La Portada | Ayotzinapa, la historia oculta

Antes de la masacre de Iguala, en la que desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Isidro Burgos, la guerrilla envió una célula armada para ajusticiar al alcalde perredista José Luis Abarca, pero delataron a sus integrantes y el grupo delincuencial Guerreros Unidos los desaparecieron.

Esa información se desprende de las revelaciones de quienes conocieron la historia y la investigaron en su momento, y que por primera vez se hace pública en exclusiva en ejecentral, que verificó los datos disponibles. Se trata de un pasaje dentro de la trama de uno de los casos más emblemáticos de la última década y que de nuevo pone en evidencia la relación entre políticos, guerrilla y criminales, formando parte de la historia oculta del caso Ayotzinapa.

Unos albañiles…

Los tres combatientes de la guerrilla enviados para eliminar al alcalde Abarca fueron reclamados como desaparecidos por algunos dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que los presentaron como trabajadores de la construcción que buscaban empleo en Iguala y que desaparecieron sin dejar rastro.

Procedentes de Atoyac de Álvarez, los tres guerrilleros fueron identificados como Alberto Zaragoza Ocampo, Miguel Ángel Antolino Navarrete y Raúl Vázquez Zamora, quienes desaparecieron en julio de 2014; es decir, dos meses antes de que ocurriera el ataque contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

En una conferencia de prensa efectuada en Chilpancingo, Bertoldo Martínez Cruz, uno de los más connotados dirigentes del PRD por esas fechas, denunció la desaparición como un caso político, pero en los corredores clandestinos la historia era diferente: los tres combatientes arribaron a Iguala pero ya los esperaban sicarios de Guerreros Unidos, quienes se los llevaron.

›Tanto Antolino,como Zaragoza y Velázquez eran efectivos del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), la facción de guerrilla que se separó de su matriz original, el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Según la información recabada por este periódico, la fallida operación tenía el objetivo de “ajusticiar” al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el asesinato de Arturo Hernández Cardona, activista social fundador de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ), que a su vez fue el germen de una coalición de agrupaciones radicales denominada Unidad Popular, que se convirtió en un dolor de cabeza para Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.

La verdadera razón de esta misión: en realidad Arturo Hernández Cardona era cuadro destacado de ese grupo armado, pues su activismo llevaba beneficios a las alforjas de la guerrilla.

Si las autoridades hubieran investigado y detenido al grupo criminal por este caso, los normalistas probablemente estarían vivos.

El comienzo

En Guerrero hay una histórica realidad de problemas e injusticias sociales que han impulsado el surgimiento de organizaciones civiles y grupos armados que pelean contra esos desequilibrios. Pero lo que ocurría en Iguala desde marzo de 2013 era muy distinto, un paso más en la violencia y criminalidad.

Hombres armados dispararon contra Justino Carvajal Salgado, un funcionario crítico de la administración de Abarca, y quien en ese momento murió. Carvajal era sobrino del senador Félix Salgado Macedonio.

Encabezados por Hernández Cardona, los militantes de la UPEZ exigían servicios públicos al alcalde y lo hostigaban constantemente con sus movilizaciones y bloqueos; hasta que en un mitin, el 29 de mayo de ese año, de acuerdo a testigos, Abarca les espetó a grito abierto:

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-“¡Ya dejen de estar chingando, que yo tengo gente que me haga el trabajo!”

-“¿Para qué tienes gente, presidente? ¿Nos vas a matar?”, le habría contestado Hernández Cardona, aseguran los mismos testigos.

Los inconformes de la UPEZ, por su parte, encabezados por Hernández Cardona levantaron ante el Ministerio Público una denuncia penal por amenazas de muerte por parte del alcalde, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y el entonces secretario de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez.

Al día siguiente, el jueves 30 de mayo de 2013, un grupo nutrido de militantes de la UPEZ bloquearon de manera intermitente la caseta de cobro de la Autopista del Sol, ubicada en la salida de Iguala. Cuando terminó el mitin, en grupo se fueron regresando a la ciudad.

