La inversión en infraestructura pública es una de las acciones más importantes del gobierno. Sin embargo, el hecho de construir no basta para impulsar el crecimiento y disminuir las brechas sociales. Las obras públicas deben contar con: planeación, priorización y transparencia. El cumplimiento de estas características hace posible que la infraestructura sea eficiente para la ciudadanía y promueva el desarrollo económico del país.
La planeación, como primer aspecto de las obras públicas, se ejecuta como parte de las obligaciones legales que establece el ciclo de inversión en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La cual indica que dicha planificación y programación debe estar en línea con el Plan Nacional de Desarrollo; además, establece los procedimientos a seguir si una secretaría de estado requiere infraestructura nueva o de remodelación. En cualquiera de los casos, las obras públicas deben responder a los objetivos de los planes sectoriales existentes; posteriormente, registrar la obra en la Unidad de Inversiones de la SHCP, quien, al validar los registros, asigna una clave de cartera para ser considerados en los análisis de la Comisión Intersecretarial de Gasto de Financiamiento y Desincorporación (CIGFD).
La CIGFD discute la priorización y la relevancia de la obra pública a partir de los criterios de rentabilidad socioeconómica, reducción de la pobreza extrema, desarrollo regional y concurrencia con otros programas y proyectos de inversión. Los proyectos que se priorizan bajo estos criterios continúan con el ciclo presupuestario y se les asignan recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF); en la discusión del presupuesto se aprueban los proyectos que tendrán financiamiento.
Durante y después del ciclo presupuestario, las obras públicas y sus análisis costo-beneficio pueden ser consultados en la página de Cartera de Inversión de la SHCP. Actualmente, sólo el 10% del gasto de inversión pública de 2023 puede ser consultada en su totalidad por su asignación de clave de cartera, lo que se denomina Obra Pública Abierta. En tanto que el 17% de la inversión en el mismo año es no abierta, es decir, aunque tiene asignada una clave de cartera, no es posible consultar sus análisis en la página de Clave de Cartera de Inversión. Finalmente, el 48% de la inversión en obra pública no cuenta con clave de cartera, lo que indica que no tiene análisis previos. El 25% restante pertenece a otros tipos de gasto de inversión, como la inversión financiera, subsidios o capital diferente de obra pública.
Algunos ejemplos de obra pública abierta, dentro de los proyectos prioritarios, son: el Tren Interurbano México-Toluca y el Suburbano Lechería-AIFA. De la obra pública no abierta está: el Tren Maya y el Corredor del Istmo de Tehuantepec. Mientras que los proyectos prioritarios sin clave de cartera son: la Refinería Dos Bocas o el Espacio Cultural de Chapultepec. Un caso especial es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que fue catalogado como infraestructura de seguridad nacional en 2021. Desde entonces no es posible rastrear su presupuesto en los datos abiertos de obra pública.
En un estudio reciente, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estimó que el gasto en estas obras prioritarias sería de 1.5 billones de pesos de 2018 a 2024, lo que en promedio significa el 20.3% del gasto de inversión del sexenio. La escasa apertura de los datos para estas obras obstaculiza el seguimiento de su presupuesto y el análisis de la eficiencia de estos proyectos en la promoción del desarrollo y la diminución de desigualdades.
Es importante que las obras prioritarias muestren mayor apertura pues son de los sectores con mayor relevancia para el desarrollo económico y social del país. El estudio del CIEP puede consultarse en www.ciep.mx
