En 2020, el país presentó una prevalencia de tabaquismo del 11.3 % para los hombres y del 2.7 % para las mujeres. Sin embargo, la prevalencia de fumadores ocasionales pasó de 12.3 % en 2002 a 15.7 % en 2020 para los hombres y de 4.3 % a 4.5 % para las mujeres en el mismo período. Es decir, aumentó el número de fumadores ocasionales en 2020.
El tabaquismo está asociado con una mayor probabilidad de ocurrencia de varias enfermedades graves, que van desde la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) hasta varios tipos de cáncer y trastornos en el desarrollo del feto en el caso de mujeres embarazadas, sólo por citar algunas. Ante ello, una de las herramientas con que cuenta el gobierno para hacer frente a este problema es la política fiscal, a través de la aplicación de impuestos especiales que incidan en el precio de ciertos bienes sobre los cuales se busca reducir su consumo.
Existen varios estudios que presentan información sobre impuestos al tabaco y su impacto en la economía. Por ejemplo, algunos estiman que un aumento del 50 % de los precios del tabaco podría evitar 38 mil muertes en 10 años; ahorrar 3,502 millones de dólares en costos de salud y aumentar los ingresos fiscales en 8,138 millones de dólares; lo que suma un total de 11,640 millones de dólares en beneficios económicos. La recaudación obtenida a través de esta política de impuestos podría ayudar a reducir la brecha entre los ingresos públicos y los costos de salud atribuibles al tabaquismo.
Uno de los principales argumentos utilizados por la industria tabacalera contra las políticas públicas que aumentan los precios del tabaco es que se afectaría principalmente a las familias de menos recursos. Sin embargo, existe evidencia de que aumentar los impuestos al tabaco es una política progresiva y que precisamente las familias de menores ingresos observarían ganancias en años de vida y menores gastos en salud; asimismo que la población más pobre, los jóvenes y las mujeres son más receptivos a los aumentos de precios, por lo que serían también quienes obtendrían mayores beneficios de dicha política fiscal.
En el mismo sentido, el CIEP ha estimado que, para el caso de México, un aumento en el impuesto por cigarrillo que eleve su componente fijo de 0.49 pesos a 1.49 pesos resultaría en una reducción del consumo en 46 % en promedio. Los hogares de bajos ingresos reducirían su consumo de tabaco en aproximadamente 58.6 %, los hogares de ingresos medios 54.2 % y los hogares de ingresos altos 46.6 %.
Otro argumento utilizado por la industria tabacalera contra las políticas de control del tabaco es que, si se reduce su consumo podrían perderse empleos, lo cual tendría un impacto negativo en la economía. Sin embargo, la evidencia muestra que el aumento de los impuestos al tabaco no generaría un gran impacto macroeconómico en el país, dado que la cadena de producción de tabaco no interactúa extensivamente con otros sectores. Además, la pérdida de empleo en la industria tabacalera podría ser compensada con inversiones en el sector salud, financiada parcialmente con los ingresos obtenidos de los impuestos al tabaco.
Para 2023 el gobierno federal estima que la recaudación por impuestos al tabaco será de 50,114 millones de pesos. No obstante, debemos estar pendientes de los recursos que se destinarán a atender las enfermedades que ocasiona el tabaquismo entre la población, así como a prevenir su consumo, principalmente entre niñas, niños y adolescentes.
El CIEP cuenta con el micrositio http://iepsaltabaco.ciep.mx/ y pone al alcance distintos análisis sobre impuestos al tabaco en la liga https://ciep.mx/impuestos-tabaco/
