Aunque el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que la extradición de Florian Tudor, alias “El Tiburón”, buscado en Rumania por diversos delitos, sería un proceso “muy rápido”, un juzgado federal en la Ciudad de México amparó al presunto líder criminal detenido ayer, y tras concederle una suspensión de plano en contra de la orden de extradición, el juez se declaró incompetente para seguir conociendo del caso.
“Se concede de oficio la suspensión de plano para el único efecto de que no se ejecute la extradición, debiendo quedar el quejoso en cuanto a libertad personal a disposición del juzgado de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México en turno, al que se considera legalmente competente…”, señala la resolución del secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la que concedió el recurso al rumano.
No obstante, en el mismo acuerdo otorgado este viernes se indica que el supuesto empresario detenido ayer por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) deberá quedarse “en el lugar en donde se encuentra recluido o en las instalaciones que para el efecto designen las autoridades responsables, y a disposición del Juez de Control de Procesos Penales Federales del Centro de Justicia Penal Federal que haya ordenado la detención de Florian Tudor, para la continuación del procedimiento de extradición”.
Ayer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera vitoreó la detención de Tudor y a través de un mensaje en su cuenta de Twitter felicitó a la FGR por su detención, y recordó que la unidad a su cargo había afianzado “una investigación conjunta con diversas instituciones”, e incluso se adelantó en señalar que ayer mismo sería extraditado a su país de origen, donde se le investiga por los delitos de extorsión, crimen organizado y tentativa de homicidio agravada.
En México, Florian Tudor, de 44 años, es señalado de liderar una banda delictiva asentada en la Riviera Maya, pero con operación en otros destinos turísticos como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en donde se le investiga por delitos financieros que incluyen la clonación de tarjetas bancarias, tráfico de migrantes, chantaje y lavado de dinero, entre otros.
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