En el último grupo figuraban Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Rafael Bandera Román, Jimmy Castrejón y Nicolás Mendoza Villa.

Todos abordaron el mismo vehículo, pero nunca llegaron a Iguala.

El 1 de junio encontraron los cuerpos de Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román. Cuatro de sus acompañantes lograron escapar y se mantuvieron ocultos hasta el 3 de junio, cuando revelaron lo acontecido.

Sólo uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa, compareció ante grupos de derechos humanos, ante la Procuraduría de Justicia de Guerrero y, posteriormente, ante el Ministerio Público Federal.

Ante estas autoridades Mendoza Villa relató que José Luis Abarca, en persona, descargó una escopeta en el rostro de Hernández Cardona, quien hasta el último minuto se mantuvo desafiante. Hizo lo mismo con los otros dos secuestrados.

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Hasta el momento se ignora cómo fue que escaparon los demás sobrevivientes, pero Mendoza Villa aseguró que en su caso aprovechó un descuido de sus captores y huyó corriendo a campo traviesa. Todos los sobrevivientes abandonaron Iguala y hasta la fecha se desconoce su paradero.

Pese a la gravedad de los asesinatos y los señalamientos directos contra Abarca, el alcalde se mantuvo en el cargo, aunque las investigaciones locales comenzaron a cercarlo. Las pesquisas que nunca avanzaron fueron las federales.

El 12 de junio de 2013, la Fiscalía General del Estado de Guerrero remitió a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), concretamente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (como lo reveló en este espacio el exfiscal Iñaky Blanco) varios tomos de la averiguación previa HDI/SC/01/758/2013 —consta de poco más de ocho mil fojas—, “iniciada con motivo del homicidio del señor Arturo Hernández Cardona y otros, integrantes de la Unidad Popular Igualense (UPI)”, escribió el exfuncionario.

›Pero la SEIDO no avanzó en el caso. Como tampoco lo harían en la averiguación previa HD/SC/03/0470/2014, iniciada contra Ernesto Pineda Vega, miembro del Cártel de Guerreros Unidos,

como probable responsable del delito de secuestro; que le entregó a la dependencia federal Iñaki Blanco, el 24 de abril de 2014, a través del oficio 948.

Apenas era abril, cinco meses antes de la desaparición de los normalistas, y la autoridad federal no avanzó en el caso. Fue hasta octubre de 2014 que obtuvo una orden de captura contra Abarca y su esposa por ese delito. Ya habían huido.

La guerrilla contra un cártel

Como respuesta a la noche de Iguala, el mando de la guerrilla emitió un comunicado de tres puntos, que anunciaban su decisión de combatir a los sicarios de Guerreros Unidos.

El 6 de octubre, el ERPI daba a conocer que integró una Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre “para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cartel del estado mal llamado Guerreros Unidos”.

Así, la formación armada le declaraba la guerra a ese cártel de la droga asentado en Iguala.

En el segundo punto, el ERPI hacía un llamado a recabar información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel “y póngase a disposición de nuestro ERPI por cualquier vía pública o secreta”. En el tercero y último punto, el grupo armado declaró a la Corriente Nueva Izquierda del PRD como “cómplice de los hechos del 26 de septiembre de 2014”.

Desde Oaxaca también el EPR emitió un comunicado en el que condenaba los asesinatos y desapariciones cometidos en Iguala —a los que definía como terrorismo de Estado—, pero no hizo algún anuncio explícito de represalias o intervención alguna.

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El comunicado del ERPI sacudió a las instancias de seguridad, sabedores del potencial con el que contaba esa fuerza guerrillera que se había mantenido incólume a pesar de los golpes recibidos por parte del Estado, especialmente con la aprehensión de uno de sus principales mandos, el Comandante Antonio, quien logró su libertad luego de 10 años de reclusión.

El día 23 de octubre de 2014, Ángel Aguirre Rivero renunció a la gubernatura y en su lugar asumió el poder el académico Rogelio Ortega Martínez.

