En plena pandemia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reportó faltantes por 8 mil 221 millones de pesos en todo el sector salud, una cifra que rebasa todos los registros en las dos décadas de existencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública de 2020 realizada por la ASF, el monto sin comprobar en el primer año de la emergencia sanitaria por Covid-19 rebasa los 7 mil 752.8 millones de pesos que quedaron pendientes de solventar en los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto, que hasta ahora era el gobierno con mayor desaseo en las finanzas públicas.
Gran parte de las responsabilidad de los millonarios recursos que no tienen un paradero claro es el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado en 2019 para sustituir al Seguro Popular y que da atención a personas que no cuentan con esquemas de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE.
El informe de la ASF señala que el Insabi documentación comprobatoria de 5 mil 019.2 millones de pesos por concepto de falta de entrega de medicamento, material de curación e insumos a las entidades federativas conforme a lo pactado en el Acuerdo de Coordinación.
El órgano fiscalizados también señala que el organismo dirigido por Juan Antonio Ferrer Aguilar no pudo comprobar el destino de mi 600.3 millones de pesos por la entrega y distribución de 2 mil 250 ventiladores pagados a cuatro proveedores en atención de la pandemia originada por la Covid-19.
“No se contó con la requisición de los bienes, los instrumentos jurídicos formalizados, las actas de entrega recepción de los bienes formalizadas entre el proveedor y dicho instituto con los números de serie respectivos, así como las características técnicas de los mismos y fechas de su entrega”, detalla la ASF.
Otra anomalía en que incurrió el organismo creado por el presidente López Obrador para dar atención a los sectores más pobres del país fue la no comprobación de 920.4 millones de pesos por concepto de la adquisición de 650 ventiladores AEONMED VG70 comprados mediante el Acuerdo de Compra sin número (Purchase of Business Agreement) formalizado con fecha 4 de abril de 2020 con la empresa de origen inglés Viva Enterprises Limited, para dar atención a la pandemia de Covid-19.
“No se proporcionó evidencia de su entrega a dicho instituto por parte del proveedor y, respecto de lo cual, el instituto informó que suscribió un contrato con un despacho inglés para iniciar las acciones legales tendientes a hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor”, señala la auditoría.
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