Dos mil 562 días pasaron para que se confirmara que el Ejército supo o al menos tuvo noción de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en el ataque y desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero. Lo revelado a partir de lo que parecen ser apenas fragmentos de los informes de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional indican que la llamada “verdad histórica” no está del todo alejada de lo que pudo haber ocurrido hace más de siete años.
Y sólo es el principio. Los militares cuentan con los reportes de los dos soldados que tenían infiltrados en la normal Isidro Burgos, y que permanecen desaparecidos con el resto de los estudiantes. Además de informes tanto de sus oficinas de movimientos subversivos como la de grupos criminales.
“Hemos conseguido romper el silencio de funcionarios y miembros del crimen organizado, e incluso hemos recibido testimonios de personas valientes que nos han dicho qué vieron y qué vivieron (…) Hoy son más de 20 personas las que colaboran con esta Fiscalía y gracias a sus testimonios se ha conseguido abrir nuevas líneas de investigación y puntos de búsqueda”, aseguró el fiscal especial del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, el pasado 24 de septiembre.
Pero, ocho días después la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso (COVAJ) de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que encabeza Alejandro Encinas Rodríguez dio cuenta, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la primera entrega sobre “la información relevante que entregó la Sedena” a dicha Comisión.
Investigación. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Alejandro Encinas, dio cuenta de la primera entrega sobre “la información relevante que entregó la Sedena”.
Foto: Presidencia
Los informes indican lo que la dependencia, a través del Centro Militar de Información, denominó como conversaciones de interés en las que mensajes de texto muestran el presunto intercambio de información entre Gildardo López Astudillo alias El Gil, exjefe de Guerreros Unidos quien hoy día cuenta con protección del gobierno al convertirse en testigo protegido para la FGR, quien exige a Francisco Salgado Valladares, entonces subdirector de la Policía Municipal de Iguala, la entrega de los normalistas, a quienes identifica como “ayozinapos encapuchados y armados”.
En una segunda conversación fechada el 4 de octubre de 2014, nueve días después de los hechos de Iguala, en la que una persona identificada como Alejandro Palacios Cholo Palacios intercambia mensajes con alguien identificado como “Ramón”, un posible policía municipal de Tepecoacuilco a quien le confirma, entre otros datos, que le fueron halladas “todas sus fosas” a El Gil (Gildardo López Astudillo).
El dato. Nueve días después de los hechos de Iguala, una persona identificada como Alejandro Palacios intercambió mensajes con “Ramón”, un posible policía municipal de Tepecoacuilco.
De estas informaciones no se precisa cómo fueron obtenidas, si son mensajes de texto, chats o escuchas telefónicas, y si se trató de una intervención en tiempo real por parte del Estado Mayor de la Sedena, ni el motivo por el cual no se habían dado a conocer hasta ahora, o porqué no se entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando la solicitó.
Pero esta evidencia no sólo ofrece enormes coincidencias con lo documentado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), tras la intervención de al menos 11 teléfonos de líderes e integrantes de Guerreros Unidos sobre la toma de decisiones y la operación delictiva que se llevó a cabo entonces entre criminales y autoridades, que dio a conocer ejecentral; sino que además advierte puntos coincidentes con la investigación que en la pasada administración realizaron tanto la Fiscalía de Guerrero, la entonces PGR y la CNDH.
Coincidencias ¿de una mentira?
Aunque en el marco del séptimo aniversario de la llamada noche de Iguala, tanto el fiscal Omar Gómez como el subsecretario Alejandro Encinas insistieron en que la llamada “verdad histórica” de la administración anterior se construyó a partir de un “aparato criminal que se orquestó con la finalidad de ocultar una investigación, negar el paradero de los estudiantes y de decirle a las familias ‘dejen de buscar a sus hijos’”, como reiteró el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.
Los datos que dejan entrever los informes del Centro Militar de la Sedena, apuntan a indagatorias que inicialmente habría realizado la Fiscalía General de Guerrero y que posteriormente fueron integradas en el expediente, y la Recomendación del caso que elaboró la CNDH. La aparición de El Gil, quien hoy se identifica bajo el seudónimo de Juan como parte de las más de 20 perdonas que son testigos protegidos y que supuestamente han roto “el pacto de silencio”, reiterado por el fiscal Trejo, es muestra de las evidencias de las que incluso la agencia antidrogas estadounidense dio cuenta.
