El Paquete Económico 2023 se presenta en un contexto global de desaceleración económica, alta inflación, elevadas tasas de interés, tensiones geopolíticas e incertidumbre. Ante este escenario, el Ejecutivo Federal por medio de la SHCP anticipa un marco macroeconómico que sustenta los Criterios Generales de Política Económica 2023 con supuestos que son debatibles.
Uno de estos supuestos es que la economía mexicana crecerá 3.0% el próximo año. Esta tasa resulta optimista pues es mayor al 1.2% que anticipa el FMI, al 1.6% de Banxico y al 1.3% del promedio de las expectativas de los especialistas del sector privado. Se trata de un crecimiento superior incluso a la tasa de crecimiento potencial calculada por la propia SHCP de 2.4%. Esto último implica que se plantea un crecimiento superior al que nos permiten nuestros recursos disponibles usados de forma eficiente.
Los ingresos totales para 2023 se estiman en 7.1 billones de pesos y se sustentan, precisamente, en que se cumpla dicha tasa de crecimiento de 3.0%, así como en una mayor eficiencia recaudatoria por parte del SAT. Como se mencionó anteriormente, en un contexto mundial de desaceleración, será complicado que se alcance esa tasa de expansión de la economía y aunque la eficiencia recaudatoria ha ido en aumento, esta también tiene un límite.
Por el lado del gasto, se proponen 8.3 billones de pesos, de los cuales los recursos propuestos para las entidades federativas (gasto federalizado), el pago de pensiones y el costo financiero de la deuda, acaparan el 63.2% del total. Se trata, además, de un gasto que crece 11.6% en términos reales respecto del año previo y que excede en poco más de 100 mil millones de pesos al límite máximo del gasto corriente estructural que impone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, según datos de la propia SHCP. Lo anterior es relevante pues se estaría incumpliendo con una regla fiscal que existe en México desde 2014 y que, de seguirse incumpliendo, puede reducir la credibilidad de la política fiscal y poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas en poco tiempo.
Como los gastos son mayores que los ingresos, se prevé un balance público deficitario por 1.13 billones de pesos, 3.6% del PIB. Para el próximo año, de cada 100 pesos que gaste el gobierno 13.6 provendrán de financiamiento. La deuda pública se mantendría en 49.4% del PIB en 2023.
Si bien se propone que el indicador de deuda como proporción del PIB se mantenga estable en el mediano plazo, la deuda por habitante pasa de 114 mil a 118 mil pesos de 2022 a 2023. Lo anterior, junto con el hecho de que el presupuesto dirigido a la primera infancia sea de 21 mil millones de pesos mientras que para pensiones sea de 1.7 billones de pesos, sólo por mencionar un par de datos, nos permite observar que en el Paquete Económico hace falta una perspectiva de justicia fiscal intergeneracional.
El ritmo de gasto propuesto por la presente administración, hace patente la necesidad de plantear una reforma hacendaria que fortalezca los ingresos tanto de la federación como de las entidades federativas y municipios, sin seguir recurriendo a un mayor déficit fiscal y que incorpore una mejor asignación de recursos entre todos los segmentos etarios de la población, principalmente en favor de las niñas y niños, así como una perspectiva de género. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) publicó las Implicaciones del Paquete Económico 2023. El documento está disponible en https://paqueteeconomico.ciep.mx/
