Derivado de los ocho contratos de prestación de servicios de largo plazo que entre 2010 y 2011 celebró el sistema de Prevención y Readaptación Social, durante 2020 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos en exceso, falta de comprobación fiscal e incluso pagos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de servicios públicos exentos de éste. El monto total de estas inconsistencias pendientes por aclarar alcanzó los 4 millones 695 mil 892 pesos.
La auditoría de cumplimiento aplicada a la administración financiera del sistema penitenciario federal derivada de la revisión a la Cuenta Pública 2020 resultó en un total de 14 recomendaciones, siete promociones de responsabilidad administrativa y tres pliegos de observaciones en los que en términos generales el órgano fiscalizador determinó que Prevención y Readaptación Social “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables” en cuanto a la contratación de servicios en materia del Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria.
Dentro de los probables quebrantos al erario se detectó el pago en exceso por más de 341 millones 367 mil pesos que en enero de 2020 se realizó a un proveedor del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 13 “Oaxaca”; otro por la cantidad de 435 millones 223 mil pesos referente al consumo de diésel en el Cefereso 15 de Chiapas en el que no se logró verificar dicho pago ni los rendimientos financieros generados desde la contratación hasta su reintegro, lo cual evidenció “carencia de controles para validar los comprobantes fiscales digitales que presentan los proveedores para amparar los pagos de servicios de los Centros Federales de Readaptación Social”.
Y un tercer caso fue en el que se calculó de un probable daño de 3 millones 919 mil 300 pesos derivado del pago en ese año del pago a una lista de proveedores de los Centros Federales de Readaptación Social 13 de Oaxaca, 14 en Durango, 15 de Chiapas, el Femenil Morelos número 16, así los Ceferesos 17 y 18 en Michoacán y Coahuila respectivamente, en los que se habría pagado el IVA aunque la contraprestación no estaba sujeto a dicho impuesto.
En cuanto a la Administración y Operación de los Centros Federales de Readaptación Social la auditoría de desempeño realizada por el equipo auditor dio cuenta que si bien en general se detectó que en los penales federales se implementó una estrategia para aprovechar la capacidad instalada, pues todos los Ceferesos no presentaron problemas de sobrepoblación o hacinamiento, las recomendaciones emitidas por la ASF se enfocaron en analizar las necesidades en cuanto a infraestructura y mantenimiento, la falta de una formación continua de capacitación del personal penitenciario, así como para el transparentar los resultados de la entrega de servicios como agua potable, alimentos, artículos de higiene personal y lavandería y demás servicios de limpieza a la población penitenciaria a fin de “cumplir con los criterios de transparencia y rendición de cuentas”.
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