La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el joven de 23 años, José Eduardo Ravelo murió debido a una neumonía, y no por golpes y tortura como se señaló inicialmente, luego de su fallecimiento el 3 de agosto pasado.
A través de un comunicado, la FGR indicó que fue derivado de una denuncia realizada por la madre del joven el 18 de agosto que se inició una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura.
Como parte de ella, se recabaron más de 50 testimoniales, 45 periciales forenses, de química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio, video, informática, entre otros.
Aunado a ello, indicó la Fiscalía se realizó la exhumación del cadáver y se realizó una necropsia al cuerpo del joven, la cual indicó que José Eduardo Ravelo murió por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención.
De acuerdo con la Fiscalía, se analizaron videograbaciones sobre su detención, su llegada a la cárcel, así como los videos de su estancia en ella.
“Del análisis de todos los videos NO se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Sólo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto”, indicó la FGR.
A través de la mecánica de lesiones, indicó la FGR, se determinó que las lesiones que José Eduardo Ravelo sufrió derivaron de “maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto”, mismas que tardan en sanar menos de 15 días.
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La Fiscalía también señaló que los número y colores de la patrulla señalados por José Eduardo en su declaración, no corresponden en la evidencia. Detalla que los uniformes descritos no existen.
Para abundar en la investigación, se amplió la búsqueda de características a las corporaciones que operan en la zona conurbada de Mérida, incluyendo a la Policía Estatal y municipales de Mérida y Kanasín.
Frente a ello, la FGR indica que en su detención no existió tortura ni violación sexual por parte de los elementos que participaron en la detención, pero sí falsedad de dictámenes ministeriales por parte de personal de la Fiscalía de Yucatán, quienes presionaron ilícitamente a testigos para ejercitar la acción penal contra policías municipales. CJG
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