La Portada | Ambientalismo de papel

El promocional que la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, subió a sus redes sociales el pasado 9 de enero, muestra una especie de “podio” ecologista.

La animación despliega una gráfica en la que el “campeón” es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha decretado 43 Áreas Naturales Protegidas (ANP); le siguen Lázaro Cárdenas con 40, Ernesto Zedillo con 30, Vicente con Fox 10 y Enrique Peña Nieto con seis.

El anuncio viene acompañado de la leyenda: “¡Esta administración hace historia con la conservación!”

El mensaje de Albores, posteado al día siguiente de que publicó en el Diario
Oficial de la Federación un paquete de decretos para crear 20 zonas ecológicas, dice que “como nunca antes en la historia, hemos trabajado e invertido recurso público para crear 43 nuevas Áreas Naturales Protegidas”.

Aunque en realidad se trata de áreas naturales de “papel”, ya que el presupuesto aprobado en 2024 para el órgano encargado de administrar estas áreas naturales protegidas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), es el más bajo de la última década. Además, las 43 nuevas áreas naturales carecen de Programa de Conservación y Manejo, por lo que no cuentan con plan de trabajo, personal, recursos ni prioridades para la protección de especies y ecosistemas.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelan que para el ejercicio fiscal 2024 la Conanp tendrá un presupuesto de 985 millones de pesos, lo que representa una reducción de 60% respecto a los dos mil 486 millones que se ejercieron en 2016.

En un cálculo realizado para ejecentral, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) reveló que en 2018 había 90.8 millones de hectáreas con categoría de Área Natural Protegida y la Conanp ejerció ese año mil 992 millones de pesos para su administración, lo que arroja un promedio de 21.9 pesos por hectárea, en promedio.

Seis años después, la historia es muy distinta, pues la superficie protegida es de 93.8 millones de hectáreas y los recursos ascienden a 985 millones de pesos, lo que da un promedio de 10.4 pesos por hectárea, poco menos de la mitad que hace cinco años.

Decretos con tufo político

La segunda área natural protegida declarada por la actual administración fue el Lago de Texcoco, zona donde se pretendía construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, durante el sexenio de Peña Nieto. Se trata de una superficie de 14 mil hectáreas que desde el pasado 22 de marzo de 2022 aspira a ser área de protección de recursos naturales.

Para el ambientalista Antonio Azuela de la Cueva, dicho decreto tiene más rasgos políticos que de conservación: “Esa área se decreta para remachar que ahí no va a haber un aeropuerto, pero en realidad no tienen ningún valor ambiental; es un terreno con unos impactos terribles por la obra del aeropuerto, eso no se puede volver un área natural protegida de ninguna manera, es un terreno altamente impactado”.

A decir del exprocurador federal de Protección al Ambiente (1994-2000), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se resistió durante mucho tiempo al decreto. “Se hizo porque el Presidente dio instrucciones, pero los biólogos y los expertos de la Conanp se negaban porque decían que ahí no hay ningún ecosistema valioso que salvar, esto está totalmente impactado”.

Dentro de la batería de decretos emitidos el pasado 8 de enero hay uno para declarar al Semidesierto Zacatecano como área de protección de flora y fauna, con una extensión de 223 mil 769 hectáreas.

Al respecto, Azuela de la Cueva, experto en derecho urbano y medioambiental, precisa que la propuesta original era proteger tres millones de hectáreas del Semidesierto Zacatecano, pero al final sólo se decretó menos de una décima parte, “debido a los intereses mineros, es decir, se cedió a los intereses económicos de las grandes industrias”.

El 8 de mayo de 2023, el gobierno obradorista emitió el decreto para crear su cuarta Área Natural Protegida. Se trata de la Sierra Colorada, en Querétaro, que tiene una superficie de cuatro mil 843 hectáreas y será destinada a la protección de recursos naturales. En ese año, la sierra obtuvo un presupuesto de apenas cuatro mil 98 pesos.

›A pesar de que el aumento de áreas naturales protegidas no es directamente proporcional a la asignación de presupuesto, Antonio Azuela sostiene que el solo hecho de que exista un decreto permite detener obras, proyectos y acciones urbanas que puedan ponerlas en riesgo.

Pone como ejemplo el caso del parque nacional de Tulum, en Quintana Roo, que fue decretado como área natural protegida en 1981.

Relata que en 2005 el gobierno municipal lanzó un plan de desarrollo urbano que contemplaba obras dentro del parque nacional; el caso llegó a la Suprema Corte y dio la razón a la Secretaría de Medio Ambiente, que exhibió el decreto de 1981 para impedir que se atentara contra la zona de conservación.

Asegunes del récord sexenal

López Obrador cerrará su administración con la proeza de haber superado la marca del presidente Lázaro Cárdenas y colocarse como el mandatario que más áreas naturales protegidas decretó. No obstante, el récord es relativo.

