La inversión en la primera infancia es la más rentable en la vida de las personas. Es en los primeros años de vida que el cerebro humano crea la mayor parte de conexiones neuronales, por ello, la inversión en esta etapa es fundamental para el desarrollo de las generaciones futuras.
Además, existe evidencia de que las intervenciones tempranas mejoran la salud, la educación y el desarrollo de las infancias y fungen como un igualador de oportunidades, derivado de que su impacto es mayor en las infancias más desfavorecidas.
Delegar el financiamiento de la primera etapa de la vida solamente a las familias podría provocar la reproducción de desigualdades estructurales. Esto, porque las familias que tienen mayores ingresos pueden destinar más recursos propios para solventar las necesidades de la primera infancia comparado con las familias de menores ingresos.
El gasto público es una de las principales herramientas para realizar esta inversión, sin embargo, esta población no ha sido una prioridad presupuestal.
En México, el presupuesto de egresos de la federación (PEF) no es distribuible por grupo etario. Aunque existe un anexo transversal de recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta las asignaciones presupuestales destinada a primera infancia, niñez y adolescencia, éste no logra identificar toda la inversión potencial que se podría realizar si el presupuesto se definiera bajo el principio superior de la niñez.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 prevé destinar 171 mil 613 millones de pesos para la primera infancia. El 51.2 % de estos recursos será ejecutado por las entidades federativas a través de aportaciones y participaciones y el 20.2 % será ejecutado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Estos recursos se dirigen principalmente al pago de la nómina educativa de educación básica que corresponde a primera infancia. También se concentran en programas de atención a la salud de la primera infancia con seguridad social, que deja fuera al 58.5 % de la población sin acceso a estos servicios.
Por otro lado, los cuatro programas presupuestarios que tienen como objetivo exclusivo la atención a la primera infancia: El Programa Apoyo para el Bienestar de Niños, Niñas hijos de Madres Trabajadoras (PABNNHMT), Expansión de la Educación Inicial, los Servicios de guarderías del IMSS y las Estancias del Bienestar del ISSSTE no presentan incrementos importantes.
Las asignaciones presupuestales del PPEF 2023 reflejan una inequidad intergeneracional, ya que los recursos para primera infancia suman en conjunto 21 mil 78 millones de pesos, lo que representa 0.25 % del gasto neto total. En contraste, el presupuesto para la Pensión del Bienestar de Adultos Mayores prevé destinar 314 mil 421 millones de pesos, esto es catorce veces mayor que el presupuesto para primera infancia.
En un contexto en el que el espacio fiscal (ingresos menos gastos ineludibles) sería de 627 mil 437.2 millones de pesos, lo que representa 2 % del PIB para la creación de política pública, es necesario encontrar financiamiento para la primera infancia en las asignaciones de gasto. Existen algunos programas presupuestarios cuya población objetivo son “toda la población” o la “población mexicana”. Es a través de estos recursos, que se podría redirigir el gasto a la primera infancia. Estos programas deberían incluir acciones, metas e indicadores que se alineen a la atención de la primera infancia.
La discusión del PPEF 2023 es una oportunidad para redirigir las inversiones públicas en las etapas más rentables de la vida. Para ello, es necesario diseñar estrategias que permitan la priorización de la primera infancia, la garantía de sus derechos y un desarrollo sostenible para las generaciones futuras.
