Enrique Peña Nieto y su equipo han fallado una y otra vez en el manejo de los sucesos en Iguala. Fallaron cuando la PGR tardó una semana en atraer el caso habiendo argumentado que no era competencia federal. Fallaron después cuando en conferencia de prensa el procurador Murillo Karam no contestó a cabalidad todas las preguntas (algunas un tanto necias) de los medios de comunicación y lanzó su ahora infame frase “ya me cansé”. Fallaron cuando Peña Nieto hizo un llamado a superar este episodio causando la indignación de muchos – el conocido “ya supérenlo”. Y fallaron también cuando el Procurador pareció dar por cerrado el caso concluyendo que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula conforme a la verdad histórica. Una vez más el gobierno ha fallado cometiendo errores que abrieron un espacio para que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) propague una duda muy seria respecto a lo concluyente que es la investigación sobre los normalistas hasta ahora. Si bien podemos argumentar que el Presidente y su equipo no provocaron los sucesos en Iguala, sí son responsables de haber profundizado la crisis que surgió de ellos gracias a una pésima conducción de los eventos y una comunicación absolutamente descuidada del tema. Pensando en términos retrospectivos, pareciera que desde un inicio era una batalla que no les interesaba ganar. Era un hecho que este caso era sumamente complejo ya que destapó la putrefacción que existía en Guerrero: el reinado de impunidad, la colusión entre autoridades y narco y los graves conflictos sociales. Sin embargo, antes que evadir responsabilidades o tratar de construir una narrativa ligera y rápida que diera carpetazo al asunto, Enrique Peña Nieto y su equipo tendrían que haberse asegurado que el manejo del caso en todas sus ramificaciones fuera impecable. Desde la investigación pericial, el trato con los padres de los jóvenes, la colaboración con los expertos extranjeros y la información que se proporcionaría a la ciudadanía periódicamente. Por el contrario, se han evidenciado una serie de descuidos, omisiones y faltas que denotan una ausencia de capacidad gubernamental muy inquietante. Es imperdonable, por ejemplo, que se hayan cometido errores en el envío de los perfiles de ADN a los laboratorios austriacos. O no haber custodiado debidamente el lugar del crimen durante varios días. También fue desafortunado haber anunciado formalmente una conclusión sin que se hubiera terminado de procesar toda la evidencia, ciertamente atendiendo más a fines mediáticos que a cualquier otra cosa. Como consecuencia, ahora presenciamos un enfrentamiento de versiones entre el gobierno, por un lado, y los padres de los jóvenes y especialistas internacionales, por el otro. Aunado a esto, el Procurador no ha sido muy exitoso en responder a los cuestionamientos que se le han formulado y demasiadas veces parece que tiene que volver a explicarse porque fue mal interpretado o acabó comunicando algo que no era. El resultado es que el daño en la credibilidad de Peña Nieto y su equipo es tal que aunque al final se demostrase que los estudiantes fueron asesinados e incinerados, como sostiene Murillo Karam, el manejo tan defectuoso que llevaron a cabo de todo el proceso impedirá que se les otorgue algún reconocimiento por parte de la ciudadanía. Como lo señala una reciente encuesta de BGC, el 72% de la población no considera que la información presentada por la PGR sirva para aclarar el destino de los normalistas aunque el 63% de la gente piensa que los jóvenes están muertos. Esto nos indica que el papel del Presidente y su equipo en el esclarecimiento de estos terribles acontecimientos efectivamente ha sido precario. Han fracasado rotundamente en brindar una imagen de autoridad competente, transparente y profesional y por consiguiente los ciudadanos han armado sus conclusiones por su cuenta. A estas alturas del proceso de investigación quedan pocas oportunidades para que Peña Nieto y su equipo enmienden errores y rectifiquen el rumbo. Pero de no hacerlo podemos concluir que han perdido la batalla ante la opinión pública en este caso y, por consiguiente, en cualquier otro que pudiera surgir de la misma naturaleza. Peor aún, esta derrota se suma a los diversos frentes que ya tienen abiertos en temas de corrupción y mal manejo de la economía. Es sin duda muy preocupante que el equipo que está a cargo de las riendas del país continúe exhibiendo este nivel de torpeza. En Iguala no sólo se perdieron las vidas de muchas personas y se vino abajo un equilibrio de facto sostenido por corrupción e impunidad, también se derrumbó el Presidente y su equipo sin visos de una pronta recuperación.
@lorena_becerra