Si se considera la extensión de las zonas declaradas bajo protección especial, el primer lugar lo tiene el presidente Peña Nieto, pues con apenas seis decretos la superficie alcanza 65.6 millones de hectáreas; es decir, dos terceras partes del total que tiene el país.

La hazaña se logró gracias a que en 2016 se decretó como reserva de la biósfera el Pacífico Mexicano Profundo, que abarca amplios litorales de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La zona tiene una extensión de 43.6 millones de hectáreas.

El segundo lugar lo tiene el presidente Carlos Salinas de Gortari, con 4.9 millones de hectáreas, seguido de Miguel Alemán (cuatro millones de hectáreas), José López Portillo (cuatro millones) y Ernesto Zedillo (3.4 millones). López Obrador aparece en la séptima posición, con 3.1 millones de hectáreas.

Entre las 40 áreas naturales con menor extensión, 17 fueron decretadas en lo que va del gobierno de López Obrador. La más pequeña de las 225 zonas de conservación del país es Playa Delfines, en Quintana Roo, con apenas 4.8 hectáreas.

También están el Cenote Aerolito, de Quintana Roo, con 10.2 hectáreas; Jacinto Pat, en Quintana Roo, con 16.6 hectáreas; San Buenaventura, Quintana Roo, con 37.9 hectáreas; Playa Chenkan, en Campeche, con 39.5 hectáreas, y Barra de la Cruz-Playa Grande, en Oaxaca, con 56.1 hectáreas, todas ellas decretadas en este sexenio.

Un detalle que no menciona la actual secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, cuando resalta el récord de las 43 áreas naturales protegidas decretadas en la presente administración es que ninguna cuenta con Programa de Conservación y Manejo. Esto significa que, de momento, las zonas tienen un membrete, pero no hay un plan de trabajo para preservarlas, proteger a las especies de flora y fauna o desarrollar servicios ecoturísticos que las hagan autosustentables.

Ernesto Zedillo (29 áreas naturales protegidas), Vicente Fox (10) y Venustiano Carranza (1) son los únicos presidentes que dieron plan de manejo al 100% de las zonas decretadas durante sus mandatos. Felipe Calderón (17 áreas naturales) y Carlos Salinas (21) proveyeron de programas de conservación a más del 90 por ciento.

Dentro de la amplia gama de zonas ecológicas, sólo algunas tienen la relevancia como para formar parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para formar parte del sistema se necesita que las demarcaciones tengan, entre otros atributos, riqueza de especies, presencia de especies en riesgo, diversidad de ecosistemas e importancia de los servicios ambientales generados.

Hasta la fecha, sólo 76 de las 225 áreas naturales protegidas forman parte del sistema nacional. La mayoría de ellas fueron decretadas por Ernesto Zedillo (21) Carlos Salinas de Gortari (19), Felipe Calderón (12), Vicente Fox (8) y José López Portillo (7). De las 43 que decretó López Obrador, ninguna forma parte del esquema.

“A la buena de Dios”

El pasado 3 de febrero, la secretaria Albores abrió un hilo en la red social X (antes Twitter) para explicar la relevancia de haber alcanzado el récord de 43 nuevas áreas naturales protegidas. Escribió que “para el cuidado de las ANP, en 2023 se asignaron más de mil 500 mdp”. Y tiene razón, pero omitió decir que en 2024 la cifra se redujo a 985 millones.

Este 2024, continúa la funcionaria, “aumentaremos el número de guardaparques en territorio y su equipamiento, para que realicen acciones de vigilancia y conservación y continúen el trabajo con las comunidades, parte clave de la preservación y amor por el territorio. Además, se habrán formulado más de 60 Programas de Manejo”.

Sin embargo, de acuerdo con un reporte publicado el pasado 27 de septiembre por el diario Excélsior, de las 17 nuevas áreas naturales protegidas decretadas hasta ese momento por el gobierno federal, únicamente tres contaban con presupuesto, cuatro tenían director designado y sólo contrataron guardaparques.

“Se presume que hay 43 nuevas áreas naturales, pero ese crecimiento no se refleja en un aumento en el presupuesto, pareciera que hay una intención de presumir que este gobierno es el ‘campeón’ de las declaratorias, pero en realidad hay que decir que si bien es un número importante, eso no quiere decir que con ello se estén protegiendo más territorio”, advierte Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

“Es un afán conservacionista que queda en el papel, pero en la práctica las áreas naturales van a quedar a la buena de Dios, su conservación va a quedar en el aire”, reitera el activista.

Alanís sugiere que una opción para que las áreas naturales protegidas sean sustentables y no queden a expensas de los recortes presupuestales es aplicar el artículo 67 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que contempla la posibilidad de que el sector privado se haga cargo del manejo de las zonas, ya sean ejidatarios, comunidades indígenas, organizaciones civiles o empresarios, quienes tendrían la facultad de ofrecer servicios ecoturísticos y cobrar por ellos.