicación y también lo hizo para sus socios, entre ellos figuraban un excomandante de la DFS, Federico Castel del Oro y Rafael Caro Quintero.
“Conocí a toda la gente de Caro porque daba mantenimiento a su sistema de radio, pero no los conocía bien”, dijo Harrison en el interrogatorio que le hizo la DEA.
Harrison también conoció a Sergio Espino Verdín de la DFS, implicado en la tortura cometida contra el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, quien posteriormente fue asesinado. Por ese caso, Espino Verdín aún aparece en la página de la DEA catalogado como prófugo de la justicia por conspiración con el crimen organizado.
El comandante Martínez estaba bajo la supervisión de Miguel Nazar Haro, titular de la DFS y quien también es descrito en la acusación contra Caro Quintero como colaborador de la CIA. De hecho, Harrison dijo a la DEA que Nazar Haro estuvo al menos 10 años en la nómina de la CIA pese a la acusación en su contra por el robo de coches. Cuando los agentes preguntaron al informante cómo sabía eso él respondió “¿Ustedes creen que no sabemos eso?”
Harrison dijo que sabía lo de Nazar Haro porque “era su comandante” y cuando lo interrogaron por el origen de la información respondió “¿No crees que sabemos por qué lo sacaron de la DFS?, ¿no crees que sabemos que lo procesaron por esos cargos de robo de autos?... Que había una orden de arresto emitida por un magistrado estadounidense. Que fueron a la Embajada, que el FBI fue allí para entregar la orden. Que la CIA entró en la Embajada y dijo que no, este es nuestro agente principal. Lo sabemos”.
Es decir, las conexiones de Nazar Haro con la CIA impidieron que el titular de la DFS fuera enjuiciado en los Estados Unidos por el caso de robo de autos que fueron vendidos en México.
Los señalamientos de la presunta implicación de la CIA en temas de tráfico en México provocó en los noventa una fuerte declaración. El portavoz de la CIA, Mark Mansfield, dijo: “Quiero enfatizar en los términos más enérgicos posibles que la CIA no se involucra ni aprueba el tráfico de drogas. Tampoco participamos en ningún encubrimiento del caso Camarena”.
La declaración se dio luego de que arreciaron los rumores de que un miembro de la CIA, y no el narcotraficante Rafael Caro Quintero, habría sido el asesino del agente Camarena.
Esa teoría del caso adquirió fuerza años después, en 2013, cuando Phil Jordan, exdirector del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC); Héctor Berrellez, exagente de la DEA; y Tosh Plumlee, expiloto que ocasionalmente trabajó para las autoridades estadounidense, declararon a Fox News que policías mexicanos y particulares estadounidenses relacionados con la CIA participaron en las torturas a Camarena en 1985 y que incluso las grabaron en video.
La colusión narco-DFS
El testimonio de Harrison contiene un episodio que muestra el nivel de colusión entre las autoridades mexicanas y el crimen organizado, puntualmente con el cártel de Guadalajara. Se trata del asesinato del excomandante de la DFS, Federico Castel de Oro, quien antes de ser asesinado le dijo a Ernesto Fonseca que 80 hombres de la corporación estaban a su disposición si lo requería.
La DFS era la oficina de espionaje del gobierno mexicano, que estaba bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.
Harrison dijo a la DEA que había una fuerte alianza entre Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Juan José Esparragoza El Azul y Ernesto Fonseca. “Hubo una época durante 1983 y principios de 1984, donde se reunieron en todas las decisiones importantes. No podrían adelantarse en una decisión sin reunirse los cuatro y sentarse juntos. Los vi reunirse en muchas ocasiones. Hubo un tiempo en 1984 en que todos se iban hacia el norte todo el tiempo. Más tarde descubrí que era a Chihuahua, el rancho Búfalo”, relató
Una de esas decisiones importantes que se tomó en la reunión de los cuatro fundadores del cártel de Guadalajara fue el asesinato del agente de la DFS Federico Castel del Oro.
“Hubo un momento antes de que le dispararan a Castel Del Oro, se juntaron los cuatro y decidieron matar a Castel del Oro (...) me enteré de la decisión de matar a Castel porque sabía de qué estaban hablando. Y cuando salieron, estaban hablando de cómo iban a hacerlo”, dijo Harrison a la DEA.
En las entrevistas de 2013 a Fox News, Héctor Berrellez, exagente de la DEA, también habló del papel que Castel del Oro jugaba en el cártel. “Le pregunté a Castel cuál era la función de la DFS y me contestó: ‘Cuidar a los narcos. Cuando me mandaron de México a Guadalajara como director de la DFS, me dio órdenes José Antonio Zorrilla Pérez. Tenía que estar ahí para proteger a los narcos y ver que el dinero se repartiera bien, para los de arriba, los políticos’”, dijo Berrellez.
Sin embargo, los motivos del asesinato de Castel Del Oro quedaron como desconocidos para Harrison. “Dijeron (los líderes del cártel) que era un traidor, no sé todo el problema. Lo más importante fue que no cooperó con ellos en la misma medida. También dijeron de él, que sentían que siempre estaba tratando de conseguir lo mismo en ellos. Que nunca estuvieron seguros de su verdadera intención”.
A Harrison le cuestionaron si el malestar con Castel Del Oro era porque hacía cumplir la ley, él respondió que no. “No, no era un oficial de fuerza de la ley real, era un ladrón… En la casa de Ernesto había tres agentes de la DFS, había seis o siete agentes de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, había cinco o seis agentes de la policía judicial, y había veinte o treinta agentes de la policía judicial estatal que estaban siendo cambiados todo el tiempo.
El oficial ejecutivo de la 15ª zona militar estuvo allí todo el tiempo, el teniente, teniente coronel Salas”.
El testimonio de Harrison es sólo uno de una larga serie que involucró a altos funcionarios mexicanos —algunos de ellos que siguen en activo como el caso de Manuel Bartlett— en casos de tráfico de drogas y colusión con el crimen organizado.
De acuerdo con el reporte de investigación, Lawrence Victor Harrrison consiguió inmunidad judicial luego de colaborar con la DEA. Sin embargo, sus palabras pusieron sobre la mesa que las agencias antidrogas y la CIA guardaban serias diferencias en temas operativos y de intercambio de información.
Por otra parte y pese a los documentos que lo señalan como presunto implicado en el asesinato agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, cometido hace 36 años, Bartlett dijo en una conferencia de prensa que sobre él no existe ninguna investigación en Estados Unidos.
“No nos hagamos guajes, estoy sujeto a una campaña en mi contra, pensando que uno va a achicarse, pero no lo van a lograr, vamos a seguir en defensa de los intereses nacionales”, dijo el funcionario.
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