Al argumentar que los niños y adolescentes deben ser considerados población vulnerable, ante la variante Delta de la Covid-19 y el regreso a clases presenciales, el juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México ordenó vacunar a todos los menores de edad en el país.
La jueza Claudia Irene Gámez Galindo dio un plazo de 48 horas, a partir de su legal notificación, al Gobierno de México, para que modifique el Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19 y vacune a todos los menores de 18 años sin importar que no padezcan alguna comorbilidad.
En su resolución, la jueza señaló que su fallo no tiene intensión de generar un desequilibrio en el funcionamiento y estrategia de vacunación federal, pero busca proteger el derecho humano a la salud de este sector de la población.
“Si bien se advierte que el regreso a las aulas es voluntario; igualmente cierto es que, ese aspecto no puede considerarse como un parámetro que justifique que se continúe excluyendo de la ‘Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México’, a menores de dieciocho años”, argumentó.
“No debe perderse de vista que por las diferencias demográficas y socioeconómicas que imperan en el país, la movilidad de los menores que acudan de manera presencial a las aulas se puede presentar de diversas formas (a pie, en transporte particular, transporte público, transporte escolar, etcétera), lo que de suyo implica que en su mayoría tengan contacto con personas de diversas edades (adultos) que si bien pueden tener el esquema de vacunación completo, ello no es indicativo o sinónimo de inmunidad ante el virus, lo que incrementa el riesgo de contagio para los infantes y adolescentes, que al no estar inoculados pone el riesgo su salud hasta el grado de perder la vida”, agregó.
El fallo emitido el viernes pasado ordena la vacunación con el biológico de Pfizer-BioNTech y de incumplirse se incurriría en el el delito de abuso de autoridad.
“Cualquier violación a la misma dará lugar a que se dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación”, precisó en la resolución que aún puede ser impugnado por el Gobierno federal.
