El uso de energías limpias es una medida que ayuda a mitigar los efectos del cambio climático, pero su aplicación puede acarrear conflictos sociales, alertó el Panel Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que puso a México como ejemplo de lo que puede ocurrir si la transición hacia fuentes renovables no va acompañada de negociaciones transparentes, consultas incluyentes y beneficios compartidos.
Los expertos en clima de la ONU publicaron este lunes una guía dirigida a gobernantes y tomadores de decisiones con propuestas para frenar el calentamiento global. Entre las recomendaciones que se emitieron están incluir en los proyectos sustentables a los pobladores directamente afectados por los cambios en el aprovechamiento de los recursos naturales, principalmente la tierra.
El panel citó el caso de la industria eólica en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que se ha ido desarrollando en medio de desconfianza, violencia y tensión debido a la exclusión de las comunidades locales.
“La política de energía eólica se ha negociado entre las agencias estatales federales y las empresas eólicas, mientras que la administración local se ha dejado de lado en el proceso. Desde la década de 1990, los pobladores afectados no han sido informados por las dependencias federales o estatales de Oaxaca sobre el ‘corredor del viento’”, señala el panel al citar una investigación realizada por Maria Backhouse y Rosa Lehmann, y publicada en 2020 en el Journal of Land Use Science.
“La ausencia de discusiones con los vecinos sobre los Estudios de Impacto Ambiental, algo que en realidad exige la ley, ha fomentado la desconfianza y la incertidumbre de la comunidad”, señala el informe, el cual aconseja no sólo transparentar información con los pobladores, sino incluirlos en los beneficios económicos de los proyectos.
Tras recordar que el mundo tiene tres años para frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero y abandonar los combustibles fósiles, los expertos de la ONU llaman la atención a gobiernos, empresas y organizaciones sociales sobre la necesidad de democratizar la implementación de lo que llaman “nuevas fronteras renovables”.
En el caso mexicano, el estudio de Blackhouse y Lehmann advierte cómo se pueden descomponer las cosas sin un diálogo incluyente. “Organizaciones y asambleas locales con distintos niveles de apoyo dentro de las comunidades han cuestionado los beneficios económicos y criticado los impactos socioecológicos de los proyectos de energía eólica”.
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