“Lo grave del caso es que está más que acreditado que Gildardo López Astudillo participó en los hechos y está libre. Me parece que un sujeto de estas características, con probados vínculos con la delincuencia organizada más que ser un testigo colaborador debiera estar en la cárcel”, advirtió Iñaky Blanco Cabrera, exfiscal general de Guerrero cuando ocurrieron los hechos.
En ese sentido, el abogado refirió en entrevista con el diario Milenio que respecto a las comunicaciones dadas a conocer por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso “deben existir muchas más de antes y después de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre y de ser así serán útiles para establecer que existieron o no vínculos entre autoridades e integrantes de la delincuencia organizada”, sostuvo el pasado 1 de octubre.
Y es que a partir de una revisión de las revelaciones que este periódico publicó en su reportaje “La DEA ocultó la verdadera noche de Iguala” del 19 de abril de 2018 en las que se dio a conocer el intercambio de mensajes que sostuvieron los líderes y jefes de Guerreros Unidos, tras la intercepción a sus celulares que la agencia estadounidense llevó a cabo entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre de 2014, resulta identificable la activa participación que mantuvo Gildardo López, así como Alejandro Palacios, ambos mencionados tanto en las intervenciones de la Sedena como de la DEA, quienes acataron las órdenes de los hermanos Casarrubias Salgado.
›Uno de los puntos coincidentes de ambos informes es sobre el señalamiento del hallazgo de fosas de Pueblo Viejo, de las que Cholo Palacios da cuenta al supuesto agente ministerial, ya que se trata de las primeras que fueron ubicadas y de las que entre el 4 y 5 de octubre de 2014, la entonces PGR informó sobre el hallazgo de 28 cuerpos encontrados en cinco fosas clandestinas en dicho punto.
Mientras que la Recomendación 15VG/2018 de la CNDH identifica precisamente los puntos conocidos como Cerro Pueblo Viejo y La Parota como la “posible ubicación de los normalistas en fosas clandestinas”, como parte de los 10 puntos que integraron las versiones sobre el posible destino de los normalistas desaparecidos. Sin embargo, las búsquedas en dichos sitios han sido desestimadas por las autoridades a cargo de la indagatoria actualmente.
En cuanto al número de normalistas que se infiere en el intercambio entre López Astudillo y el entonces subcomandante de la Policía de Iguala, a quien el Ejército identifica como “persona de confianza” de Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública municipal y líder fundador de Los Bélicos, grupo policial que estaba bajo el mando de los Guerreros Unidos, dan cuenta de la detención y entrega de entre 17 y de 21 normalistas.
La cifra es semejante con lo referido por los primeros sospechosos detenidos tanto por la Fiscalía estatal como por la PGR, que a su vez formó parte de las conclusiones de la Recomendación de la CNDH, en las que señala que entre 23 y 28, normalistas, que fueron sacados del autobús 1568 fueron llevados a la comandancia de la Policía de Iguala, para después ser entregados Guerreros Unidos en la zona de Lomas del Coyote, de donde los trasladaron al basurero de Cocula. Y en su reporte el Equipo Argentino de Antropología Forense calculó 19.
“Pasame unos por el camino a Pueblo Viejo -zona de operaciones de El Gil- yo los recibo (…) Verga suéltelos tengo unas camas para aterrizrlospaseme los detenidos”, exigió López Astudillo al subcomandante Salgado Valladares aquel 26 de septiembre, según la comunicación entregada por la Defensa Nacional a la COVAJ.
La participación del hoy testigo Juan (Gildardo) se hace más relente a partir de las intervenciones de la DEA, donde queda asentado que tanto Sidronio como Adán Zenén Casarrubias giraron instrucciones a El Gil (quien en las escuchas aparece como Romeo), para que cerrara los accesos a Iguala y que movilizara a personas como parte del plan para generar confusión sobre los hechos. Es López Astudillo quien el 1 de octubre --seis días después de la desaparición de los jóvenes--, le advierte a Adán Zenén que la situación en Iguala estaba “muy, muy caliente”, a lo que el líder criminal instruye: “ábranse”.
