Uno de los propósitos de las aportaciones federales es contribuir a la igualdad de oportunidades en el gasto federalizado y mejorar las condiciones de las entidades federativas en temas clave de política pública. Estas aportaciones se rigen bajo el principio compensatorio, el cual busca asignar los recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas. De tal forma que, aquellos estados que tengan mayores carencias, pueden recibir más recursos.
Para 2023, el gasto federalizado es de 2 billones 432.7 miles de millones de pesos (mmdp), monto 9.9 % mayor a lo aprobado en 2022. Las aportaciones tienen un monto aprobado de 924.3 mmdp y representarían el 38 % del gasto federalizado total. En este sentido, se espera que, por medio del principio compensatorio, las aportaciones sean capaces de proveer de recursos necesarios para hacer política pública en los estados con mayor población en situación de pobreza. Para que esto sea posible, la estructura de los fondos debe de estar diseñada de forma que los estados con mayores rezagos sociales sean los que más recursos reciban, sin incentivar a los gobiernos subnacionales a mantener altos niveles de pobreza.
Los ocho fondos que conforman las aportaciones federales y que inciden en temas de seguridad, educación, protección social y vivienda se distribuyen mediante fórmulas matemáticas que deben de incluir entre sus variables alguna que refleje el principio compensatorio por el cual se rigen.
En el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), se analizó si se cumple con este principio y se encontró que, en tres de los ocho fondos que conforman las aportaciones (ramo 33) no se incluye una variable que garantice este principio. Lo que más llama la atención es que estos tres fondos conforman el 62.7 % del presupuesto aprobado en 2023 para las aportaciones federales. Por el contrario, las fórmulas de estos fondos tienen como principal criterio de distribución a la población, por lo que entre más grande sea la población de un estado, mayores recursos recibiría. Por su parte, hay fondos enfocados al abatimiento de la pobreza extrema que son compensatorios por definición, pero no reciben presupuesto suficiente.
Con base en lo anterior, en la búsqueda de una mejor coordinación fiscal, es indispensable revisar la manera en la que se distribuyen los fondos, al igual que los criterios por los cuales se decide el monto de los mismos. Solo así se podrá asegurar que las aportaciones estén llegando a los estados que más recursos necesitan.
El estudio del CIEP puede consultarse en https://ciep.mx/aportaciones-federales-y-el-principio-compensatorio-una-revision-a-las-formulas-de-los-fondos/
