El impacto ambiental del Tren Maya ha sido uno de los temas señalados desde que se dio a conocer el proyecto. Hoy la juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán concedió la suspensión provisional de las obras correspondientes al tramo tres por situaciones en torno a esta situación.
Así lo dio a conocer la asociación civil Indignación, quien refirió que la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal” y el colectivo Chuun t’aan Maya fueron quienes presentaron las tres demandas de amparo en contra de la Manifestación de Impacto Ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le concedió al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Los quejosos argumentaron daños a la flora y fauna de la zona en donde se realizan las labores de construcción de este tramo del Tren Maya.
Los amparos se presentaron el pasado 20 de enero y se cimentaron en “tres argumentos fundamentales”. El primero de ellos fue que no se les presentó a las comunidades indígenas los estudios sobre el impacto ambiental de los trabajos de construcción, de esta forma, se violó su derecho a la información.
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El segundo fue que, a consecuencia del primero, también se violentó el derecho de estas comunidades a la adecuada participación, lo que incumple lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el tercero, fue en torno a “la omisión de realizar una evaluación ambiental regional”, con la cual quedaran de manifiesto los impactos de la obra.
Al otorgar la suspensión provisional, la juez ordenó detener los trabajos “que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies animales autóctonas”. Advirtió que las obras realizadas en esta parte del proyecto implican “un riesgo preponderante para el ejercicio del derecho a un medio ambiente adecuado por parte de los quejosos”.
Cabe señalar que esta suspensión se suma a varias más que se han otorgado en contra de este proyecto, situación que resaltó la asociación civil Indignación, quien puntualizó que “el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades mayas”.
En este sentido, fue el pasado 9 de febrero que un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa ratificó la suspensión provisional de obras a los habitantes de los municipios yucatecos Chocholá, Izamal y Mérida. Fue a finales de enero, en esta misma instancia se concedió la interrupción de los trabajos, la cual se prolongó la suspensión hasta que el asunto se resuelva de fondo. GA
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