Ante la crisis de agua a nivel nacional, en la que 11 entidades federativas demandan más agua que la disponible, y en la que se estima que, en 2050, serían 20 estados en esta situación, la política de ingresos resulta relevante para disponer de recursos dirigidos a elaborar política pública en materia de agua.
A nivel subnacional, este asunto cobra aún más relevancia, pues existen atribuciones legales, administrativas y recaudatorias en temas de agua que le corresponden a los gobiernos estatales y, de manera especial, a los gobiernos municipales. Ya que, estos últimos son, por atribución constitucional, los responsables de brindar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje, entre otros. En este sentido, en CIEP publicamos el documento “Cobro por el derecho al uso y aprovechamiento del agua. Mapeo de recursos”.
La manera en la que se financia la política hídrica a nivel subnacional (en especial, a nivel municipal) es por medio del cobro del derecho al uso y aprovechamiento del agua. Este derecho (no tributario) representa, en promedio, el 22% de los ingresos subnacionales totales. No obstante, pese a la relevancia recaudatoria a nivel subnacional, no se identifica que los recursos recaudados sean dirigidos al gasto en política hídrica.
En total, en 2021 se recaudaron 73 mil 144 mdp por concepto del derecho al agua a nivel subnacional. Sin embargo, solamente se identificó que 13 mil 238 mdp se destinaron a programas de agua en este mismo nivel de gobierno. Esto significa que de lo que se recauda por derechos de agua, solamente se gasta el 18.1% en política hídrica. Esto es mayor en estados con alta exposición al estrés hídrico como Sinaloa o Aguascalientes, entre otros, que, del total que recaudaron por este derecho, solamente gastaron el 1.7% y 1.6%, respectivamente, en proyectos en materia de agua, drenaje o tratamiento de aguas residuales.
Lo anterior podría estar relacionado con la falta de transparencia de los estados en cuanto al gasto en agua, ya que no se estarían reportando de manera correcta dichos programas. Por este motivo, se recalca de importancia de cumplir los lineamientos establecidos en materia de transparencia en la Ley de Disciplina Financiera, con el fin de que la información se presente de manera homogénea, en los tiempos establecidos y en un formato accesible.
En la búsqueda de una coordinación fiscal que fortalezca las administraciones locales, la gestión del agua puede ser uno de los recursos que sigan esta premisa. De igual manera, el cobro del derecho a nivel subnacional hace de este gravamen una fuente importante para fortalecer la recaudación de los estados y municipios, que puede orientarse en políticas públicas encaminadas a asegurar el acceso al agua para las generaciones presentes y futuras.
