La muerte sigue, entonces este libro no podrá cerrarse ni tendrá fin: puntos suspensivos sin punto final. No hay manera de contar tanto dolor”. Así cierra la nota final del libro Narcoperiodismo de Javier Valdez que narra las historias de periodistas en distintas regiones del país, sus peripecias para sobrevivir y no rendirse en el ejercicio periodístico, quizá lo más sorprendente.
Cuanta razón tenía Javier, su libro no puede cerrarse porque en él faltará su propia historia. Una historia que apenas empieza a escribirse y no podrá cerrarse porque es un libro que se compone todos los días en varios rincones del país. Este libro, como lo dijo, “no tiene fin”. Con el homicidio de Javier, ocurrido el 15 de mayo pasado, se escribe otra de las historias que contó, aunque hay otras que seguramente se llevó con él. Esos son relatos de un periodismo roto, lastimado y frágil, pero también precarizado, mal pagado y lleno de temor, dolor y desconfianzas. Un periodismo indefenso y desprotegido, pero convencido, y que en ocasiones ni los periodistas comprenden ¿Por qué hacer periodismo en estas condiciones?, es la pregunta recurrente. Esta convicción llevó a Javier hasta el final, sin importar cuanto tenía o cuanto debía. Muchos medios lo dejaron solo, pero otros, pocos, lo apoyaron. Donde más reconocimiento tuvo fue en el exterior, han declarado amigos cercanos a él. Para muchos era un contacto, una fuente, un experto en temas de narcotráfico, un referente en su natal Culiacán. Hoy, Javier es un eco nacional e internacional. Dentro de todo esto ¿qué ha sucedido con la investigación de su homicidio?. Nada. Silencio y hermetismo del lado de la autoridad y por parte del periodismo, enojo, repudio y asombro ante tan artero crimen. ¿Qué es de su familia?, rota y herida sin piedad. Como creer en una investigación de la que nada se sabe y ni se informa siquiera a los familiares, ¿cómo ganar confianza ante una autoridad que se escabulle como si ocultara algo?, ¿cómo creer que su asesinato no quedará como muchos otros, en una carpeta de investigación? Ese es el reto del actual y recién nombrado fiscal para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, el sexto nombrado para esta Fiscalía en 11 años. El hermetismo en el que se sumió la investigación por parte de la autoridad no ayuda mucho. Siembra desconfianza y desesperación. Es algo que las autoridades que investigan no entienden: estamos frente a un gremio y una sociedad que necesita información, clara y precisa. Pero, sobre todo, que necesita resultados.
›El periodismo en Sinaloa y el país no aguanta más silencio, ni hermetismo, ni burocracia, ni más impunidad. Sinaloa ha vivido años de agravios hacia los periodistas, aunque siete de ellos fueron asesinados de 2000 a 2017.
Cuatro gobernadores han pasado por Sinaloa desde que ocurrió el primer asesinato contra un periodista en la entidad, Gregorio Rodríguez; estos mandatarios han emanado del Partido Revolucionario Institucional, incluido el actual, y uno del Partido Acción Nacional, Mario López Valdez, a quien se le ocurrió impulsar una Ley que restringiera a cobertura periodística. Todos ellos, de alguna forma, son responsables de la impunidad de estos homicidios, por omisión, al no perseguir a los asesinos en sus respectivas gestiones. ¿Cuántos gobiernos más tendrán que pasar por Sinaloa para creer que el asesinato de Javier sí será resuelto? Porqué creerles si en otros casos los resultados no fueron satisfactorios. Tendríamos que recordar que sucedió en los casos que siguen sin resolución.
Los autores materiales del homicidio de Gregorio Rodríguez, ocurrido en Escuinapa, frente a su esposa e hijas, recibieron una sentencia de 11 años seis meses de prisión, por lo que en abril del siguiente año estarían libres. ¿Por qué el entonces gobernador, Jesús S. Millán, no detuvo o pidió la extradición del autor material del homicidio, Antonio Frausto Ocampo, operador del Cártel de Sinaloa, detenido por el gobierno de Estados Unidos en 2009? Otro asesinato fue el de Humberto Millán. ¿Qué sucede con este caso, abierto desde 2013, y que persigue la Fiscalía Especial de Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión? Hasta la fecha no se han detenido a los autores del homicidio. ¿Cuántos fiscales más deberán pasar por esa Fiscalía para saber quiénes fueron los responsables de su muerte? Otro caso es el de José Luis Romero y para el que la Fiscalía abrió dos averiguaciones previas, pero no hay detenidos. En los tres casos, de acuerdo con el seguimiento de Reporteros Sin Fronteras, hubo indicios suficientes, en su momento, para considerar que los periodistas fueron asesinados por el ejercicio de su profesión. Al igual que Javier Valdez, fueron personajes incomodos para el crimen organizado que opera en Sinaloa, también para alguna autoridad. En ninguna investigación hay resultados y las familias siguen esperando justicia ¿Por qué ahora, si les debemos de creer?
*La autora es Coordinadora de la oficina de Reporteros Sin Fronteras en México.
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