Consciente de lo que estaba por venir, algo similar a una revuelta armada con ataques selectivos y enfrentamientos, el gobernador Ortega Martínez tendió puentes de comunicación con liderazgos sociales vinculados con la guerrilla, para evitar que lanzaran esas operaciones político-militares que, según los analistas, sólo complicaría el grave escenario de ingobernabilidad que se había desatado por las protestas de organizaciones sociales y estudiantes en el país.

Hasta el momento, el mandatario local no ha querido revelar los mensajes que envió ni cuántos contactos tuvo su administración con la guerrilla, pero fue un hecho que el ERPI suspendió sus operaciones.

La complicidad del PRD

En el comunicado del ERPI el tercer y último párrafo, en el que declara a la corriente Nueva Izquierda como cómplice de los hechos criminales de Iguala, no fue sólo una declaración política. Esa corriente del PRD fue la que le abrió las puertas de la alcaldía de Iguala a José Luis Abarca, quien antes de eso era un desconocido comerciante de huaraches que de la noche a la mañana se convirtió en un hombre muy rico.

Hay una historia previa que explica el ascenso de Abarca a la alcaldía, vinculada estrechamente con las operaciones del capo Arturo Beltrán Leyva.

Todo comenzó poco después del año 2000, cuando los hermanos Beltrán establecieron su centro de operaciones en Iguala, y Abarca se convirtió en uno de sus principales anfitriones, por la relación de sus cuñados, Mario Alberto y Antonio Pineda, con el líder del cártel.

La información de algunos analistas de inteligencia es que una parte sustancial del capital de Beltrán Leyva se le confió a Abarca para lavar los activos. Abarca se convirtió entonces en un potentado que comenzó a comprar propiedades en ese municipio, incluyendo un centro comercial —el de mayor lujo en Iguala—.

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El ahora alcalde preso tendría, al menos, 19 propiedades, que no confiscaron las autoridades.

Pero la historia feliz de esta asociación terminó cuando Arturo Beltrán ordenó la muerte de Mario Alberto y Antonio, los hermanos de María de los Ángeles, debido a una aparente traición. A pesar de que el M, como le decían a Mario Alberto, era el jefe de la plaza de Cuernavaca, fue asesinado brutalmente en 2009 por Sergio Villarreal El Grande, ahora testigo estelar en Estados Unidos en el juicio contra el exsecretario de seguridad federal, Genaro García Luna.

Después, en diciembre de ese año, murió Arturo Beltrán, en un operativo de la Marina en Cuernavaca.

El matrimonio Abarca-Pineda se vio entonces con una enorme riqueza en las manos y optaron por incursionar en la política. Abarca, en sociedad con Mario Casarrubias —excolaborador cercano de Arturo Beltrán Leyva—, entre otros, fundaron Guerreros Unidos para blindarse ante previsibles intentos de los hermanos Beltrán por recuperar su dinero. Así fue como en 2010 surgieron Guerreros Unidos, proyecto en el que Abarca y su esposa eran parte preponderante.

Echado a andar el proyecto político-criminal, el primer trato político fue con Lázaro Mazón Alonso, quien ya había sido alcalde y secretario de Salud del estado. Mazón Alonso fue quien le abrió las puertas a Abarca con la dirigencia del PRD, pero también con alguien más: Andrés Manuel López Obrador, de quien era muy amigo y entonces recorría el territorio para afianzar el apoyo popular para su candidatura presidencial.

Lázaro Mazón se acercó también a Sebastián de la Rosa, otro de los dirigentes importantes del PRD en Guerrero.

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No está claro quién de esos dos políticos fue el conducto para que José Luis Abarca pudiera pactar la candidatura a la alcaldía con Jesús Zambrano, pero comentó entre sus cercanos que le había dado dos millones de pesos al líder nacional a cambio de dicha candidatura. De ello hay varios testigos que repiten la misma versión en la que insiste el ahora exalcalde preso.