Tanto en el expediente de la CNDH como en la Recomendación del caso está asentado que varios de los normalistas llevaban “capuchas”, pues con base en las declaraciones de los sicarios detenidos, a varios de los normalistas les encontraron “capuchas”, y ante el hecho de que algunos las traían escondidas pudo ser considerado un factor para que los líderes y jefes criminales señalaran que había “contras” entre los normalistas, es decir, integrantes de Los Rojos, antagónicos a Guerreros Unidos.
Ese aspecto es señalado por Salgado Valladares a Gildardo López, ya que el informe de Sedena indica que el mando policial le dice “segun son Ayozinapos pero anda encapuchados y armados”; si bien la CNDH no identificó que estuvieran armados, la confusión al señalar a los estudiantes como los contras sí es algo evidenciado en las intervenciones de la DEA, cuando José Ángel Casarrubias Salgado El Mochomo asegura a su hermano Adán Zenén que: “Senos metiron los contraas kon los ayiosinpas y hubo un vergaseraaa”, cuando al día siguiente (27 de septiembre) le pregunta que qué había ocurrido.
En el apartado de referente al “Traslado de los Normalistas en Unidades de Autotransporte” de la Recomendación, pero que a la fecha no ha sido investigado por las autoridades, recae en que a bordo del denominado “sexto autobús”, el “Costa Line” 2513, tomado transitoriamente por los normalistas en el Rancho del Cura, iban hombres armados, presuntamente identificados como “rojos”, que habían subido a la unidad en su parada previa en Chilpancingo, proveniente de Acapulco, lo cual también se menciona en los llamados “chats de Chicago”, correspondientes a las transcripciones que la DEA hizo y que a la fecha aun no se ha dado a conocer las intervenciones de alrededor de las nueve horas más criticas de los hechos del 26 y madrugada del 27 de septiembre, y que al menos una parte ya recibió hace unos meses el fiscal Omar Gómez Trejo .
Transparencia a modo
Aunque el presidente López Obrador sostuvo que se darían a conocer las declaraciones de los elementos del Ejército que aparecen testadas en el informe de la PGR -más de 40 integrantes de distintos grado de las Fuerzas Armadas han declarado sobre el caso, según el subsecretario Encinas-, la primera entrega de las comunicaciones de las que dio cuenta el Estado Mayor de la Defensa Nacional no sólo no incluye los testimonios de los militares, sino que tampoco se hace referencia a los informes o datos respecto a los al menos dos elementos del Ejército que fueron parte de los normalistas.
Un primer caso es el de Julio César López Patolzin, uno de los estudiantes normalistas de primer año quien se desempeñaba como militar en activo al momento de los hechos y cuyo teléfono celular registró actividad hasta el 28 de septiembre de 2014, según un análisis realizado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), del que ejecentral dio cuenta en exclusiva en el reportaje “Los normalistas de Ayotzinapa ¿siguen vivos?”, publicado el 26 de septiembre de 2019.
Mientras que Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos que logró sobrevivir al ataque de aquel septiembre, fue también identificado por las autoridades como militar en activo por las autoridades. A la fecha ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto a la labor de ambos normalistas como efectivos del Ejército.
Foto: Cuartoscuro
En tanto, la relevancia de los informes de la Sedena implicó reacciones que ponen en entredicho, nuevamente el manejo de la información de la que habría tenido conocimiento el gobierno tanto de la pasada como de la actual administración. Al respecto, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) pidió al gobierno aclarar la intervención de comunicaciones del Ejército en el caso, al señalar que “carecen de facultades legales para realizar este tipo de acciones, por lo que deben aclarar su origen”.
Por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) la extrañeza por la revelación de las comunicaciones en poder de la Sedena generó “enfáticamente” el rechazo, el cual dieron a conocer al día siguiente de su publicación al señalar a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa que dichas conversaciones eran “información reservada que desde el GIEI se ha solicitado a entidades estatales a través de la COVAJ para ser presentadas en la investigación penal”.
Al acusar que la filtración implica el “continuar por este camino que expone la investigación y sus avances, además de alertar a presuntos perpetradores”, los integrantes del GIEI reprocharon que como parte de la COVAJ “habríamos esperado ser consultados”, respecto a la decisión de hacer pública la información, deriva de la instrucción del presidente López Obrador.
