De las prioridades del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver en el primer semestre de este 2022 se encuentran tanto controversias constitucionales como acciones de inconstitucionalidad, en las cuales se advierte la probabilidad de que se incrementen las presiones y un clima de incertidumbre al tratarse asuntos prioritarios del actual gobierno.
La controversia constitucional con la que se impugna la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y las acciones de inconstitucionalidad que impugnan el Código de Justicia Militar, el Código Militar de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Registro de Detenciones —pendientes desde julio de 2018—, así como Ley de la Guardia Nacional forman parte de la amplia lista de pendientes a resolver este año por el alto tribunal.
Dentro de las acciones de inconstitucionalidad que deberá resolver el Pleno de la SCJN, al que se incorporó la ministra Loretta Ortiz, la quinta integrante propuesta por el presidente López Obrador, también se encuentran las reformas a la Ley orgánica de la Administración Pública Federal que plantea la consolidación de los llamados “superdelegados”; la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como el Padrón de datos biométricos (PANAUT) y la Ley de la Fiscalía General de la República; la Ley de la Industria Eléctrica y la transferencia de facultades de la Marina Mercante de la SCT a la Semar, entre otros asuntos.
Aunque el lunes pasado, al inaugurar el primer periodo de sesiones de este año, el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que el máximo tribunal mantendría la misma actuación de “imparcialidad” con la que ha abordado los distintos asuntos, la consultora Integralia advirtió con una “probabilidad media” que los asuntos clave para el gobierno federal que debe resolver la Corte como la militarización de la seguridad, políticas de “austeridad”, desaparición de fideicomisos, electricidad e hidrocarburos, impliquen un aumento de la “concentración de poder e incertidumbre jurídica”, así como de mayores presiones y ataques contra la SCJN y el Poder Judicial.
