Con el establecimiento del federalismo fiscal, los estados y municipios accedieron a articularse con la federación a través de la Ley de Coordinación Fiscal y renunciaron a ciertas potestades tributarias a cambio de recibir recursos del gobierno federal. En 2022, esta relación resultará en una transferencia de recursos conocida como “gasto federalizado” que asciende a 2.2 billones de pesos y para 2023 se proyectan 2.4 billones de pesos.
Las entidades federativas tienen la responsabilidad, junto con la federación, de garantizar los derechos de la población y el acceso a los mismos. Para ello, cuentan con el gasto federalizado, que representa, en promedio, el 82.7% de sus ingresos, y con los ingresos que provienen de su recaudación local, principalmente.
¿Cómo disminuir la dependencia que tienen los estados hacia la federación? En el reporte ‘Finanzas Públicas Locales, hacia una nueva coordinación fiscal’, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), aborda tres opciones para fortalecer las finanzas públicas en las entidades federativas y municipios: el cobro de tenencia, actualización y rediseño del impuesto predial e incentivos para la transición energética.
En cuanto al cobro de tenencia, se ha discutido en varios foros la necesidad de retornar al esquema vigente hasta antes de 2012, donde era un impuesto federal, administrado por las entidades federativas. Lo anterior implicaba que todos los estados cobraban el mismo impuesto, evitando la discrecionalidad en cuanto a hacer descuentos o cobrarlo a algunos autos y a otros no. Si regresáramos a tal esquema, se tendría una recaudación extra de, al menos, 74 mil mdp, recursos que podrían destinarse a cerrar brechas en el financiamiento del sistema de salud o a medio ambiente y transporte público, por ejemplo.
La segunda medida se refiere al impuesto al predial que cobran los municipios. Para poder rediseñar este impuesto habría que abordar, al menos tres aspectos. El primero se refiere a actualizar los catastros; el segundo a la eficiencia del cobro del impuesto y el tercero a repensar las tasas impositivas incorporando la perspectiva de género.
Para poder actualizar el catastro se necesita planeación y tiempo, pero los incentivos que tienen los municipios para realizarlo son pequeños dado que su periodo de gestión es de solo tres años. Probablemente una coordinación desde el estado sea necesaria para establecer un calendario de trabajo que trascienda los tiempos de las administraciones municipales.
Cuando evaluamos la eficiencia del cobro del predial actual con base en recursos humanos, materiales y presupuestales con que cuentan las tesorerías municipales, encontramos que todos los municipios en estados como Aguascalientes y Baja California son muy eficientes en el cobro, mientras que, en Chiapas y Oaxaca, la mayor parte de sus municipios presentan deficiencias.
Repensar el impuesto predial abre la oportunidad de incorporar la perspectiva de género al implementar tasas impositivas diferenciadas dependiendo del sexo del dueño de los inmuebles. Generalmente, los dueños son los hombres, un cambio como el mencionado podría ayudar, por un lado, a que el pago de impuestos sea menor para las mujeres, pero también a incentivar que las mujeres sean propietarias de los bienes inmuebles.
Finalmente, los impuestos verdes, que son parte de los incentivos fiscales para la transición energética, pueden generar algunos ingresos para los estados, pero, sobre todo, podrían ayudar a cambiar comportamientos que disminuyan los efectos del cambio climático. A 2022, el CIEP analizó nueve entidades federativas que implementan dichos incentivos e impuestos.
El fortalecimiento de las haciendas estatales es un tema que debe discutirse a fondo junto con modificaciones en la Ley de Coordinación Fiscal, para definir, aclarar y vincular las obligaciones de los tres niveles de gobierno en pro del bienestar de la población mexicana.
El reporte del CIEP puede consultarse en https://finanzaslocales.ciep.mx/.
