Un juez federal vinculó a proceso al abogado Óscar Augusto Zamudio Campos, quien denunció al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero de haber torturado a Emilio Lozoya, por su probable responsabilidad en el delito de “alegar a sabiendas hechos falsos”. La FGR advirtió que buscará imputarle también el delito de extorsión.
Tras una audiencia que se prolongó por más de ocho horas, el juez de control José Rivas González consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó los elementos suficientes para considerar que el abogado del exdirector de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, denunció hechos falsos, que no le constaron y basado en pruebas ilegales.
Por el delito de abogados patronos y litigantes en la conducta de alegar a sabiendas hechos falsos por el que ayer vinculado a proceso Zamudio Campos, en caso de ser declarado culpable podría recibir pena de dos a seis años de prisión y una sanción de 100 a 300 días de multa. El juez fijó un mes para el cierre del plazo de la investigación complementaria, el cual vence el próximo 8 de septiembre.
El 29 de julio de 2022, Zamudio Campos denunció ante la FGR que Emilio Lozoya, y su padre Emilio Lozoya Thalmann fueron torturados psicológicamente por el fiscal Gertz y el fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López para que el exdirector de Pemex cambiará de abogado y se desistiera de presentar un amparo, según los audios de conversaciones entre estas personas que en junio de ese año se filtraron públicamente.
Sin embargo, en su acusación la FGR señaló que el abogado denunció la tortura contra Lozoya y su papá con el propósito de obtener un beneficio para su defendido Treviño Medina y evitar la audiencia inicial por la acusación de presunta asociación delictuosa y lavado de dinero que tiene la fiscalía en su contra.
Lo anterior, a partir de la denuncia que el 11 de agosto de 2020 presentó Emilio Lozoya Austin ante la FGR en el que denunció a Treviño Medina, entre otros funcionarios y legisladores, de una supuesta trama de corrupción transexenal por los sobornos millonarios de la constructora Odebrecht. Cuya investigación a la fecha no ha avanzado por parte de la fiscalía.
"¿A qué le tienen miedo?”
Al inicio de la audiencia prevista a las 12:20, y que finalmente inició pasadas las 3 de la tarde, los fiscales de la FGR solicitaron al juez que la audiencia fuera privada para no poner en riesgo la integridad y la presunción de inocencia de los ‘altos’ funcionarios involucrados y las investigaciones y los procesos abiertos. Pero el juez rechazó la petición al considerar que no se justificaba.
“No entendemos a qué le tiene miedo la fiscalía; es una estrategia para dejar en la oscuridad algo que debe ser público”, acusó Marco Tulio Martínez Cosío, defensor de Zamudio Campos, al señalar que no se justificaba la petición del ministerio público federal.
Entre la veintena de datos de prueba que presentó la fiscalía para demostrar que Zamudio Campos acuso “categóricamente” y sin pruebas un hecho del que no tenía un “interés jurídico, ni legítimo” sino personal, se mencionaron las entrevistas del señor Lozoya Thalmann y su hijo Emilio Lozoya negaron conocer y haber autorizado a Óscar Augusto para que presentara dicha denuncia.
“Lo que dicen esas personas en esos términos es falso”, declaró en diciembre pasado el exdirector de Pemex a agentes ministeriales; a lo que Zamudio Campos reprochó que a la fecha la Fiscalía no ha investigado en qué términos sí pudo darse esa tortura, y ni si quiera se le aplicó el Protocolo de Estambul, como medida mínima en los estándares internacionales para determinar si hubo o no tortura.
“El ministerio público está obligado a investigar. ¿Dónde se alegó?, yo denuncié una relatoría de hechos”, sostuvo Óscar Augusto al reiterar que la FGR buscaba “criminalizar la abogacía”, ya que su denuncia era parte de su derecho a ejercer una defensa técnica-adecuada basada en pruebas públicas.
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Lo que fue contradicho por el fiscal de asuntos especiales de la FGR, Manuel Granados Quiroz al señalar a Zamudio de “magnificar hechos mediáticamente con dolo y mala fe”, por lo que anunció que la fiscalía solicitará una nueva audiencia para imputar al abogado del delito de extorsión.
En su resolución, el juez José Rivas reiteró que la FGR demostró que el abogado denunció de manera “concreta y directa” hechos considerados falsos, obtenidos a partir de la intervención ilegal de comunicaciones, y con la finalidad de invalidar las acusaciones de su defendido Carlos Treviño Medina, lo cual pudo vulnerar la administración de justicia.
Aunque tras la vinculación a proceso, los fiscales solicitaron que Óscar Augusto acudiera mensualmente a firmar al juzgado, se le prohibiera salir del país y se le suspendiera temporalmente su cédula para garantizar su comparecencia y evitar que obstaculice el proceso.
No obstante, el juez de control descartó imponer medidas cautelares al señalar que los supuestos riesgos advertidos por la fiscalía se sustentaron en “afirmaciones subjetivas”, que terminarían por afectar la presunción de inocencia del abogado quien acudió de manera voluntaria a la audiencia, la cual también solicitó que fuera de manera presencial.
Una vez concluida la audiencia alrededor de las 11:30 de la noche, al salir de los juzgados del Reclusorio Norte, el abogado Zamudio Campos reiteró que las presiones de la FGR a jueces y abogados era un ataque a la libre abogacía, sin embargo, pidió confiar en el Poder Judicial, pues aseguró que “la función judicial es lo único que medio sirve en este país”.
“La advertencia es clara para los abogados. Hay un mensaje delicadísimo para los abogados”, sostuvo Zamudio Campos al reiterar la invitación que hizo durante la audiencia para que los abogados sean valientes y no teman en “denunciar a los servidores públicos que cometen delitos”.
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