En el entorno estatal, en un cónclave, los llamados Cuatro Fantásticos, como les decían a los dirigentes más influyentes de ese entonces, aprobaron la candidatura de Abarca a pesar de que había aspirantes con mayor influencia y arraigo dentro de las filas perredistas.

Los Cuatro Fantásticos eran Sebastián de la Rosa, Víctor Aguirre, Carlos Reyes y Evodio Velázquez. Todos ellos conocieron de cerca los tratos con Abarca y apoyaron su campaña. Y tomó el poder en Iguala.

Ninguno de esos políticos rindieron cuentas por empoderar a Abarca. Esto explica por qué el ERPI considera a estos dirigentes como cómplices del ataque del 26 de septiembre de 2014 a los estudiantes, y luego su desaparición.

Los infiltrados

Julio César López Patolzin, uno de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, no era el único infiltrado del Ejército en esa normal.

La Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa era monitoreada permanentemente por el gobierno federal, a través del Ejército, pero también a través del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

En su alocución de agosto de 2022, el subsecretario Alejandro Encinas confirmó que López Patolzin era un militar infiltrado asignado a la normal de Ayotzinapa, a la que se consideraba una escuela de cuadros de la guerrilla.

Pero Encinas nunca se refirió al caso de Julio César Mondragón Fontes, otro de los estudiantes de Ayotzinapa que torturaron hasta la muerte y su cuerpo lo arrojaron en una calle céntrica de Iguala para exhibirlo ante la población.

Aunque no se ha aclarado quién lo asesinó, a Mondragón Fontes le extirparon los ojos y desollaron el rostro, presumiblemente sicarios del Cártel Guerreros Unidos.

La saña contra un joven de extracción humilde, aseguran los especialistas, fue porque sus captores se enteraron de que ese joven era agente del CISEN asignado a Ayotzinapa.

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Cuando Encinas se refirió al joven López Patolzin, lo definió como un “OBI”, es decir como un Órgano de Búsqueda de Información, que es simplemente el mecanismo de recolección de datos que utilizan las Fuerzas Armadas, como parte primaria de su estructura de inteligencia. Pero al utilizar esa definición Encinas manifestó su desconocimiento del tema que vincula al Ejército con la tragedia de Ayotzinapa.

En realidad deben existir varios agentes de información cerca o vinculados con el caso Ayotzinapa.

Fuentes confiables consultadas sobre el tema precisaron que cada batallón, por lo regular, cuenta con un Servicio de Información, Instrucción y Operaciones (SIIO), que es una suerte de inteligencia operativa que acata órdenes del comandante del batallón, en este caso el 27 Batallón de Infantería estacionado en Iguala.

Además del SIIO, cada zona militar tiene un Grupo de Información de Zona (GIZ), que le reporta en tiempo real al mando superior, esto es, al jefe de la 35 Zona Militar que, a su vez, si lo considera importante, traslada la información al Mando Regional (Novena Región Militar), con base en el puerto de Acapulco.

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Son decenas los jóvenes soldados que generan información para sus respectivos mandos, operación cotidiana supervisada siempre por oficiales que cuentan con una especialización en inteligencia y contrainteligencia.

Ello, sin contar los grupos especiales que se mueven libremente por todo el territorio, pero que no dan cuenta de sus actividades más que al Estado Mayor de la Defensa, específicamente a la Sección Segunda de la Secretaría.

Ello, para compartimentar la información y cruzarla con otras fuentes para verificar su confiabilidad.

Ninguna de esas actividades son conocidas públicamente, pero por los protocolos, es claro que durante la noche del 26 de septiembre de 2014 los mandos del Ejército, tanto los del CISEN y otras dependencias federales, estuvieron informadas de lo que pasaba en Iguala. Era la obligación castrense.

Esa es la parte que aún no se integra en el expediente, pues hasta ahora no se conocía, y de la que sólo el Ejército tiene los datos de sus agentes sobre lo que pasó la noche de Iguala.

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