Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) ampliar la investigación de los hechos ocurridos el 30 de julio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México y acreditar que agotó todas las líneas de investigación posibles para esclarecer los hechos en los que tres elementos del Ejército fueron acusados de haber asesinado de manera extrajudicial a 8 de los 22 civiles que murieron en una bodega de San Pedro Limón. El juez Decimocuarto de Distrito, en materia Penal en la Ciudad de México, concedió un amparo a Clara Gómez, una de las tres testigos clave y sobrevivientes en Tlatlaya, quien solicitó que la PGR investigara a fondo el enfrentamiento, los asesinatos, la alteración de la escena del crimen, la actuación de los mandos militares y demás hechos relacionados con el caso. La sentencia del juez da la razón a la testigo y expone que con el fin de unificar la investigación de los hechos, si existe alguna otra indagatoria que aún no haya sido consignada, esta se realice y se integre a la investigación para evitar la pérdida de pruebas. Además, “se ordena al titular de la Mesa Dos de la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de dicha dependencia, a solicitar las diligencias correspondientes para obtener más elementos de prueba y realizar una investigación exhaustiva de los hechos denunciados” para que, una vez realizadas, determine la averiguación previa y resuelva si ejercerá o no acción penal”.
Los hechos
A finales de julio de 2014, un grupo de militares se enfrentó a balazos a un grupo de civiles armadas en una comunidad rural de Tlatlaya, un pueblo a cuatro horas de la Ciudad de México. La versión del ejército fue que los 22 agresores habrían muerto durante el fuego cruzado. Días más tarde, trascendió que un grupo de militares habían asesinado a algunos de los civiles tras la balacera. A finales de 2014, la PGR presentó ante el juez los resultados de su investigación sobre Tlatlaya, donde concluía que los militares Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández habían matado a “sangre fría” a 8 de los 22 civiles cuando estos ya se habían rendido; además se les acusaba de alterar la escena. Los elementos castrenses siguieron en prisión, hasta mayo de 2016 cuando un tribunal consideró que las pruebas de la Procuraduría eran insuficientes y ordenó su liberación. Ante esto, la PGR acató la decisión y argumentó que había ofrecido pruebas concluyentes para procesar a los tres elementos. Quintero, Acevedo y Millán eran los últimos tres integrantes del convoy que quedaban en prisión acusados de haber perpetrado el asesinato. Antes ya habían salido otros cuatro, vinculados igualmente al caso, aunque por delitos menores. Tres mujeres sobrevivieron a los hechos Tlatlaya. Una de ellas es Clara Gómez. (con información de El Universal y El País). DA/EC
