La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó operaciones irregulares cometidas por las universidades públicas entre 2013 y 2014, desde entonces el organismo vigila constantemente sus finanzas.
En los avances sobre la revisión de la cuenta pública de 2021, la ASF identificó que la Universidad Autónoma de Coahuila posiblemente causó un daño al erario por 693 millones 282 mil pesos, monto que representa el 26% de los recursos enviados por el gobierno federal a la institución. Es decir, poco más de 2 pesos de cada 10, presenta una anomalía.
“La Universidad Autónoma de Coahuila careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”, sostiene la ASF en sus conclusiones dadas a conocer este viernes.
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Las autoridades universitarias no tenían una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos enviados por la federación; tampoco acreditó el envío de 49 comprobantes fiscales por la recepción de los recursos, y no presentó las pólizas y la documentación comprobatoria o el reintegro a la Tesorería de la Federación de recursos clasificados como “no pagados” por 133 millones 530 mil 900 pesos.
La Universidad pagó sueldos no autorizados por 105 millones 282 mil 200 pesos, y adicionalmente pago de salarios en exceso por casi 2 millones de pesos.
“Además no acreditó la autorización de 3,805 plazas correspondientes a 119 categorías de puesto a las cuales les cubrieron pagos por 438,505.0 miles de pesos”, añade la auditoría.
Es decir, a pesar de toda la vigilancia a las universidades, la de Coahuila cometió estas irregularidades, y “no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos” que enviaron desde la federación.