El Estado optó por la represión y no daría un paso atrás. Apenas finalizaba agosto y el diálogo ya no estaba en la agenda del gobierno, los signos eran evidentes, y el primer día de septiembre iniciaría la cuenta regresiva marcada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Como preludio, el violento desalojo del Zócalo en la madrugada del miércoles 28 agosto; la intervención del Ejército para disolver al día siguiente una concentración de vecinos de la Unidad Tlatelolco, que protestaban por el ataque de hombres armados a la Vocacional Número 5, y más tarde los soldados dispersaban un mitin relámpago en la Refinería Azcapotzalco, deteniendo a 20 jóvenes de una brigada estudiantil.
Ante estos signos, la madrugada del viernes 30 de agosto, el Consejo Nacional de Huelga (CNH) acordó en asamblea cinco puntos:
1.- No habría mítines ni manifestaciones estudiantiles en el Zócalo durante el Informe Presidencial.
2.- El consejo estaba dispuesto a dialogar lo antes posible con la condición de que fuera público y cesara la represión.
3.- Las comisiones estudiantiles fueron designadas.
4.- El consejo desarrollaría una ofensiva política entre todos los sectores populares a través de brigadas, las que tendrían instrucciones de no provocar la represión de la policía y el Ejército.
5.- El movimiento de los estudiantes no tenía relación alguna con la Olimpiada y no intentaría entorpecer su celebración.
Pero este mensaje de los estudiantes no fue suficiente, y lo descubrirían dos días después.
El 1 de septiembre, con toda la pompa y circunstancia de que en la fecha se acostumbraba a rodear al presidente, con sus secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados, ministros de la Suprema Corte de Justicia, militares de alto rango e invitados especiales, y ante la tribuna más alta de la Nación, Díaz Ordaz el hombre; “incólume, sereno, frío, sensato y fuerte”, informaba a la nación del estado que ésta guardaba.
Después de horas y horas de un soliloquio (en voz alta) y el intermitente aplausómetro, vivas y elogios de la lambisconería oficial, en un momento de silencio, Díaz Ordaz frunció el ceño, recargó de aire sus pulmones, impostó la voz y de manera escueta, pero con toda contundencia, soltó: “El conflicto estudiantil iniciado en julio pasado ya no tiene fundamentos. El artículo 145 se estudiará en la Cámara de Diputados, aunque mi opinión personal es que no debe derogarse”.
En cuanto a los presos políticos, “estos no existen, aunque si se le demostrara lo contrario giraría órdenes para ponerlos de inmediato en libertad”.
¿Y qué eran entonces Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Othón Salazar y unos años antes David Alfaro Siqueiros y otros cientos de luchadores sociales que purgaban condenas absurdas tanto en la prisión de Lecumberri como en tantas otras cárceles del país?
El marco jurídico oficial los tildaba de delincuentes comunes, roba trenes, ateos y comunistas o malpensados como Siqueiros, que por atreverse a decir en el gobierno de López Mateos, que éste en realidad se llamaba “López Paseos” (por su gran afición a los viajes hacia el extranjero), el mandatario montó en cólera y lo puso tras las rejas, hasta que el muralista salió libre en 1966.
En su Cuarto Informe de Gobierno, Díaz Ordaz tocaba dos puntos de los seis que contenía el Pliego Petitorio y ambos los denostaba. Su respuesta al diálogo fue peor: “No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es que es necesario, hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos… ante la creciente y manifiesta inconformidad de los habitantes de esta gran capital, es ineludible deber de la autoridad hacer uso de la fuerza, para reestablecer el orden jurídico indispensable a toda sociedad organizada”.
La confusión
Para el amanecer del lunes 2 de septiembre, la atmósfera social y política era densa. El CNH se quedó pasmado ante respuesta del gobierno y no pudo contestar de inmediato el discurso de Díaz Ordaz.
En cambio, se lanzó la cargada priista. El primero en salir fue la todopoderosa Confederación de Trabajadores de México (CTM), que dirigía el ya para entonces sempiterno líder priista de la clase obrera Fidel Velázquez, quien envalentonado declaró entonces: “El movimiento no es estudiantil, pues no había demandas de ese tipo”
Advertía: “En el caso de que no se recapacite en la acción subversiva, la CTM participará en el tono, grado y con las consecuencias que sean requeridas, para dar fin al clima antijurídico y de anarquía en que se quiere sumir al país y para desenmascarar a los agitadores”.
[caption id="attachment_901256" align="alignright” width="319"] Los encabezados de la prensa nacional sobre el informe de Díaz Ordaz se centraban en el conflicto estudiantil del que el presidente dijo: “El gobierno no cederá ante la presión de grupos que pretendan llevar al país a la anarquía”.[/caption]
Con este mensaje de don Fidel contra los estudiantes, calificándolos de subversivos y agitadores, parecía dar luz verde para que el sindicato de la CTM se convirtiera en grupo de choque contra el movimiento estudiantil para acabar, según él, con el clima antijurídico y de anarquía que prevalecía.
Fue hasta el día siguiente, el 3 de septiembre, cuando el CNH tuvo la capacidad de responder: “La disyuntiva que se nos plantea (en el Informe Presidencial) entre aceptar sus soluciones o esperar la represión total, es una falacia más porque no hubo ninguna solución a los puntos mencionados en el informe; los demás no recibieron siquiera la menor atención”.
Hemos planteado siempre y en todo momento que queremos solucionar el conflicto; que para ello iremos al diálogo en cualquier momento, bajo las condiciones que el gobierno exprese. Una sola es nuestra exigencia: que este diálogo sea público, ante toda la nación y que no se pretenda intimidarnos con tanques y policías.
“Hasta hoy no hemos recibido otra respuesta que el aumento de la represión, las amenazas y las calumnias que pretenden cambiar la opinión pública para volverla desfavorable a nosotros”, plantearon los jóvenes en sus resolutivos.
[caption id="attachment_901258" align="alignleft” width="350"] Los cartones y columnas de opinión, además de ensalzar la actuación de Díaz Ordaz frente a las manifestaciones, también denostaban el movimiento estudiantil que solicitaba, ante todo, el diálogo con las autoridades.[/caption]
Y subrayaba el Consejo Nacional de Huelga: “El orden necesario para la celebración de los Juegos Olímpicos está al alcance de la mano. El gobierno puede solucionar este prolongado conflicto cuando quiera. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a hacerlo”.
Tampoco este llamado fue suficiente. Los días que siguieron, 4 y 5 de septiembre, fueron para el movimiento estudiantil y popular una especie de limbo estacional. Aunque las brigadas estudiantiles seguían su trabajo “hormiga” tratando de concientizar a la ciudadanía y al mismo interior del CNH, por primera vez parecía reinar cierta confusión en la toma de acuerdos. No era para menos, Díaz Ordaz se había abrogado el derecho de ejercer como presidente la facultad contenida en el Artículo 89, fracción VI, de la Constitución para “disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
Del ambiente festivo que reinaba semanas atrás entre los jóvenes con las marchas, los mítines, los debates, las pintas, la música, la poesía y la emoción que provocaba la utopía de una verdadera democracia y de cambiar muchas cosas que estaban mal, ahora se sentía en la atmósfera un no saber qué, un inmenso vacío, una sofocante incertidumbre, un cierto miedo que hasta helaba. Este tiempo, este momento y esta sensación había que llenarla con la única medicina posible por parte de los estudiantes: la acción, es decir… la resistencia.
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