Cuando asumió la presidencia de la República hace tres años, Andrés Manuel López Obrador encontró que los elementos del poder nacional estaban tan debilitados que era difícil asumir que contaba con las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos de gobierno.
El crecimiento económico estaba detenido. La corrupción se había enquistado en todos los niveles de gobierno. El narcotráfico se había pertrechado más y se mostraba dispuesto a retar a las fuerzas del Estado. La pobreza y la desigualdad se habían acentuado en el país y muchos ciudadanos habían decidido defenderse con las armas contra las incursiones de las organizaciones criminales en sus comunidades. Las víctimas de la violencia formaban ya una cantidad colosal de más de 500 mil personas entre asesinados, desaparecidos y desplazados.
En la frontera entre México y Estados Unidos, la debilidad de los elementos del poder nacional se vive con un grado mayor de intensidad.
En esta frontera existen municipios donde la única presencia del Estado es el patrullaje esporádico de las unidades militares. En numerosos poblados de la franja de 100 kilómetros al sur de la línea fronteriza no hay industria, no hay escuelas, no hay otro comercio más que el ilegal dedicado al tráfico humano, de drogas o de armas y no hay otro sustento viable para la población con excepción del que le impone la delincuencia organizada.
No sería exagerado decir que en numerosos poblados de la frontera no existe ninguna expresión de los elementos del poder nacional: no hay desarrollo, la pobreza es extrema, la ley la imponen los carteles de la droga y si hay policías, éstos en su mayoría trabajan para la delincuencia.
Esa condición de abandono es la que hizo pensar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Defensa de Estados Unidos que en México existían porciones del territorio donde predominaba el Estado fallido. Esas son las mismas zonas que la ONU considera como “zonas de silencio” por la ausencia absoluta de la libertad de expresión. Ahora Sonora ha reemplazado a Tamaulipas y Chihuahua como las entidades fronterizas con más asesinatos de periodistas en los últimos tres años.
Las ciudades más grandes de la frontera como Tijuana o Ciudad Juárez están afectadas por un incremento de la violencia. Tijuana es la ciudad con el índice más alto de homicidios por cada 100 mil habitantes. Reynosa sigue siendo un gran municipio de cerca de medio millón de personas donde la gente se ha debido adaptar a una violencia normalizada en la que ver a grupos de gatilleros en la calle es algo usual. Cualquier día un grupo criminal puede asesinar a mansalva a una cantidad grande de personas y el hecho es que no sucede nada después.
Muy lejos de ahí, en la capital del país, las fuerzas políticas opositoras hacen todo lo posible para minar al gobierno en turno y entorpecer cada uno de sus pasos. La pluralidad política se ha trastocado en una rivalidad de partidos y fracciones antagónicas que luchan contra el gobierno de López Obrador como si fuera su enemigo acérrimo y no como parte de un conjunto diverso de fuerzas políticas que debieran buscar el consenso para avanzar en el cumplimiento de los objetivos nacionales.
En este mar de confusión ha predominado el abuso y la corrupción, agravados por la emergencia del coronavirus. La pandemia arrasó con el empleo en las zonas fronterizas. El cierre de la frontera terrestre con Estados Unidos significó la desaparición de muchas de las oportunidades de sustento para la población que se beneficiaba del intercambio comercial entre las ciudades hermanas. Ahora, la crisis social se comienza a expresar de otras formas insospechadas: el aumento exorbitante en el número de niños que se suicidan y de menores de edad que se embarazan.
Ante semejante inseguridad, el gobierno se ha apoyado principalmente en las Fuerzas Armadas, pues persiste la misma tendencia histórica de desconfianza en elementos de policía que siguen controlados por la delincuencia. La creación de la Agencia Nacional de Inteligencia sigue afectada por una rivalidad interna entre facciones de los servicios de inteligencia que provienen de gobiernos del PRI, PAN y ahora de Morena. Esas disputas sobre la orientación de la nueva agencia de inteligencia obstaculizan la creación de un sistema de inteligencia estratégica en los momentos en el que más se necesita.
Con esta disfunción de los elementos del poder nacional, es difícil saber para donde va el país. Todos los escenarios son posibles y cada uno de los elementos de poder particular, privado o faccioso, está determinado a llevar al país hacia el cumplimiento de sus intereses individuales sean de naturaleza política, económica, criminal o una mezcla de todos ellos.
El gobierno de López Obrador tiene enfrente otros tres años y las oportunidades para transformarlo en forma positiva parecen estarse alejando. El escenario más realista es que este sexenio termine sin haber logrado casi ninguna de las metas que proyectó alcanzar: la corrupción seguiría ahí, la violencia de los grupos criminales se mantendría sin cambio o peor; el crecimiento económico seguiría pasmado y las Fuerzas Armadas seguirían enfrascadas en tareas de seguridad pública en las que no logran arrojar evidencias de éxito.
Escenarios más pesimistas también podrían ocurrir si empeora la violencia, se multiplican las milicias civiles, persisten las batallas directas entre la población y los grupos criminales y la economía se sumerge aún más con nuevas olas de coronavirus. La descomposición política en los centros de decisión nacionales como la presidencia, el Congreso, los partidos o el mismo Poder Judicial podrían orillar a facciones militares exasperadas a desplazar a los civiles e impulsar políticas de mano dura para resolver la situación del país.
Algunos de esos escenarios pesimistas ya están, de hecho, ocurriendo en la frontera. Los grupos de civiles armados se están multiplicando en Sonora, los asesinatos y las desapariciones parecieron ser la forma predilecta para gobernar Tamaulipas, mientras que los homicidios siguen incontenibles en Baja California.
El mejor escenario, el de fortalecimiento de los elementos del poder nacional, para lograr los grandes objetivos nacionales, es desafortunadamente el menos plausible. Sin embargo es el más necesario, el más prioritario, el único camino posible. Si el gobierno de López Obrador quisiera evitar los escenarios catastróficos y buscar el inicio de soluciones integrales a los problemas del país, tendría que lograr un acuerdo nacional con las fuerzas políticas que ahora lo antagonizan. Sin embargo, ni el gobierno, ni las fuerzas que se le oponen, parecen estar buscando ese camino de diálogo. El país se va moviendo con una inercia y en una dirección en las que nadie parece tener control.
Zonas limítrofes. En la frontera entre México y Estados Unidos, la debilidad de los elementos del poder nacional se vive con un grado mayor de intensidad.
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