El actual gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega deberá reparar el daño a un periodista que fue víctima de agresiones contra su patrimonio en diversas ocasiones. Además fue perjudicado por la autoridades encargadas de investigar su caso. Así lo reveló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al emitir la recomendación 91/2018, donde señala que el gobierno estatal y la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República (PGR) incurrieron en diversas irregularidades al investigar las agresiones cometidas contra el periodista. Entre esas irregularidad, se cuenta el haber sido omisos para salvaguardar el derecho al libre ejercicio de la libertad de expresión e incumplir con su obligación de garantizarle un retorno seguro al ser desplazado forzadamente, ésta última omisión únicamente atribuible al Gobierno del estado.
De igual manera, se violentó su acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la libertad de expresión, y a no ser víctima de desplazamiento forzado.
Por otra parte, la Comisión señaló que la Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales debe continuar con la integración de las carpetas de investigación, a fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Finalmente, es necesario que se capacite al personal ministerial respecto de la debida diligencia en la integración de las investigaciones; analizar y determinar si ejercerá la facultad de atracción en el presente caso y, emitir lineamientos al respecto.
Incendian vivienda y vehículos de periodista
Al relatar las agresiones, la CNDH detalla que el 19 de diciembre de 2016, el 8 de febrero y el 28 de marzo de 2017, personas desconocidas ingresaron a la vivienda del periodista para incendiar los vehículos que se encontraban en su interior; en los dos primeros sucesos el fuego ocasionó serios daños a los vehículos y al inmueble. En el tercer evento los agresores no lograron consumar el incendio debido a la intervención de los escoltas designados para la protección del comunicador, dándose un enfrentamiento con armas de fuego, en el que uno de los escoltas perdió la vida. La Procuraduría Estatal y la PGR iniciaron las investigaciones correspondientes que hasta la fecha no se han determinado, lo cual ha traído como consecuencia que el periodista no tenga certeza de la naturaleza de las agresiones y se mantenga ante un riesgo inminente, por lo cual no ha podido reanudar su actividad periodística a plenitud. Al haber iniciado las investigaciones, la PGR debe analizar y determinar si ejerce o no la facultad de atracción. MM
