La vida comercial termina para los juchitecos a las siete de la tarde. Poco a poco, sus comerciantes cierran las cortinas y sólo las vendedoras de champurrado y bupu (bebida tradicional zapoteca) se quedan a trabajar hasta las nueve de la noche, batiendo el atole a media luz. La violencia y el rezago en la reconstrucción de sus casas desde el terremoto del 7 de septiembre de 2017 les han cambiado la cotidianidad. El problema entre los damnificados ha tomado otra tonalidad, pues han surgido grupos de defraudados por constructoras con quienes acordaron el levantamiento de casas de ladrillo de hormigón que nunca se concluyeron, y en algunos casos, ni se iniciaron. Desde que comenzó este año no hay un mes en el que las carreteras del istmo no sean bloqueadas por grupos de damnificados, defraudados o quejosos que piden la liberación de presos como el exempresario y exactivista, Juan Terán, el hombre más conocido en Juchitán, ahora acusado por ser líder del crimen organizado en la región. En Juchitán tampoco existía fuerza que se quisiera enfrentar a la familia Terán Regalado, hasta que en abril de 2017, cuando Juan Terán fue detenido en Puebla y entregado a la Fiscalía de Oaxaca. A partir de esa fecha, los crímenes comenzaron a ser más sangrientos en la región. Después del terremoto, tras el arribo de los militares y de la Policía Federal se dominaron a los pequeños grupos que pelean por el control de la zona. A partir de enero de este año, las fuerzas federales abandonaron la zona y de nuevo comenzó una batalla que alcanzó a Pamela, hija de Juan Terán. La madrugada del 2 de junio, Pamela, María del Sol y el chofer Adelfo Guerra fueron asesinados después de abordar su camioneta, frente al bar Jardín. El único señalado fue liberado por falta de pruebas y por la presión ejercida durante varias horas de bloqueos carreteros por parte de su familia y amigos. Para los juchitecos, bloquear la carretera se ha convertido en una revancha social y su único recurso para ser escuchados o llamados a negociar. El pueblo se puede quedar sitiado desde el mediodía hasta la medianoche. Juan Vázquez, conocido como Juan Chana, vive con su esposa y su hija Gabriela. Ellos entregaron 120 mil pesos que entregó el gobierno federal al arquitecto José Cristóbal Vázquez, profesor del Tecnológico del Istmo, que nunca concluyó la casa y sólo hizo los cimientos que se convirtieron en una fosa donde ya crece la maleza. “Nosotros confiamos porque es sobrino de mi esposa. Dimos la confianza, el dinero; nos pedían toneladas de cemento, de varilla, de grava (…) quedaron en traer una tonelada de cemento, pero nunca llegó, y los albañiles se fueron”, dice Juan, quien tuvo que iniciar un negocio de comida con su esposa y sus dos hijas en la secundaria Emiliano Zapata de la séptima sección, el barrio más pobre del municipio. El poco cemento esparcido fue tragado por el lodo que escurre hacia los cimientos y los castillos que reforzarían los pilares ya se oxidaron. La familia de Juan vive bajo una carpa formada por una lona de diez por diez, sin cerraduras, ni ventanas. Existen otras empresas identificadas como Hiram Habit, de Irán Cabrera de Tuxtepec, Grupo Deltha, Corgua SA de CV y Constructores Fundación de Asistencia. Estos grupos aprovechaban la permanencia de Grupo Carso que, tras una serie de requisitos y la entrega de sus tarjetas, se comprometieron a construir 600 hogares en Juchitán, mismos que ya comenzaron a entregar. Y según la oficina del Juez Municipal, se estima que existen cerca de 200 denuncias, algunas de ellas han sido canalizadas a la Fiscalía oaxaqueña. Ante tal escenario, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano menciona que no hay forma de intervenir “pues es un acuerdo entre particulares, los afectados tendrían que denunciar por la vía civil”, mencionó Armando Saldaña, Director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la dependencia. Para los oaxaqueños no existe otra alternativa que agruparse y buscar a los responsables. Así sucedió en Chicapa de Castro donde retuvieron por cinco días al español Iván Mouris Gallardo, que prometió construir 17 viviendas. Después de varios meses de reclamos, el pueblo pidió su linchamiento aunque después fue detenido y denunciado.
La ventosa
Ante el fraude, la reconstrucción y la demolición de los inmuebles, pocos se han detenido a reflexionar sobre los riesgos posteriores en la región oaxaqueña. Elton Regalado es un estudiante de Ingeniería Geofísica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que ha propuesto a los tres niveles de gobierno un mapeo especializado sobre la “caracterización sísmica del Istmo de Tehuantepec”. El proyecto abarca tres fases, el primero es realizar Sondeos Eléctricos Verticales y Tomografías Sismicas del suelo en el municipio de Juchitán y conocer de forma detallada “cómo reaccionará el tipo de suelo ante sismos tan fuertes como el del siete de septiembre”. “La segunda Fase es llevarlo a todos los municipios de la región, en especial a los lugares más afectados por el terremoto (…) la última etapa es crear un Atlas de Riesgo que apoye al gobierno local y municipal a saber dónde y dónde no construir. Evitaría desgracias como las que pasamos con nuestros paisanos, a partir del manejo de la información especializada y el número de población”, explica Elton. Aunque sólo el juchiteco sólo pedía apoyo para la utilización de material, ni el congreso del estado, ni el gobierno estatal o algún municipio han mostrado interés por realizar este tipo de estudio; “siempre decían, sí, sí, nosotros te llamamos. Y no llaman”. La última actualización de un Atlas de Riesgo en el estado de Oaxaca data del año 2010 y fue hecho por la empresa ERN Ingenieros Consultores.¡ En el istmo no ha dejado de temblar. Pero los Binni záa, los zapotecos, “el pueblo que viene de las nubes”, se acopla a las condiciones de vida para enfrentarse a los nubarrones de polvo de escombro.
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