Juez suspende proceso en contra de exfuncionarios penitenciarios
CIUDAD DE MÉXICO, 15OCTUBRE2019.- Ricardo Paredes Calderón, Juez titular del Quinto Tribunal, determinó que en los próximos tres días, se decidirá si se revocar la medida cautelar de prisión preventiva para Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu. En imagen aspecto de la aduana en el Reclusorio Sur. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
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La FGR no logró acreditar la comisión de los delitos de los que los acusa y en tres casos la autoridad judicial determinó que habían prescrito
Un juez federal determinó sobreseer (suspender) el proceso judicial en contra de 16 exfuncionarios penitenciarios a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) imputó la semana pasada los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, así como el de asociación delictuosa por su presunta aprobación en la firma de ocho contratos de prestación de servicios en ocho penales federales, ocurridos entre 2010 y 2011.
Luego de seis días de audiencia por video conferencia, el juez de control con sede en el Centro Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó que los delitos investigados por la FGR en lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha referido como “la privatización de los reclusorios” federales, quedaron prescritos ya que el plazo máximo para haber presentado imputación en contra de los exfuncionarios de los hechos por los que la Fiscalía los señala expiró en 2020.
Lo anterior fue lo determinado ayer por el juez Villar Ceballos en el caso de tres de los imputados, mientras que, en el caso de las 13 personas restantes, entre quienes se encuentra el general Sergio Alberto Martínez Castuera, actual coordinador de los Centros Penales Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, así como sus antecesores, el General Salvador Camacho Aguirre y de Celina Oseguera Parra, absuelta desde marzo de 2021 en la investigación por la fuga de Joaquín Guzmán “El Chapo” de julio de 2015, el magistrado determinó que no había delito que perseguir.
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De acuerdo con la indagatoria que la Fiscalía habría iniciado en 2019, el resto de los exfuncionarios a quienes se les determinó el sobreseimiento de la acusación, son señalados de haber firmado al menos 75 convenios modificatorios que implicaron finalmente el pago a sobrecosto por más de 62 mil millones de pesos.
Una revisión a los perfiles de estas personas señaladas indica que hay al menos ocho quienes estuvieron o se mantienen en funciones en el actual gobierno de la lista de 20 personas a las que la Fiscalía señala como probables responsables de los contratos con empresas privadas en los que se invirtieron 270 millones para la construcción y prestación de servicios de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de Coahuila, Chiapas, Durango, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Guanajuato y Sonora.
La determinación del juez en contra de la acusación de la Fiscalía por este caso se suma al revés que ayer mismo confirmaron a este diario fuentes federales al señalar que la FGR apelará la resolución de un tribunal federal que ordenó el cambio de la medida cautelar en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para liberarlo y colocarle un brazalete a fin de que continúe su proceso en libertad por el caso de Agronitrogenados.
No obstante, el exfuncionario continuará en prisión por la acusación de los sobornos millonarios de la constructora Odebrecht.
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