En el marco de la celebración por el día de las y los maestros, el Ejecutivo Federal anunció que el salario de los docentes se incrementará 7.5%, en beneficio de más de un millón 180 mil trabajadores de la educación -con prioridad para aquellos con menores ingresos-.
Esta política tendría un impacto presupuestario de 25 mil millones de pesos. Sin embargo, para llevarla a cabo, se requeriría una reestructura del gasto educativo: los conceptos aprobados tendrían que reasignarse al aumento salarial dado que éste no está considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.Además, cabe destacar que el monto aprobado para el pago de nómina es el más bajo desde 2015.
Las y los docentes son clave para garantizar la equidad, acceso y calidad de la educación ¿Cómo analizar el incremento salarial anunciado? Para que sea una realidad habría que garantizar que cuenten con las competencias necesarias, sean contratados y remunerados de forma adecuada, reciban una buena formación, estén profesionalmente calificados, se encuentren motivados, y estén repartidos de manera equitativa y eficaz en todo el sistema educativo (UNESCO, 2021). Sin embargo, la política de bienestar al salario solamente se centra en uno de estos componentes.
Por otro lado, el impacto presupuestario de la política salarial se da en un escenario de recursos insuficientes para atender los retos del sistema educativo, tales como la caída de la matrícula en todos los niveles educativos, las pérdidas de aprendizaje por el cierre de escuelas durante la pandemia por Covid19, y la contracción del gasto en infraestructura educativa de la SEP, por mencionar algunos.
En particular, la inversión en infraestructura educativa está asociada positiva y significativamente con el aprendizaje de las y los estudiantes; no obstante, en 2022, este rubro representa una décima parte de lo que se destinaba en 2013. Mientras, la caída de la matrícula y la pérdida de aprendizajes podrían tener una repercusión devastadora en la productividad, los ingresos y el bienestar futuros de los 52.6 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar (UNESCO, 2022).
En 2022, el presupuesto para educación equivale a 3.06% del Producto Interno Bruto, es decir, mantiene una brecha presupuestaria de 4.94 puntos del PIB respecto a lo que se debería invertir (Congreso de la Unión, H., 2019). El financiamiento es una condición necesaria para brindar educación de calidad (INEE, 2018). Atender los retos del sistema, así como dignificar las condiciones laborales del personal docente, demanda mayores recursos para la educación, así como una política educativa integral.
*Coordinadora de educación y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C.
