La informalidad laboral, fenómeno que afecta a seis de cada 10 trabajadores mexicanos, es un problema que, después de cuatro años de gobierno, fue olvidado por la actual administración federal.
De acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la informalidad laboral —que se traduce en nulas prestaciones, salarios precarios, malas condiciones de trabajo y ausencia de capacitación— fue invisibilizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Luisa María Alcalde.
“A pesar de que en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024 la STPS reconoce que la informalidad laboral es uno de los problemas más significativos en el mercado de trabajo, no se estableció como objetivo prioritario atenderlo, ni se identificó una acción puntual al respecto desde la inspección laboral sobre la formalización, como sí se hizo en el pasado”, señala el organismo.
Denominado Estudio diagnóstico del derecho al trabajo 2022, el reporte establece que hasta ahora, la principal medida relacionada con el combate a la informalidad “se concentra en la promoción de la inscripción de las trabajadoras remuneradas del hogar, sin embargo, el plan piloto del IMSS tiene todavía resultados limitados y otros grupos vulnerables no son sujetos de una política que fomente su formalización laboral”.
El reducido acceso a empleos formales, según el análisis de Coneval, implica a su vez otra marcada insuficiencia: el acceso a guarderías, lo que incide en la brecha de participación entre mujeres y hombres en el mercado laboral.
“Como se ha mostrado, no existe como tal una política pública integral de formalización del empleo, aunque en el PSTPS 2020-2024 se identificaron objetivos prioritarios, acciones y metas dirigidos a este fenómeno”, concluye el diagnóstico.
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