Fue apenas el 3 de agosto pasado cuando 15 mineros quedaron atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila; cinco de ellos lograron ser rescatados pero otros 10 permanecen en el fondo de la mina tras 26 días de labores de rescate.
Con una mina totalmente inundada la realidad golpea a las familias, las posibilidades de que los obreros se encuentren aún con vida son remotas, por no decir que imposibles; las autoridades no lo han querido decir con esa claridad, pero el simple hecho de mencionar que las labores de rescate llevarían de 6 a 11 meses, deja claro que no se ven posibilidades de rescatarlos con vida y en lo que se piensa es en rescatar los cuerpos.
El optimismo de las autoridades pudo crear falsas esperanzas, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil parecía muy confiada de lograr el rescate, aun cuando era sabido que no existían las condiciones necesarias para conseguirlo.
Las semanas pasaron y desafortunadamente no se logró, hoy estamos atónitos todos al saber la velada noticia de que lo que busca la autoridad es únicamente recuperar los cuerpos.
Este suceso es una tragedia que, como suele pasar, pudo ser evitada si las autoridades pusieran dos gramos de atención y dejaran de promover malas prácticas dentro de la industria minera.
Que el Gobierno de la República haya promovido la reactivación de las centrales eléctricas a carbón en el estado de Coahuila y darle preferencia a la adquisición de pequeñas empresas mineras de esa región. Con esta acción se resucitó la minería de arrastre a baja escala que se realiza en profundos pozos que no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas y que por lo tanto ponen en riesgo a los trabajadores.
En un país en donde la crisis económica golpea a todos los sectores, era de esperarse que la extracción ilegal y carente de las mínimas medidas de seguridad florecería bajo este criterio adoptado por el gobierno.
“La grandiosa idea de Manuel Bartlett de darles más carbón a los productores más pequeños y menos a los productores más grandes provoca que al final termine en la explotación de pozos sin la seguridad necesaria para poder cuidar la vida de los trabajadores”, afirmó el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme, tras este accidente.
Ahora no solo se trata de recuperar los cuerpos de los 10 mineros que permanecen atrapados en el interior de la mina, sino en replantear los criterios de adquisición de carbón por parte de la CFE, para que accidentes como este no se conviertan en el “pan nuestro de cada día” en las regiones mineras del país.
El esfuerzo para garantizar la seguridad de los trabajadores y el buen desarrollo de esta industria se encuentra en las manos de las autoridades, que deben, sin lugar a duda, ponderar el bienestar de las personas por encima de los discursos y las políticas populista.
Desde este espacio mi solidaridad con las familias de los mineros, espero que encuentren pronto consuelo a la tragedia que hoy les embarga.
A la autoridad le hago un llamado enérgico para que haga
verdaderos esfuerzos por crear políticas públicas que beneficien a la ciudadanía sin ponerla en un franco riesgo.
