El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tiene aprobado un gasto en inversión pública de 3.8% del PIB para 2023, esta cifra que es cercana al 4% sugerido por la ONU como el mínimo indispensable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, el presupuesto considerado en el PEF no está completamente vinculado a los ODS, de un total de 1 billón 189 mil 793.6 mdp, 55 mil 298 mdp no tienen relación con la vinculación que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la Agenda 2030, por lo que el gasto destinado al desarrollo sostenible es menor.
En el estudio Gasto en Inversión Pública y ODS. Impactos directos e indirectos1, el CIEP señala que la inversión pública está vinculada con todos los ODS a través de los impactos económicos, sociales y ambientales que genera; e identifica que el gasto de inversión con impacto ambiental es el más rezagado en México. Lo anterior deja ver áreas de oportunidad en cuanto a la vinculación de la inversión pública con el compromiso de proteger al planeta en contra del cambio climático a través del desarrollo sostenible.
Del presupuesto total para inversión pública vinculado con los ODS, la mayor parte se relaciona con el ODS 7 de Energía asequible y no contaminante. Sin embargo, los proyectos y programas que más reciben presupuesto están enfocados en temas de infraestructura energética en hidrocarburos, dejando de lado la parte no contaminante del objetivo planteado. El Proyecto de infraestructura económica de hidrocarburos cuenta con 402 mil 199 mdp, que representan el 33.8 % del gasto aprobado para infraestructura de 2023.
Asimismo, dentro de los proyectos prioritarios se identificó que ninguno tiene relación con un impacto ambiental positivo. El Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec promueven el avance de los ODS de impacto económico, mientras que la Refinería Dos Bocas los de impacto social y el Tren Interurbano de Toluca a los de ambos tipos.
El bajo presupuesto y vinculación de inversión pública con mejoras al medio ambiente limita las medidas de mitigación y adaptación por el cambio climático. Incluso, no dar la misma prioridad a los problemas ambientales frente a los económicos y sociales, pone en riesgo el cumplimiento de los ODS y expone a la población a daños ocasionados por los desastres naturales que conlleva el cambio climático. Cabe mencionar que, de acuerdo con la Agenda de Acción de Addis Abeba, de la que México es parte, se debe promover infraestructuras de calidad, sostenibles, accesibles, asequibles y resilientes.
En este sentido, la asignación de presupuesto requeriría también priorizar políticas públicas a favor del medio ambiente. Específicamente en infraestructuras de calidad que lleven a cabo análisis de impacto socio-ambiental y que no pongan en riesgo los ecosistemas. También sería necesario el análisis de costo-beneficio a largo plazo de la obra implementada, pues, la sostenibilidad implica no poner en riesgo los recursos de futuras generaciones.
El impulso de la infraestructura de calidad y amigable con el medio ambiente requerirá de la participación tanto del sector público como del privado, y de organismos internacionales, pues el espacio fiscal con que cuenta el país es limitado. Además, la participación de la academia y de la sociedad civil es indispensable para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030.
El estudio del CIEP puede consultarse en www.ciep.mx
