El federalismo como forma de organización política implica el respeto a la autonomía y a la toma de decisiones de los gobiernos locales, en un marco regulado por un entre superior denominado Federación. Con este propósito, los gobiernos subnacionales depositaron en la Federación algunas de sus facultades para formar el pacto federal, entre las que destaca el cobro de algunos impuestos como el IVA, ISR, IEPS, entre otros.
Dichos recursos regresan a las entidades a través del gasto federalizado, mismo que desempeña un papel fundamental para las haciendas locales, al implicar la transferencia directa de recursos financieros desde el Gobierno Federal hacia los gobiernos subnacionales.
En 2023, los recursos federalizados representaron, en promedio, el 84% de los recursos de los gobiernos estatales. Dado este contexto de dependencia, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación significa, en muchos casos, la aprobación de la mayor parte de los ingresos para algunos estados. Bajo el federalismo fiscal actual, las entidades federativas cuentan con poco margen para la toma de decisiones sobre sus finanzas públicas propias, su desarrollo y su gasto social, pues sus ingresos propios y su gasto no programable representan una proporción menor del total de sus recursos.
Los componentes más importantes del gasto federalizado son las participaciones y las aportaciones. Ambos provienen de una bolsa de ingresos llamada Recaudación Federal Participable (RFP), la cual está conformada por ingresos tributarios y petroleros. Derivado de un ajuste en las proyecciones en los ingresos petroleros estimados para este 2024, a través del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), la RFP aprobada para 2024 es de 4 billones 564 mil 924 mdp, monto que es 0.5% menor a lo propuesto en la Iniciativa de Ley de Ingresos y 5% menor a lo aprobado en 2023. A raíz de esto, el gasto federalizado aprobado es de 2 billones 556 838.5 mdp, monto 0.5% menor a lo propuesto en el PPEF 2024 y 0.3% menor a lo aprobado en 2023.
Por otro lado, dos cambios normativos incrementaron la centralización de los recursos para estados y municipios. El primero se dio a través del programa Fortalecimiento para el desarrollo de la infraestructura estatal, el cual se creó durante la discusión del PPEF 2024 con el propósito de fortalecer la red carretera, la construcción y modernización de caminos rurales, y la modernización de la red carretera en las entidades federativas. El segundo busca pasar recursos (en materia de nómina) del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) al IMSS-Bienestar. Este último sólo aplica a algunos estados, puesto que solamente 23 entidades están afiliadas a dicha institución; las 9 restantes seguirán obteniendo dichos recursos por medio del FASSA.
En una coordinación fiscal que, por diseño, desincentiva la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales, las modificaciones previstas para 2024 aumentan la dependencia de los estados y municipios a la federación. El CIEP elaboró un análisis sobre este tema que puede consultarse en www.ciep.mx
