Juez desestima 7 de 8 cargos de lavado de dinero a Alex Saab
Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de blanqueo de capitales y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel
Un juez de Estados Unidos desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de dinero imputados a Alex Saab, un empresario colombiano cercano al gobierno venezolano, debido a “garantías” dadas a Cabo Verde durante el proceso de extradición del acusado.
Saab, de 49 años, está siendo juzgado en Miami, en el sureste de Estados Unidos, desde el 18 de octubre, dos días después de que llegara a esa ciudad procedente del archipiélago africano.
Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de blanqueo de capitales y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel.
El juez Robert Scola, del Distrito Sur de Florida, firmó la orden a petición de la Fiscalía.
El 7 de septiembre de 2020, durante el proceso de extradición, Estados Unidos había dado “garantías” a Cabo Verde de que “no iba a enjuiciar o a castigar el acusado Alex Nain Saab por más de un cargo de la imputación”, explicó la Fiscalía en su moción enviada al juez.
Esa decisión se tomó para “cumplir con una ley de Cabo Verde relacionada con el plazo máximo de encarcelamiento”, precisó.
Saab llegó a Miami el 16 de octubre tras su extradición desde Cabo Verde, solicitada por Estados Unidos.
Según la acusación estadounidense, él y su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos.
Fiscales del país norteamericano aseguran que ambos se lucraron ilegalmente y crearon una red de sobornos, aprovechando un contrato firmado con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos.
La desestimación de cargos sólo afecta a Saab y no a Pulido, indicó la Fiscalía en su escrito.
Audiencia aplazada
La extradición de Saab, al que la oposición venezolana acusa de ser un testaferro del presidente Nicolás Maduro, enfureció a Caracas.
El gobierno de Maduro, que dio al colombiano la nacionalidad venezolana y un título de embajador, luchó sin éxito para evitar su traslado a Estados Unidos.
Tras acusar a Washington de secuestrar a Saab, Maduro ordenó la suspensión de las negociaciones que el gobierno llevaba a cabo con la oposición en México.
El acusado debía comparecer este lunes ante el juez Scola para asistir a la lectura de los cargos en su contra y declararse culpable o no culpable.
Pero la audiencia fue aplazada hasta el 15 de noviembre, para permitir a Saab reunirse por primera vez en persona con su abogado, Henry Bell.
Ese encuentro aún no tuvo lugar porque el colombiano fue puesto en cuarentena a su llegada a Miami, como medida preventiva por la pandemia de covid-19.
Este lunes por la tarde, Saab presentó ante el tribunal una renuncia a asistir a su próxima audiencia en persona o por videoconferencia, aprovechando su derecho.
El empresario también es sospechoso de blanquear dinero obtenido ilegalmente a través de un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela.
Aunque ese delito no figura en el acta de acusación, el Departamento del Tesoro estadounidense lo sancionó por ese motivo en julio de 2019.
Saab, de 49 años, está siendo juzgado en Miami, en el sureste de Estados Unidos, desde el 18 de octubre, dos días después de que llegara a esa ciudad procedente del archipiélago africano.
Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de blanqueo de capitales y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel.
El juez Robert Scola, del Distrito Sur de Florida, firmó la orden a petición de la Fiscalía.
El 7 de septiembre de 2020, durante el proceso de extradición, Estados Unidos había dado “garantías” a Cabo Verde de que “no iba a enjuiciar o a castigar el acusado Alex Nain Saab por más de un cargo de la imputación”, explicó la Fiscalía en su moción enviada al juez.
Esa decisión se tomó para “cumplir con una ley de Cabo Verde relacionada con el plazo máximo de encarcelamiento”, precisó.
Saab llegó a Miami el 16 de octubre tras su extradición desde Cabo Verde, solicitada por Estados Unidos.
Según la acusación estadounidense, él y su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos.
Fiscales del país norteamericano aseguran que ambos se lucraron ilegalmente y crearon una red de sobornos, aprovechando un contrato firmado con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos.
La desestimación de cargos sólo afecta a Saab y no a Pulido, indicó la Fiscalía en su escrito.
Audiencia aplazada
La extradición de Saab, al que la oposición venezolana acusa de ser un testaferro del presidente Nicolás Maduro, enfureció a Caracas.
El gobierno de Maduro, que dio al colombiano la nacionalidad venezolana y un título de embajador, luchó sin éxito para evitar su traslado a Estados Unidos.
Tras acusar a Washington de secuestrar a Saab, Maduro ordenó la suspensión de las negociaciones que el gobierno llevaba a cabo con la oposición en México.
El acusado debía comparecer este lunes ante el juez Scola para asistir a la lectura de los cargos en su contra y declararse culpable o no culpable.
Pero la audiencia fue aplazada hasta el 15 de noviembre, para permitir a Saab reunirse por primera vez en persona con su abogado, Henry Bell.
Ese encuentro aún no tuvo lugar porque el colombiano fue puesto en cuarentena a su llegada a Miami, como medida preventiva por la pandemia de covid-19.
Este lunes por la tarde, Saab presentó ante el tribunal una renuncia a asistir a su próxima audiencia en persona o por videoconferencia, aprovechando su derecho.
El empresario también es sospechoso de blanquear dinero obtenido ilegalmente a través de un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela.
Aunque ese delito no figura en el acta de acusación, el Departamento del Tesoro estadounidense lo sancionó por ese motivo en julio de 2019.
BG
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