Para evitar más crímenes dirigidos a sacerdotes en el territorio nacional, explican los muy bien enterados, desde varios meses atrás los obispos de todas las diócesis dieron la orden de que en las parroquias ya no se hicieran declaraciones hacia medios sobre la violencia que generan grupos criminales en sus respectivas regiones, y tampoco se hable en las homilías de las acciones de los grupos criminales en los lugares donde están asignados los párrocos y donde obviamente corren peligro.
Ahora, con el asesinato del sacerdote Javier García Villafaña, quien estaba recién llegado a la comunidad de Capacho en Huandacareo, Michoacán, a reserva de investigar las causas, ha desatado una nueva discusión al interior de la Iglesia católica sobre qué otras acciones deben implementar y ejecutar para proteger a todo su cuerpo clerical en todos los estados del país.