Cuando autoridades eligen qué rubro del gasto “pellizcar” para subsanar otras necesidades, el más indefenso es el de la enseñanza, que reportó anomalías por 1,115 mdp
Juan Carlos Rodríguez
La educación pública es uno de los rubros más desprotegidos frente al amplio menú de malas prácticas que se han adueñado de las finanzas públicas en México.
Programas para mejorar la infraestructura de los planteles, apoyos para ampliar la cobertura y subsidios para darle calidad a enseñanza básica, media superior y superior son objeto de desvíos, subejercicios y simulaciones, sin que hasta el momento haya sanción para los involucrados.
Por ejemplo, de las mil 643 auditorías que realizó la ASF en la Cuenta Pública 2015, hay una sola donde se hallaron malos manejos en el 100% de los recursos examinados: Escuelas de Calidad. Todos los estados gastaron el fondo en cosas distintas al objetivo original del programa.
Escuelas de Calidad es una acción creada a inicios del gobierno de Vicente Fox con la meta de subsanar los rezagos en la construcción, mantenimiento y equipamiento en escuelas de educación básica, y así “coadyuvar al fortalecimiento de acciones para mejorar la calidad del servicio educativo”.
En 2015, la Federación entregó a las 32 entidades mil 103 millones de pesos para la rehabilitación de planteles. Sin embargo, al 24 de noviembre de 2016, ninguno de los gobiernos estatales pudo comprobar que invirtió un peso de ese fondo en pintar una barda, arreglar una banca o cambiar un vidrio roto.
Los mayores presupuestos se canalizaron al Estado de México (179 millones), Chiapas (82 millones), Puebla (74 millones), Jalisco (70 millones) y Guanajuato (67 millones).
Planteles deteriorados
En su informe general de 2015, la ASF recuerda que un problema del Sistema Educativo Nacional es el deterioro y la insuficiencia de infraestructura física y equipamiento en las escuelas públicas de educación básica.
Falta de electricidad, escasez de agua potable, instalaciones hidrosanitarias inservibles y falta de acceso a las tecnologías de la información y comunicación son condiciones “poco favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje”, subraya el órgano fiscalizador.
Uno de los objetivos de la Reforma Educativa fue atender dicha problemática y para ello se estableció que el Estado tiene el mandato constitucional de garantizar la calidad de la educación obligatoria, de manera que la infraestructura asegure el máximo logro de aprendizaje de los alumnos.
Para cumplir con dicha meta, en 2015 se instrumentaron cuatro programas enfocados en mejorar el equipamiento de los planteles públicos de educación básica (Infraestructura Educativa, Escuelas Dignas, Reforma Educativa e Inclusión y Alfabetización Digital), a los cuales se asignaron 13 mil 681 millones de pesos.
De acuerdo con la ASF, “las auditorías practicadas mostraron que hay una falta de diagnóstico integral y actualizado sobre el estado de las condiciones físicas y el equipamiento de las escuelas públicas de educación básica.
“Esto limita la focalización de los programas dirigidos a abatir las carencias en esta materia e impide determinar si las obras realizadas y los bienes entregados atendieron las necesidades de las escuelas”.
Insolvencias, en aumento
En 2013, año en que se aprobó la Reforma Educativa —de la cual fue artífice Emilio CHuayffet, primer secxretario de Educación Pública, y Aurelio Nuño, actual encargado de la cartera— el sector de la educación pública presentó insolvencias por 566 millones de pesos, equivalente al 1.3% de los 42 mil 131 millones de pesos analizados en dicho ejercicio.
Al año siguiente, en 2014, las anomalías se dispararon a dos mil 231 millones de pesos, que representan el 11% de los 20 mil millones analizados. Y para 2015, año en que llegó Nuño a la SEP, las inconsistencias sumaron mil 115 millones, que equivalen a 12.4 de los 8 mil 972 millones examinados. Es decir, la eficiencia en el ejercicio del gasto va en declive.
En su Informe General 2015, la ASF presentó el Top 10 de los programas con mayores subejercicios; la mitad de ellos están relacionados con la enseñanza.
Se trata del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, orientado principalmente a universidades públicas, que ese año le fueron asignados 501 millones de pesos, pero 346 millones (69%) se quedaron guardados.
Otra de las acciones de gobierno que más resiente los subejercicios es el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, diseñado para capacitar a los profesores de educación básica. De los 71 millones de pesos autorizados para 2015, el 64.7% quedó ocioso.
En una circunstancia similar están el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (59.8% de subejercicio) y el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (29.3%).
Nómina magisterial
Para Juan Alfonso Mejía, director general adjunto de Mexicanos Primero, organización especializada en vigilancia del presupuesto en materia de educación básica, el manejo de la nómina magisterial ha tenido mejoras, pero prevalecen viejas inercias.
Informó que mientras en 2009 se desviaban 19 mil 655 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB, como se le denominó hasta 2014 a la bolsa para la nómina magisterial), para 2015 las insolvencias ascendieron a tres mil 98 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE, como se le llama ahora que la Federación controla el pago a profesores).
Mejía subrayó que aún existen 206 mil personas que se les paga como maestro, pero que nadie conoce en el centro de trabajo; identifica la presencia de 22 mil 235 aviadores (personas que cobran sin trabajar) y 44 mil personas que cobran como maestro, pero que se dedican a actividades administrativas, lo que va en contra de la razón de ser del FONE.
El directivo de Mexicanos Primero lamentó además que el estudio “Pase de lista”, realizado por la Auditoría Superior de la Federación para confirmar que se les está pagando de la nómina magisterial a las personas indicadas, no haya sido posible aplicarlo en Chiapas, Oaxaca y Michoacán, donde las secciones sindicales del SNTE se resisten a que aplique en su totalidad la Reforma Educativa, principalmente porque defienden que las plazas sean vendidas o heredadas, además que se oponen a que los cargos sean sometidos a concurso.
lupa. Para el análisis de la Cuenta Pública 2015 al sector educación le realizaron 29 auditorías, 16 de las cuales corresponden a la SEP.
