Redacción ejecentral
Un grupo de mujeres indígenas hondureñas y estudiantes universitarios exigieron en Tegucigalpa justicia a horas de que se cumpla un año del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, caso por el que hay ocho detenidos. En México, activistas demandaron lo mismo frente a la embajada de Honduras en la ciudad de México.
En manifestaciones de otros tantos países en Centro y Sudamérica se exigió a las autoridades la captura de los “autores intelectuales” del este crimen.
“Hoy estamos conmemorando el asesinato de nuestra Berta”, señaló Margarita Pineda, representante del Movimiento Indígena Lenca de La Paz (MILPH), que participó en un foro sobre la lucha de las mujeres indígenas contra el despojo del agua, celebrado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Enfatizó que el pueblo lenca ha “sufrido mucho” por la “irreparable pérdida” de Cáceres, asesinada a tiros en su casa, en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, la madrugada del 3 de marzo de 2016, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las amenazas constantes que recibía.
“Con la siembra de nuestra hermana desgraciadamente por luchar contra este sistema nos la quitaron, nos la robaron, le robaron la vida, pero la lucha sigue”, subrayó la dirigente, y afirmó que en algún momento sintió “temor” pero eso se ha “ido desvaneciendo”.
Pineda señaló al Estado hondureño por “atropellos” y violaciones al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Aseguró que la muerte de Cáceres fue “por oponerse” a la concesión otorgada a la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), responsable del proyecto hidroeléctrico al que la ambientalista confrontó y el cual está detenido desde su asesinato. Enfatizó que si el pueblo lenca “no hace la lucha” por defender sus territorios no tendrán “nada que ofrecer” a sus descendientes.
Pineda señaló que el Estado hondureño otorgó en octubre de 2009 una concesión a 40 años para el proyecto hidroeléctrico Aurora 1, lo cual “nos ha afectado mucho en el abastecimiento de agua potable”.
Denunció además el asesinato de nueve defensores de los recursos naturales desde 2015 en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz, al suroeste del país.
El último fue un dirigente de los indígenas tolupanes muerto a tiros el pasado viernes 24 de febrero por pistoleros que entraron en su casa, en el norte de Tegucigalpa, un patrón similar al crimen contra Cáceres, informaron activistas y autoridades locales.
“El profesor y dirigente indígena José Santos Sevilla fue asesinado a tiros por unos cinco hombres que entraron a su casa en la Montaña de La Flor”, unos 70 km al norte de la capital, dijo la coordinadora de Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva.
Familiares, representantes de Amnistía Internacional (AI) y decenas de indígenas de la etnia lenca y afrodescendientes exigieron respuestas para que el caso sea esclarecido.
Desde el miércoles se leía en una gran manta negra con letras en blanco “Justicia” en la vanguardia de una protesta organizada por el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del que Cáceres era coordinadora general. Desde las inmediaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) hasta las cercanías de la Corte Suprema de Justicia hondureña, cuando exigieron que el crimen no quede impune.
“Hace un año asesinaron a la compañera Berta Cáceres, le quitaron la vida, porque no soportaron que una mujer, una indígena, se opusiera valientemente con su pueblo a la explotación de nuestros territoriosvy saliera victoriosa. (...) El COPINH exige que el Estado hondureño asuma su responsabilidad en el asesinato de la compañera Berta Cáceres, a quien no solamente desprotegió, sino a quien persiguió y criminalizó por su labor comunitaria. Que el Estado hondureño se responsabilice por la concesión de los territorios indígenas de manera inconsulta, que significa las muertes de las comunidades”, precisa COPINH en un comunicado.
El día de su muerte, Cáceres dormía en su casa, donde además tenía como huésped al también ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen, quien resultó con una herida leve de bala en una oreja. Berta Zúñiga, hija de la activista hondureña, expresó su inconformidad por “los vacíos” en la investigación que realizan las autoridades hondureñas para esclarecer el crimen.
Indagatoria “de vergüenza": AI
Amnistía Internacional (AI) denunció una “vergonzosa” investigación y “lagunas judiciales” en el crimen contra Cáceres, lo que da un mensaje “aterrador” a cientos de activistas.
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, dijo que “el trágico asesinato de Berta demuestra el deplorable estado de los derechos humanos en Honduras”.
“El mensaje es claro: si tu labor de derechos humanos molesta a los que tienen el poder, te matarán”, apuntó.
Para la directora, la investigación del homicidio es “vergonzosamente deficiente”, porque no se conoce todavía quiénes ordenaron su muerte, y tampoco se creó un “mecanismo eficaz para proteger a testigos y otros defensores y defensoras”.
“La vergonzosa ausencia de una investigación efectiva para hallar a quienes ordenaron el brutal homicidio de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres envía un aterrador mensaje a los cientos de personas que se atreven a manifestarse contra los poderosos”, detalló la organización en un documento compartido a la prensa.
Ello “muestra la falta de interés de las autoridades de Honduras en que se haga justicia”, dijo Guevara-Rosas, y añadió que si no se protegen los activistas medioambientales hondureños tampoco se están defendiendo los recursos naturales “de los que todo el mundo depende para subsistir”.
Honduras el país más peligroso para defender tierras
La organización humanitaria Global Witness advirtió el pasado 31 de enero que figuras políticas y económicas relevantes están relacionadas directa o indirectamente con la violencia contra activistas ambientales en Honduras.
La organización puso de relieve que Honduras es el país más peligroso del mundo para quienes defienden las tierras como lo ilustró el asesinato de Berta Cáceres.
Desde 2010, más de 120 personas murieron por protestar contra grandes proyectos de infraestructura en sus comunidades, según el informe.
