Las finanzas públicas subnacionales se encuentran bajo un escenario de incertidumbre y dependencia. Dado que más del 80% de sus ingresos provienen de transferencias federales, los gobiernos estatales y municipales están anclados al desempeño recaudatorio federal. En 2023, el escenario de recaudación planteado en la Ley de Ingresos de la Federación no se va a cumplir y esto tiene repercusiones en dichas transferencias. A septiembre de 2023, las participaciones federales, que es el componente más grande del gasto federalizado, se encuentran 51 mil millones de pesos por debajo de lo aprobado.
Ante esta falta de recursos, los gobiernos subnacionales pueden recurrir a tres alternativas: recortes en el gasto, endeudamiento o el fortalecimiento de su recaudación propia. Esta última es la más deseable, puesto que ayudaría a reducir la dependencia a los recursos federalizados y, por el mismo motivo, serían menos vulnerables a la volatilidad de los ingresos federales.
Sin embargo, el fortalecimiento de la recaudación subnacional a través de impuestos suele venir acompañado de un costo político, puesto que a la ciudadanía no le agrada pagar impuestos. Ante ello, vale la pena discutir alternativas que puedan ser lo menos distorsionadoras posibles.
Existen mecanismos tributarios que pueden contribuir al fortalecimiento de la recaudación subnacional y que, además, pueden ayudar a reducir afectaciones importantes al medio ambiente. Los impuestos verdes cumplen con las características previamente mencionadas y, ante el contexto recaudatorio subnacional y los retos que enfrenta México y el mundo debido al cambio climático, estos gravámenes serían capaces de atender ambas situaciones, posiblemente, con un menor costo político.
Actualmente existen 13 entidades federativas que hacen uso de los impuestos verdes para reducir externalidades negativas. Estos impuestos se enfocan en gravar la extracción de materiales, emisión de gases, emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, así como para el depósito o almacenamiento de residuos, principalmente.
Es importante mencionar, que hay 14 entidades federativas que, pese a que reconocen estos impuestos dentro de sus leyes de ingresos, no perciben una recaudación por ellos. Por otro lado, existen 6 estados que no recaudan estos impuestos y tampoco los incluyen en sus leyes de ingreso.
Pese a que estos impuestos buscan reducir las externalidades negativas causadas por actividades industriales que contaminan el medio ambiente, todavía no son una fuente de ingresos importantes para los estados que los aplican. Estos tan sólo representan el 3.5% de la recaudación por impuestos y 0.27% de los ingresos totales. Las 18 entidades federativas que no aplican los impuestos verdes tienen la posibilidad de incluirlos en sus presupuestos estatales para el próximo año. Esperemos que más entidades federativas cuenten con ellos y obtengan recursos fiscales para hacer frente a los problemas relacionados con el medio ambiente.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), analizó la recaudación de los impuestos verdes en las entidades federativas. El documento puede consultarse en https://ciep.mx/AQPI.
