Ante la realidad que nos rodea, como sociedad no hemos podido dejar de preocuparnos por los temas de seguridad, violencia y paz, justicia, entre otros. Últimamente, así como cada vez que hay elecciones, éstos son retomados y en el arranque de la nueva administración, la seguridad se ha convertido en un tema central para la discusión nacional. Muchos especialistas —y otros no tan especialistas, pero con muchos followers— han mostrado su interés de muchas maneras, ya sea en libros, ensayos, conferencias, tuits, o en discusiones de café. En esencia, se trata de la necesidad humana de poner término al estado de natural de guerra, al estado de barbarie inicial que caracterizaba a nuestros ancestros. Es esa gran aspiración de vivir en paz, lo que Max Scheler llama “el heroísmo tranquilo de la vida cotidiana”.
›Incluso, las últimas reformas legislativas a nivel constitucional son, en principio, para atender el problema de la falta de seguridad. Tanto la creación de la Guardia Nacional, como las reformas que aumentan la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, buscan hacer frente a la violencia que se vive.
Lo anterior ha generado diferencia de opiniones en los espacios de discusión y foros, en los que autoridades y sociedad civil no han logrado acordar cuál es la mejor manera de atender el problema. Por la naturaleza propia de las reformas, el punto de discusión fácilmente gira en torno a las fallas que se han detectado dentro de la policía y, a veces, del propio sistema de procuración de justicia.
Sin embargo, lo que se ha dejado fuera o que no está tan directamente en la mira, es el rol que han jugado los jueces, el que debieran jugar, o ambos, en la reinstauración del estado de paz en la sociedad. La decisión del juez no sólo debe ser conforme a la regla, sino oportuna, al alcance de cualquier ciudadano, de una manera clara y sencilla, permitiendo la comprensión de sus sentencias y, lo más importante, enseñar Derecho a través de casos, como lo planteó Christian Courtis en su artículo “La legitimidad del Poder Judicial ante la ciudadanía, aparecido en 2005 en la revista Nexos. Partiendo de la base de que son los jueces, no los legisladores, los verdaderos intérpretes del Derecho, el juez no puede ni debe cerrar los ojos ante el entorno político, ético y cultural.
De cierta forma, el Poder Judicial ha gozado de un privilegio institucional: Mejores sueldos, permanencia o continuidad en el empleo, dispensa de exámenes de control y confianza, por mencionar algunos. Este “privilegio”, por llamarle de alguna manera, se ha visto reducido al escrutinio de la sociedad a la hora de evaluar o encontrar culpables del problema de inseguridad. No se trata en estos momentos de ver si es merecido o no este “privilegio”, me gustaría tratar este tema en otro momento.
De los muchos diagnósticos que se han realizado en otras instituciones, hemos visto que los jueces no han sido objeto de evaluación de la misma forma que otros actores, en los que con frecuencia se concluye que son las policías las que están mal capacitadas, son corruptas y no conocen las leyes. Con mucho menor frecuencia se habla de que los jueces no están bien capacitados, que ellos tampoco son inmunes a la corrupción y que incluso, dicho problema se encuentra menos visibilizado dado que la corrupción en el sistema judicial es más difícil de percibir para un ciudadano común.
Es muy fácil, y lamentablemente no tan poco frecuente, ver a un policía solicitando “mordida”, porque es el ciudadano el que directamente interactúa con él. En menor proporción se puede observar esta conducta de un agente del Ministerio Público, y en mucho menor medida, de un juez. En la mayor parte de los casos que se llegan a judicializar, si bien hemos tratado de transitar a un sistema de justicia acusatorio y oral, al menos en materia penal, lo cierto es que, mayormente, el acercamiento a un juez es a través de un papel. Así, es posible que el ciudadano no se enfrente necesariamente directamente al juzgador y en su caso, sea a través de un abogado. Así ¿cómo puede percibir la corrupción judicial? Es mucho más difícil, y por lo tanto, aún más, visibilizarla y exhibirla.
›Si se pretende fortalecer el estado de derecho, el diagnóstico debe estar completo, donde el mayor reto es, y ha sido siempre, la materialización de las ideas y las leyes. Para restaurar la paz y el orden social, no se deben concentrar todos los esfuerzos en las fuerzas de seguridad, se tiene que echar una mirada a los procesos en manos del Poder Judicial.
“La actuación del Poder Judicial protege las libertades fundamentales y consolida las instituciones del Estado, particularmente en tiempos de cambio e incertidumbre. Por ello se dice que los poderes judiciales son los guardianes de las promesas democráticas”, como lo establecen José Antonio Caballero, José López Ayllón y Alfonso Oñate, en su texto “¿A dónde va la Reforma Judicial?”.
Hoy, en nuestro país, en nuestras instituciones, existe algo más que “cambio e incertidumbre”, por lo que es más que necesario voltear la mirada, y no desviarla, al Poder Judicial. Este es el último frente, después de él, la absoluta barbarie.
*Excomisionado Nacional de Búsqueda. Especialista en investigación y procuración de justicia.
