Hay algo que sí cambió, y mucho, con la administración de Andrés Manuel López Obrador: el incremento de contratos de compras del gobierno por adjudicación directa, sin licitación abierta o invitación restringida. Algo que han denunciado como malas prácticas, organizaciones nacionales e internacionales por la falta de transparencia, pero sin importar los cuestionamientos, la administración lopezobradorista planea gastar el doble para el próximo año.
Se trata de la utilización de recursos que son difícilmente auditables, y con un alto riesgo de corrupción, pero esto no importó a la Cámara de Diputados y autorizó al gobierno federal abrir la cartera y gastarse casi 82 mil millones de pesos.
Para dimensionar lo que representa este monto para adjudicaciones directas, significa la suma de todo el presupuesto asignado para 2023 al INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, la Suprema Corte de Justicia, la Auditoría Superior de la Federación, y todo el Poder Legislativo.
Así, en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, este tipo de contratos han aumentado en 171 % en los montos de asignación.
Para tener una referencia precisa, en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, en 2018, los contratos, tanto de asignación directa como de invitación restringida fue por hasta 28 mil 229 millones de pesos en conjunto, en todos los renglones del presupuesto. Ahora, en el quinto año de gobierno de López Obrador serán 81 mil 896, un incremento de más de 53.6 mil millones de pesos.
¿Cómo han crecido los contratos?
Los lineamientos y mejores prácticas internacionales para los contratos de gobierno plantean que sean transparentes y abiertos para incentivar la competitividad de mejores precios, y reducir al mínimo aquellas adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, que suelen ser a tres o cuatro empresas, porque tienen pocos candados y se prestan más fácilmente a cometer actos de corrupción.
Como parte del andamiaje del sistema anticorrupción que se fue construyendo entre las instituciones y la sociedad civil y que fue comenzando a operar en el último tramo de la administración de Peña Nieto (pero que ha sido olvidado y hasta modificado por este gobierno morenista), el control y supervisión de las compras y pago de servicios tenían un papel medular.
Así, en 2018, los contratos por asignación directa tenían un límite que iba de 190 mil pesos cada convenio, hasta de 503 mil pesos como máximo.
Ahora, cinco años después, ese rango creció, y ahora va desde los 270 mil pesos hasta 770 mil pesos por cada contratación; es decir, un promedio de aumento de 26.5 %.
En el caso de los contratos restringidos el cambio fue mayúsculo. Podrán pactarse entre un millón 980 mil pesos cada uno, y hasta 10 millones 810 mil pesos. Siendo que en 2018 la administración pública sólo podía firmar convenios, bajo esta modalidad, por 653 mil pesos hasta tres millones 319 mil pesos, por cada uno. Esto significa un aumento, en promedio, de 151 % entre Peña Nieto y López Obrador.
›Incluso dentro de la misma administración morenista, cada año le han ido subiendo poquito a poquito. Por ejemplo, en este año fiscal, los contratos directos se podían firmar hasta por 8.4 millones de pesos, y para el próximo le sumaron 2.4 millones más, para alcanzar esos 10 millones 810 mil pesos.
Si consideramos la cantidad de contratos que se han elaborado en la administración federal, esos aumentos paulatinos cobran mayor relevancia. Es así que durante 2021, el gobierno cada día otorgó más de 310 contratos de manera directa, por cada 45 que se hicieron en licitación pública, de acuerdo con un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción.
Para más detalle, los rangos presupuestados para los contratos vienen subdivididos por montos.
Así, por ejemplo, entre uno a 15 millones de pesos para el siguiente año se podrán ejercer contratos de hasta 270 mil pesos en adjudicación directa o de un millón 980 para convenios por invitación para al menos tres personas, cuando en 2018 ese mismo rubro contemplaba una cifra de 190 mil y otra de 653 mil pesos, en el orden mencionado. Otro ejemplo, en el rango de 15 millones de pesos a 30 millones, ahora los contratos serán de 285 mil pesos en adjudicación directa y de 2.2 millones de pesos en invitación cuando menos a tres personas, y así sucesivamente hasta llegar al segmento superior de más de mil 500 millones de pesos, en el que serán asignados contratos directos por hasta 770 mil pesos, o por invitación hasta por un monto de 10 millones 810 mil pesos cada uno, la cifra más alta en las adquisiciones arrendamientos y servicios.
¿2022 vs. 2023?
Para este año, los diputados aprobaron al gobierno federal gastar hasta mil millones de pesos para contratos restringidos. De acuerdo a los detalles, sólo pueden firmar este tipo de convenios, en lo individual, hasta por cuatro millones 143 mil pesos. Este monto no les pareció suficiente y para 2023, se autorizó un incremento de 9.3 % en cada contrato.
Adicionalmente, el gobierno insertó para el siguiente año dos renglones que no se contemplaban en la asignación directa o por invitación restringida, lo que significa que habrá más recursos que no necesitan licitación pública.
›Y es justo en esos contratos en los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) continúa encontrando inconsistencias e irregularidades, varias de ellas han provocado daños a la hacienda pública, como sucedió en la revisión de la cuenta pública 2021 de Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde el organismo hizo observaciones en contratos que fueron asignados y registrados de forma incorrecta, ya fuera por negligencia o desconocimiento de los funcionarios.
Para el ejercicio fiscal 2023, tanto para adjudicación directa como para invitación restringida, se crean dos subrenglones, los que van desde mil millones a mil 250 millones de pesos, y otro de mil 250 millones de pesos a mil 500 millones de pesos, abriendo con esto el margen tanto del presupuesto para gasto como para el monto de cada contrato.
Para ser más explícitos sobre el manejo de estos recursos, las dependencias y entidades podrían otorgar hasta mil 948 contratos de manera directa (por 770 mil pesos cada uno) durante 2023 y podrían beneficiar a cualquier empresa, aunque no cumpla con los requisitos mínimos de mejor precio o calidad, por ejemplo.
En comparación con este año, significa, en números reales, en 2023 hay un aumento de 281 contratos, que se puedan firmar por un mayor monto.
Es decir, continuaría la discrecionalidad y un mal manejo del dinero público como lo ha demostrado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Contra la Corrupción o la propia ASF. Ejemplos hay muchos. Sólo en la revisión de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior detectó compras que superaban el valor comercial de lo adquirido y que fueron pagadas y en algunos casos no fueron entregadas en tiempo y forma por los proveedores, generando un daño al erario público por millones de pesos.
Globalmente, las dependencias o entidades podrían dotar de hasta 11.3 mil contratos de manera discrecional en un año, tanto directo como por invitación restringida; para el siguiente aumentarían hasta a los 14 mil 532 convenios los que puedan suscribirse, un incremento del 28.6 %, entre 2022 a 2023.
El portal CompraNet, donde deben de estar registradas todas las compras que hacen las dependencias de los tres niveles de gobierno, no tiene la información necesaria que demuestre que el gasto de cada contrato haya sido efectivo, sino por el contrario deja muchas dudas en las que probablemente existió un manejo discrecional de los recursos. Según el IMCO, de cada 10 pesos que gastó en 2021 el gobierno en compras, arrendamiento y/o servicios, cuatro se asignaron de manera directa; es decir, sin competencia y de forma restringida, lo que abre la puerta a conductas corruptivas, de las que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es un fuerte crítico, pero que a la vez es la que más ha consentido este tipo de prácticas al interior de su gestión.
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